Por Antonio Rossi
Tras haber pasado casi tres años sin aumentos, las boletas de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) van camino al descongelamiento con un ajuste tarifario acumulado del 32% que se aplicará en dos etapas previstas para marzo y julio.
El nuevo esquema tarifario que impulsa la empresa conducida por Malena Galmarini -exdiputada bonaerense- fue elevado la semana pasada al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) de donde deberá salir un informe técnico y económico previo al llamado a una audiencia pública para tratar los aumentos.
Junto con los incrementos previstos para los usuarios de la Capital Federal y los 26 partidos bonaerenses que integran su área de concesión, la propuesta tarifaria mantiene la asistencia de los subsidios estatales para poder cubrir el 60% de sus gastos operativos.
También prevé continuar con el actual régimen de la tarifa social para unos 250.000 hogares con un presupuesto inicial de $ 1.052 millones que, en principio, debería ser cubierto con aportes provenientes del gobierno poreño de Horacio Rodríguez Larreta y la administración provincial bonaerense de Axel Kicillof.
La nueva estructura tarifaria de AySA -a la que tuvo acceso Letra P- se sustenta en tres puntos salientes:
-Un aumento del 20% en el denominado Coeficiente de actualización K a partir del 1 de marzo.
-Un segundo incremento tarifario del Coeficiente ” del 10% que entrará en vigencia el 1 de julio.
-Un ajuste del 32% promedio en los cargos por instalación de medidores, acceso a la red, corte de suministros y reconexiones de servicio.
En la documentación remitida el ente regulador, la titular de AySA destacó que la adecuación tarifaria “se ha formulado siguiendo las pautas recibidas del gobierno nacional y con fin de mitigar el creciente y significativo deterioro del financiamiento operativo del servicio mediante el esfuerzo compartido de los usuarios y el Estado concedente”.
Para justificar los cambios, sostuvo que “los actuales niveles tarifarios resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico ‐ financiero en el marco regulatorio (Ley 26.221), por cuanto los ingresos que pagan los usuarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios”.
Los técnicos de la empresa resaltaron que “si bien la propuesta implica un incremento de los ingresos, los mismos no resultan suficientes para el sostenimiento operativo del servicio, debiéndose considerar para ello aportes adicionales por parte del Concedente”.
En ese sentido precisaron que “además de los ajustes tarifarios propiciados, para lograr el equilibrio financiero resulta necesario que el Tesoro Nacional complete con transferencias el déficit no cubierto, incluyéndose los fondos que demande el programa de Tarifa Social en caso de que no obtenerse el financiamiento que debería aportar las autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires”.
Gastos y auxilio estatal
Al analizar el escenario proyectado para este año, estimaron que el nivel de los “gastos operativos” trepará a $ 91.645 millones, un 44% más que en 2021 debido a la incidencia de un arrastre del 16,3% de las variaciones de precios del año anterior, un incremento del 4% estimado en el nivel de actividad y la ejecución de planes de obras que se habían postergados por la pandemia.
Según los cálculos que hicieron en AySA, si los aumentos en danza se aplican en las fechas de marzo y julio, los ingresos tarifarios alcanzarían a un total anual de $ 36.347 millones. Con ese nivel de recaudación, la empresa estaría en condiciones de poder cubrir solo el 40% del total de sus gastos corrientes de 2022. De cumplirse esa hipótesis, los subsidios operativos que debería desembolsar el Estado para el funcionamiento de AySA rondarían los $ 55.300 millones anuales.
A eso se agregaría otra partida presupuestaria estatal de $ 69.144 millones para atender los “gastos de mantenimiento y mejora” en las redes e instalaciones que tiene programados la empresa para este año.
De esta manera, el auxilio total del Estado para que AySA pueda cubrir las pérdidas operativas y pagar las reparaciones y obras de mejora ascendería en 2022 a la suma de $ 124.442 millones.
La pelota del ajuste tarifario -que representa solo algo más de la mitad de la inflación registrada en 2021- quedó ahora en manos de los funcionarios del ERAS y de los integrantes de la Sindicatura de Usuarios del ente que deben elevar un dictamen sobre los cambios en juego. Después, el expediente seguirá camino al Ministerio de Obras Públicas de Gabriel Katopodis, quien deberá definir si convoca a audiencia pública o tira para atrás los aumentos agrandando el rojo fiscal con más subsidios para AySA.
Nota Editada en LetraP
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