Por Antonio Rossi
El destino de las centrales hidroeléctricas patagónicas cuyas concesiones expiran entre 2023 y 2029 disparó el primer chispazo interno entre el ala dura del kirchnerismo y el equipo energético encabezado por la salteña Flavia Royón que responde a las órdenes del ministro de Economía, Sergio Massa. Sin esperar el informe final con las recomendaciones sobre los pasos a seguir que está analizando el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC) conformado a principios de año por la Secretaría de Energía, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén) salió al ruedo con la presentación de un proyecto de ley que apunta a retomar el manejo estatal de las usinas hidroeléctricas a medida que vayan venciendo las concesiones otorgadas en la época menemista.
Titular del Instituto Patria y principal vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Parrilli promueve que la empresa estatal Enarsa, que conduce el camporista Agustín Gerez, se haga cargo a partir del próximo año de la “administración, operación y explotación” de las centrales hidroeléctricas del Comahue que dejarán las actuales concesionarias privadas.
El proyecto fue acompañado con las firmas oficialistas de las senadoras Silvia Sapag (Neuquén) y Silvina García Larraburu (Río Negro) y los senadores Martín Doñate (Río Negro) y Carlos Linares (Chubut). El texto propone que Enarsa retenga, como mínimo, el 51% del control y dominio de cada usina y se asocie “con las provincias titulares del recurso hídrico bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan". Según esa cláusula, la Nación —a través de Enarsa— tendría que sumar al manejo y control de las represas a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Sin mayores precisiones y con el fin de amortiguar los eventuales cuestionamientos a la movida estatizadora, la iniciativa ingresada al Senado plantea que Enarsa “también podrá incorporar la participación del capital privado”.
Para justificar el retorno de los complejos hidroeléctricos a la órbita estatal, Parrilli esgrimió que “en el marco de un proceso de transición energética, resulta sumamente importante dotar al Estado Nacional de un instrumento eficaz para potenciar la inversión en fuentes primarias renovables, contribuyendo a la diversificación de nuestra matriz energética, a través de una asociación estratégica con las provincias titulares del recurso hídrico, de fuerte sentido federal y de la participación del sector privado, cuando se considere conveniente".
Pese a que hay 11 concesiones centrales hidroeléctricas que van camino a finalizar en el corto y mediano plazo, el proyecto de Parrilli abarca solo a seis. Se trata de El Chocón-Arroyito, que tiene una potencia instalada de 1.320 MW; Cerros Colorados-Planicie Banderita (450 MW), Alicurá (1.000 MW), Piedra del Águila (1.400 MW), Pichi Picun Leufu (261 MW) y Futaleufú (560 MW).
De manera llamativa, dejó al margen al resto de las usinas cuyos contratos de concesión también expiran en los próximos años: Los Nihuiles, Diamante, Río Hondo, Ullum y Tucumán.
En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur, que esta semana anunció la decisión de vender todos los activos energéticos que tiene en el país. El complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita es del fondo de inversiones Orazul, integrado por exejecutivos de Morgan Stanley. En la central Alicurá, la sociedad controlante se encuentra en cabeza del grupo norteamericano AES. Por su parte, Piedra del Águila está en manos de la compañía local Sadesa, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Pichi Picún Leufú tiene como concesionario al grupo Pampa Energía conducido por Marcelo Mindlin; mientras que Futaleufú está bajo el control de Aluar, de la familia Madanes Quintanilla.
Las centrales que quedaron en la mira fueron construidas entre 1972 y 1999 y se financiaron con créditos internacionales tomados por los gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recargos tarifarios específicos que aportaron usuarios y usuarias del servicio eléctrico de todo el país.
Embestida provincial
Desde el año pasado, los gobiernos de Neuquén y Río Negro vienen desplegando una serie de movimientos para quedarse con el manejo y la facturación de energía generada por las usinas de la región del Comahue. La ofensiva de Omar Gutiérrez y Arabela Carreras contempla la transferencia de esas centrales a las provincias y la creación de una nueva empresa estatal conjunta para asumir la operación y encarar la construcción de nuevos proyectos con las utilidades que deje la venta de energía al sistema eléctrico nacional.
Para contrarrestar esa embestida y retener la lapicera que definirá el futuro de la centrales, la administración de Alberto Fernández creó en marzo pasado el grupo de trabajo ETAHC, que tiene como tarea principal la realización de un “relevamiento integral del estado técnico, económico, jurídico y ambiental” que atraviesa cada una de las centrales” con el fin de definir la hoja de ruta más conveniente para la Casa Rosada.
Presidido por Royón e integrado con cuatro representantes de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, Cammesa, el ENRE y Enarsa; el ETAHC tiene plazo hasta marzo para elaborar y entregar el informe final sobre las concesiones que terminan en 2023 y un año más para completar los relevamientos de los contratos que vencen entre 2024 y 2026.
Si bien hasta ahora no se conoce oficialmente qué camino tomará el Gobierno, los indicios más serios que circulan en el ambiente energético señalan que la intención de Massa sería mantener la operación de las centrales en manos privadas mediante una nueva ronda de licitaciones internacionales.
Antes de poner en marcha los procesos licitatorios, el Gobierno y las empresas salientes deberán resolver la espinosa cuestión de los reclamos económicos que se han presentado contra el Estado por las medidas adoptadas en las últimas dos décadas, que alteraron las reglas originales de las concesiones y recortaron los ingresos tarifarios que estaban previstos en los contratos.
Según los números que barajan las concesionarias sobre la base de un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, esos reclamos en juego oscilarían entre los 500 y los 800 millones de dólares.
Nota Editada en LetraP
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