Por Antonio Rossi
Los funcionarios energéticos de la administración de Alberto Fernández identificados con el kirchnerismo y el Instituto Patria tienen una visión sesgada y parcial a la hora de comunicar las medidas que implementan.
En medio de los masivos cortes de suministro eléctrico que afectan desde hace varios días a los usuarios residenciales de Edesur, la intervención del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) que encabeza Soledad Manin salió al ruedo con un comunicado de prensa que da cuenta de la aplicación de una fuerte sanción a la distribuidora eléctrica que controla el grupo italiano ENEL.
Según el primer comunicado del año del organismo regulador, Edesur fue penalizada con dos multas que totalizan casi 240 millones de pesos por la deficiente prestación del servicio a sus clientes que tiene en su área de concesión.
La información oficial consignó que, por un lado, la distribuidora recibió una sanción económica de 105.514.298 de pesos por haber incumplido en un 46,12% el deber de informar las interrupciones de suministro respecto a la "calidad de servicio técnico".
Por otro lado, el ENRE señaló que Edesur también fue castigada con una multa equivalente a 133.773.720 pesos por los "incumplimientos de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión respecto del trato digno a las personas usuarias".
De acuerdo con el parte de prensa del organismo de control "para el análisis y posterior sanción se tuvieron en consideración los reclamos iniciados por las personas usuarias, los informes presentados por la distribuidora y los resultados obtenidos en las inspecciones efectuadas de oficio por personal del ENRE a fin de corroborar la atención".
Planteada de esa manera y sin referencia temporal al período en juego, la primera interpretación de esa información oficial que quedó flotando en el aire fue que los reguladores actuaron con rapidez y energía para poner en caja a la empresa eléctrica que estaba brindando un servicio deficiente.
Esa imagen positiva del accionar del ente--que buscaron instalar desde la intervención que responde directamente al Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo-- se derritió por completo al revisar la letra chica de las resoluciones que dieron sustento a las sanciones
Según la resolución 1/2022 del ENRE, la multa por la deficiente e inadecuada atención a los usuarios en las oficinas comerciales corresponde al período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2018 y no a los últimos días de 2021.
En tanto, la resolución 2/2022 dejó en claro que la sanción por "el incumplimiento del relevamiento y procesamiento de las interrupciones de tensión" se remonta al semestre transcurrido entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de agosto del mismo año.
En este caso, además de la llamativa antigüedad del período sancionado, el monto de la multa aplicada que aparece en la resolución de 45.444.315 de pesos no coincide la suma de 105,5 millones de pesos que figura en el comunicado del ENRE.
Junto con este cuestionable inicio del año en el terreno informativo, la intervención del ente eléctrico no perdió tiempo para asegurarse los fondos que necesitará para funcionar en 2022.
Caída la partida que estaba prevista en el proyecto de Presupuesto que naufragó en Diputados, el ENRE—por medio de la resolución 352/2021 del 31 de diciembre pasado—procedió a prorrogar la suma recibida el año pasado y fijó para 2022 un total de ingresos de 1.106 millones de pesos que deberán aportar los agentes del sistema eléctrico como "tasa de fiscalización y control" mediante el pago de tres cuotas anuales.
Fuente: Transporte y Energía
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