Por Antonio Rossi
La puesta en marcha de la segmentación tarifaria y quita de subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas se asemeja bastante a la recordada movilización de los tanques y la tropa del General Ernesto Alais durante la rebelión carapintada de 1987. Tras la orden impartida por el entonces presidente Raúl Alfonsín para trasladarse desde Entre Ríos a Campo de Mayo para repeler la asonada encabezada por Aldo Rico, el General Alais se movió a paso de tortuga y de tan lento que fue su desplazamiento terminó llegando muy tarde y cuando el conflicto ya se había superado.
Algo similar sucede con la implementación del nuevo esquema de reducción de subsidios y ajustes tarifarios en las facturas de luz y gas que la administración de Alberto Fernández acordó con el FMI en medio de una fuerte disputa interna con los funcionarios kirchneristas del área energética.
Doce días después de haber aprobado por medio del decreto 332 el "marco normativo" del nuevo régimen tarifario, la Secretaría de Energía -que comanda el neuquino Darío Martínez- recién salió a "reglamentar las funciones y tareas" de las dependencias y organismos oficiales que deben llevar adelante los cambios en juego.
Lo hizo a través de la resolución 467, donde la Secretaría de Martínez -en su carácter de "autoridad de aplicación" del sistema segmentado de tarifas energéticas- procedió a "delegar y a instruir" a las segundas líneas de mando las distintas acciones previstas para "revisar la incidencia distributiva de los subsidios a los servicios públicos de forma tal que se cumpla con los principios de equidad y solidaridad".
Segmentación de tarifas: qué dice la nueva reglamentación
La resolución reglamentaria presenta dos datos salientes.
Por un lado, descarga prácticamente toda la responsabilidad operativa del nuevo régimen tarifario en la Subsecretaría de Planeamiento Energético comandada por Santiago López Osornio, el único funcionario del staff de Energía que responde directamente al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y, por otro lado, no fija plazos, ni tiempos concretos para el reempadronamiento que deben realizar los usuarios y tampoco para la entrada en vigencia de las modificaciones tarifarias y la anunciada supresión de subsidios a los usuarios de mayores ingresos.
De acuerdo con la letra chica de la resolución 467, la Subsecretaría de López Osornio tendrá a su cargo las siguientes atribuciones y tareas:
Establecer los procedimientos tendientes a identificar la capacidad de pago de los usuarios de los servicios de electricidad y de gas natural de todo el país.
Poner en funcionamiento el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y confeccionar los padrones de beneficiarios, a partir de la información que se obtenga de las declaraciones juradas que deberán complementar los usuarios en el sistema digital que disponga la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Instrumentar y gestionar de manera integral el flujo de información en relación directa con los organismos que serán su fuente de información, sus usuarios y quienes la enriquezcan y complementen.
Definir los mecanismos y acreditaciones necesarios para que los inquilinos puedan adquirir la condición de "Usuario o Usuaria Residencial del Servicio".
Traspaso de responsabilidades
A su vez, Martínez le transfirió a la Subsecretaría de Coordinación Institucional -piloteada por Guillermo Usandivaras, quien llegó a ese puesto de la mano del Jefe de Gabinete, Juan Manzur- la responsabilidad de "proyectar y promover la suscripción de convenios con las jurisdicciones y entes reguladores provinciales y municipales con el fin de establecer el alcance nacional de la segmentación de subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas natural".
Esos convenios servirán para que los organismos de control y las autoridades provinciales informen el segmento correspondiente a cada suministro a las distribuidoras y cooperativas que prestan los servicios de luz y gas, quienes deberán utilizar esos datos para realizar la facturación correspondiente que refleje la categoría especifica contenida en el RASE gestionado por López Osornio.
Con respecto a los entes reguladores nacionales -el ENRE, a cargo de la camporista Soledad Manin, y el Enargas, manejado por el especialista K y vocal del Instituto Patria, Federico Bernal-, la resolución establece que, en sus nuevos roles de "Unidades Operativas de Implementación", deberán "desarrollar todas las acciones que disponga la subsecretaría de Planeamiento Energético".
Qué deberán hacer las distribuidoras de servicios
A su vez, las distribuidoras eléctricas y gasíferas deberán ponerse a la orden de López Osornio y recabar toda la información de los usuarios que les sea requerida para el armado y procesamiento del RASE.
Además, las distribuidoras y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) –que preside la camporista Fernanda Raverta– deberán habilitar sus oficinas para la atención presencial facilitando la carga digital de aquellas personas que no tengan acceso a la tecnología digital.
Como dato novedoso, la resolución deja la puerta abierta para que Planeamiento Energético disponga que otros organismos o instituciones se sumen a "la atención personalizada y gratuita" de los usuarios que no puedan tramitar su inscripción en el RASE por la vía digital.
Lo que no aparece aclarado, ni detallado con precisión en la norma reglamentaria son las fechas y los tiempos en que debería estar operativo el RASE y desde cuándo comenzarían a recortarse los subsidios a los usuarios de mayor poder económico.
Como única referencia, uno de los artículos de la resolución señala que "la Subsecretaría de Planeamiento Energético-- con previa intervención de las áreas competentes de la Subsecretaría de Energía Eléctrica y de la Subsecretaría de Hidrocarburos--establecerá un mecanismo gradual de asunción plena del costo del componente de energía eléctrica en tercios bimestrales. Y, en el caso del gas, ese costo no podrá ser superior al promedio de todas las regiones".
Fuente: iProfresional
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