Por Antonio Rossi
Tras haber celebrado la aprobación del FMI al acuerdo que permitió refinanciar la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri y el arribo de US$ 9.650 millones para apuntalar las menguadas reservas del Banco Central, a la administración de Alberto Fernández se le viene encima una semana picante en materia energética. La apertura de ofertas de dos licitaciones relevantes previstas para el martes y jueves próximos pondrá sobre el tapete tres cuestiones clave: cuántos dólares adicionales se van a necesitar para pagar las importaciones de gas por barco; qué garantías de entregas ofrecerán las compañías proveedoras para no tener que implementar cortes a las industrias cuando afloren las bajas temperaturas y qué pasará con la obra del nuevo gasoducto de Vaca Muerta que el Gobierno prometió tener terminado antes del invierno de 2023.
A cargo de la estatal IEASA comandada por el camporista Agustín Gerez, la primera de las dos licitaciones en curso apunta a la importación de seis buques de GNL destinados a la planta regasificadora de Escobar y otros tres cargamentos para la terminal flotante instalada en Bahía Blanca que se deberán entregar a partir de mediados de mayo.
Tras haber demorado más de la cuenta los pedidos de cotizaciones que años anteriores se efectuaban entre enero y febrero, las autoridades energéticas enfrentan ahora un mercado mundial de combustibles sumamente inestable y volátil por la invasión rusa a Ucrania, lo cual plantea una marcada complicación a la hora de acceder a los suministros de GNL que se requieren para atender las mayores demandas residenciales e industriales del período invernal que no se pueden cubrir con la producción gasífera local y los despachos que llegan de Bolivia.
A mediados de enero, cuando todavía Vladimir Putin no había avanzado sobre el territorio ucraniano, IEASA salió a tantear a los proveedores de GNL con una sola compra testigo para la terminal de Escobar, por la cual pagó un precio de u$s27,24 por millón de BTU (MBTU), muy lejos de los u$s8 por MBTU promedio de 2021 y 3,52 dólares más caro que el promedio de u$s23,72 por MBTU que había calculado gastar en ese momento.
Para las nueve cargas de mayo que están en danza, en Energía estiman que el precio podría rondar los U$S 35 por MBTU. Las consultoras privadas del sector son más escépticas y no descartan que se presenten ofertas con valores que oscilen entre los US$ 40 y 45 por MBTU. Según las proyecciones oficiales, el país tendrá que atender el 18% de la demanda de gas del período invernal con la provisión de GNL. Para eso deberá adquirir un paquete total de 70 barcos de GNL, 14 más que los contratados el año pasado.
En 2021 se destinaron unos U$S 1.100 millones para hacer frente al pago de las importaciones de GNL. Para este año, las estimaciones actuales indican que los cargamentos de ese combustible podrían implicar un desembolso que oscila entre los U$S 4.500 y U$S 6.500 millones, que deberán salir de la limitada alcancía de dólares del Banco Central.
Junto con la incógnita por los precios, la licitación de la primera tanda de GNL presenta otras dos aristas que generan incertidumbre. La primera se refiere a la cantidad de cargas que dispondrán los principales proveedores mundiales que actualmente tienen sus focos puestos en atender las mayores demandas provenientes de los mercados asiáticos y europeos. La segunda cuestión pasa por los incumplimientos de las entregas pactadas que se vienen registrando con algunas traders que deciden pagar las multas previstas en los contratos para desviar las cargas a otros destinos donde venden el GNL a precios más elevados.
Tuberías y fideicomiso incompleto
La segunda licitación que concentra la atención esta semana es la correspondiente a la compra de las tuberías de la primera etapa del nuevo gasoducto Presidente Néstor Kirchner (PNK) destinado a ampliar la capacidad de transporte de gas natural desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta los centros de mayor consumo ubicados en la región metropolitana y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
En este caso, lo que está en juego es la provisión de casi 670 kilómetros de caños para el tramo que va de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires), que permitirá incrementar en 24 millones de metros cúbicos diarios el despacho de gas desde la cuenca neuquina hacia las zonas de mayor demanda.
Para afrontar la inversión inicial del gasoducto y un bloque de obras complementarias en el AMBA, el Gobierno estructuró un fideicomiso que se nutrirá con partidas presupuestarias y una parte del impuesto a la riqueza del año pasado.
Al igual que los cargamentos de GNL, la adquisición de las cañerías de la megaobra también se encuentra tocada por las derivaciones económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania que han disparado tanto los precios de los insumos y los costos de producción, como los gastos portuarios y navieros que impactan en el transporte marítimo.
Piloteada también por IEASA, que denegó los pedidos de prórroga de varios oferentes, la pelea de fondo se daría entre la empresa local Tenaris, controlada por Techint, y los grupos chinos Gezhouba, Sinopec y CNPC.
En el caso de Techint, la cúpula directiva llega a la licitación bastante magullada por el reciente pedido de prisión de cuatro años y seis meses que la fiscal italiana Donata Costa ha solicitado para el CEO del grupo, Paolo Rocca, y otros dos integrantes de la familia dueña de la empresa por el supuesto pago de sobornos a la brasileña Petrobras.
Más allá de lo que pueda pasar con los precios de los caños, lo que preocupa a las empresas oferentes es la demora que arrastra la conformación del fideicomiso de donde saldrán los recursos para pagar el gasoducto.
Los números oficiales blanqueados por el titular de Energía, Darío Martínez, en la explosiva carta enviada la semana pasada al ministro de Economía, Martín Guzmán, indican que al fideicomiso del gasoducto ingresó solo una quinta parte de los casi US$ 600 millones que deberían haber llegado del impuesto a la riqueza.
Nota Editada en LetraP
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