Por Antonio Rossi
Mientras espera que salgan a la luz las demoradas resoluciones oficiales que aún faltan para poder aplicar el nuevo esquema de segmentación tarifaria que rige desde la semana pasada, Edesur—la mayor distribuidora en cantidad de usuarios del país controlada por el grupo italiano Enel—salió a abrir el paraguas y a plantear de manera indirecta y sutil sus primeros cuestionamientos contra las medidas adoptadas para el negocio eléctrico por la secretaria de Energía, Flavia Royón.
Por medio un destacado aviso en los principales medios gráficos nacionales, la empresa eléctrica-- que presta servicios a más de 2,5 millones de clientes de la Capital Federal y la zona sur del Gran Buenos Aires-- dejó en claro que los fuertes aumentos que se facturarán hasta enero y que van camino a superar el 200% irán a parar íntegramente al Estado porque verá reducido los subsidios que destina a los generadores y transportistas de sector y porque la mayor facturación también engrosará sus ingresos provenientes de la carga impositiva que tiene el suministro eléctrico.
Bajo el interrogante de "qué pagás cuando pagás la factura de Edesur", los avisos destinados a sus clientes destacaron que la empresa "no recibe subsidios" y que sólo 22% del total de las boletas queda en su caja. El 51% se lo lleva el costo de la energía y el 27% restante corresponde a impuestos.
Con ese mensaje, la compañía eléctrica buscó anticiparse a las quejas que sobrevendrán de los usuarios cuando comiencen a recibir las facturas con aumentos y reforzar el pedido elevado a las autoridades energéticas para que ajusten el denominado "Valor Agregado de Distribución" (VAD) con el fin de poder actualizar sus ingresos operativos con los cuales debe afrontar el pago de los sueldos, el mantenimiento de las redes y las obras e inversiones previstas dentro de la concesión.
Edesur, a la expectativa de la revisión tarifaria
Más allá del pedido de actualización del VAD, lo que más preocupa a la cúpula local del grupo Enel que encabeza Claudio Cunha es la cada vez más firme posibilidad de que el ministro de Economía, Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández dejen en suspenso la "Revisión Tarifaria Integral" (RTI) que, en los papeles, debería estar aprobada antes del 1 de enero del próximo año.
La RTI—prevista en el DNU 1020/2020—contempla básicamente la definición de los programas de mantenimiento, el plan de inversiones para sumar más usuarios, los niveles de calidad del servicio y los ajustes e ingresos tarifarios que deberían tener las distribuidoras en un período contractual de 5 años.
A menos de cuatro meses de que expire el plazo fijado para la aprobación de las RTI, ninguna las distribuidoras eléctricas de la región metropolitana—Edesur y Edenor-- han sido convocadas por los funcionarios de Energía y del ENRE para empezar a analizar los alcances de los nuevos marcos contractuales y tarifarios que tendrían que regir desde el comienzo del próximo año y hasta finales de 2027.
Por ahora, el silencio y falta de señales oficiales que existe sobre las RTI mantienen expectantes a los dueños mayoritarios de Edesur que temen que, otra vez, por el clima electoral que se avecina para el próximo año vuelva a patearse para adelante la normalización de los contratos eléctricos.
El nuevo interventor del ENRE preocupa a Edesur
Otro aspecto que subyace detrás de la movida de Edesur es el malestar interno que provocó en el directorio de la empresa la designación del nuevo interventor del ENRE.
En remplazo de la camporista Soledad Manin que estaba bajo las órdenes del ex subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; Massa nombró a Walter Martello, un fuerte crítico de la gestión de Edesur que ha reclamado en varias ocasiones su estatización por los cortes de servicios registrados en el Conurbano bonaerense.
Ex concejal del partido de Esteban Echeverría, Martello fue uno de los fundadores del ARI en 2002 junto con Elisa Carrió. En 2005 alcanzó una banca en la Cámara de Diputados bonaerense, donde llegó a ser vicepresidente. En 2013 se separa políticamente de Carrió y se suma al Frente Renovador de Sergio Massa.
Con el apoyo del massismo logró llegar en 2016 al cargo de titular adjunto de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Desde ese puesto se dedicó esencialmente a tratar las cuestiones vinculadas con las empresas de servicios públicos, sumándose a la ofensiva de los principales intendentes justicialistas de la zona sur del Conurbano que desde hace varios años vienen reclamando la quita de la concesión a Edesur por la deficiente prestación del servicio eléctrico.
Las primeras declaraciones de Martello no pasaran inadvertidas y dejaron más que intranquilos a los directivos de Edesur.
Entre otras aseveraciones, el flamante interventor del ENRE sostuvo que "tenemos una mirada pro-usuario muy profunda y desde hace varios años vengo cuestionando la deficiente prestación del servicio y los balances de las empresas eléctricas".
Agregó, además, que "en muchos casos, los reclamos de los usuarios y usuarias ni siquiera son escuchados y se incumplen sus derechos" y que "las empresas deberán entender que no se puede marchar hacia tarifas de primer mundo con servicios de tercer mundo".
Aunque no lo reconozcan en público, puertas adentro de Edesur no descartan que ahora Martello busque posicionarse políticamente de cara a las elecciones del próximo año y salga con los tapones de punta contra la empresa cada vez que se presente un problema con el suministro eléctrico.
Una cuestión clave que a Edesur la deja mal parada
Más allá de sus planteos económicos y el nerviosismo que generó el desembarco del nuevo interventor del ente de control, subsiste una cuestión clave que Edesur mantiene tapada y que la deja mal parada.
Se trata de la millonaria deuda que arrastra con la Cammesa por facturas impagas de la energía que recibe el mercado eléctrico mayorista. Según las últimas planillas oficiales disponibles, la Cammesa tiene un paquete de deudas por cobrar a las distribuidoras eléctricas superior a los $430.000 millones. Y en la lista de las más morosas, el primer puesto lo ocupa Edesur con un rojo que ronda los $100.000 millones de pagos atrasados.
Fuente: iProfesional
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