Por Antonio Rossi
Con una polémica movida que promete generar chispazos con el área energética nacional que está bajo la órbita del ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pretende manotear el negocio de la distribución de gas en la provincia que opera una concesionaria nacional para transferirlo a una empresa estatal local.
Horas antes de emprender una gira por Singapur y Vietnam con representantes del empresariado y del funcionariado de las provincias que integran la Región Centro, Bordet suscribió el decreto 3912 por medio del cual dispone unilateralmente la “revocación” del contrato de concesión vigente con la gasífera privada Gas NEA y le solicita al Enargas que proceda a nombrar como nueva licenciataria del servicio a la estatal Compañía Entrerriana de Gas S.A. (CEGSA).
Si bien las primeras reacciones remarcaron que se trata de un “gesto político para la tribuna que carece de un sustento legal sólido”, la jugada del gobierno entrerriano implica un doble e inesperado desafío tanto para el ente regulador conducido por el abogado kirchnerista Osvaldo Pitrau como para la secretaría de Energía controlada por la massista salteña Flavia Royón, quienes ahora deberán hacer frente a la movida estatizadora de Bordet.
Mientras siguen con atención los movimientos de la provincia, las restantes distribuidoras de gas que dependen del gobierno nacional y varios especialistas del sector coinciden en señalar que la administración de Alberto Fernández tendría que salir rápidamente al ruedo para rechazar la medida y ratificar las reglas de juego del negocio gasífero que rigen a nivel nacional.
Consideran que, si no hay una respuesta clara y definitiva, el avance entrerriano podría convertirse en un leading case que habilitaría a otras autoridades provinciales a seguir el mismo camino para segmentar las concesiones nacionales y transferir la operación y prestación del servicio gasífero a sus propias empresas provinciales de energía.
Para justificar la revocación de la concesión de Gas NEA, el gobierno de Entre Ríos puso como argumentos la existencia de “visibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por la firma distribuidora y el quebrantamiento de la ecuación económica del contrato”. El decreto firmado por Bordet menciona –sin identificar quién la hizo— que “una auditoría determinó que la distribuidora no realiza un mantenimiento adecuado de las obras de infraestructura gasífera que realizó la provincia con fondos propios; que llevó a cabo una deficiente política comercial en comparación con otras distribuidoras del país y que carece de un plan de negocio, por lo que sólo ha logrado la conexión de la mitad de los usuarios potenciales”.
Agregó, además, que Gas NEA “no ha expandido el servicio a las demás provincias de la Región Novena; se ha presentado en dos oportunidades en concurso preventivo y que el Enargas promovió acciones tendientes a la revocación de su licencia debido a que no cumplió las inversiones obligatorias comprometidas”.
Tras disponer la revocación en el ámbito provincial de la concesión de Gas NEA, el decreto establece que se notifique la medida al Enargas y se solicite a ese organismo nacional “la habilitación provisoria para que la Compañía Entrerriana de Gas S.A. se haga cargo de la prestación del servicio”.
Con el decreto en la calle, el Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, salió a meterle presión al ente regulador. “Una vez que reciba el decreto, el Enargas resolverá la cuestión en un plazo determinado para garantizar la prestación del servicio. Quien concede la licencia para distribuir el gas es el Enargas y por lo tanto deberá disponer quien prestará el servicio con la debida garantía”, apuntó Rodríguez Signes.
Retruco y descargo
Por su parte, la conducción de la empresa retrucó los supuestos incumplimientos endilgados por la provincia y aseguró que cuenta con “un patrimonio adecuado y suficiente a los fines de solventar la prestación del servicio”.
La distribuidora gasífera –cuya concesión nacional abarca también las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones– es piloteada desde 2013 por un grupo empresario local que también controla las transportistas eléctricas regionales del NOA y NEA y que logró sacar a la empresa de la convocatoria de acreedores que había heredado de la anterior sociedad controlante que encabezaban Alejandro Urtubey, hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF).
Tras advertir que acudirá a todas las instancias administrativas y legales para defender sus derechos, la directiva de Gas NEA destacó que “se cumplió con creces con las inversiones comprometidas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017, pese a la interrupción registrada en los mecanismos de actualización tarifaria”. La compañía añadió que, a contramano de lo que dice la provincia, en la última década se registró un incremento del 62% de la cantidad de clientes y no existe ningún trámite, ni expediente del Enargas tendiente a revocar la concesión.
Además de Gas NEA, que presta el servicio de distribución en la mayor parte del territorio provincial, el negocio gasífero en Entre Ríos tiene otras dos jugadoras destacadas.
Una de ellas es Redengas SA, empresa privada que se encarga del suministro gasfiero como subdistribuidora en la capital provincial de Paraná y tiene como accionista mayoritario a Holding Intergas, de capitales italianos. La otra es la empresa estatal provincial CEGSA, la actual operadora del Gasoducto Troncal Entrerriano que construyó la provincia y a la cual ahora Bordet busca anexarle los servicios de distribución de Gas NEA.
Nota Editada en LetraP
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