Por Antonio Rossi
La sorpresiva renuncia presentada por Antonio Pronsato, el timonel de la Unidad Ejecutora Técnica de la estatal Enarsa encargada de llevar adelante el proyecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que quedó en el centro de la interna oficial por la operación de prensa que le costó el cargo al ahora exministro Matías Kulfas, dejó sobrevolando en el ámbito energético una doble conjetura que se contrapone con la visión positiva que ha buscado instalar el “relato oficial” con el fin de contrarrestar el daño colateral generado por el portazo del exfuncionario. La principal conclusión es que las obras demandarán mucho más tiempo que el que establece el mandato del presidente Alberto Fernández y no llegarán al invierno de 2023.
En primer lugar, las empresas del sector y las constructoras que apuntan a competir por las obras del gasoducto consideran que el Gobierno perdió a uno de los pocos especialistas del kirchnerismo que más experiencia y conocimiento tiene en materia de planificación y ejecución de grandes proyectos de infraestructura gasífera.
El retiro de Pronsato, junto con otros tres técnicos que integraban su equipo dentro de Enarsa, plantea como principal interrogante quién se hará cargo a partir de ahora de la conducción ejecutiva del gasoducto y de la resolución de los innumerables problemas técnicos y administrativos que se van a presentar una vez que empiecen los trabajos.
En segundo lugar, las demoras que arrastran las distintas licitaciones diseñadas para las obras y la lentitud administrativa que afecta a los expedientes no dejan prácticamente ninguna chance de que la obra pueda estar habilitada y en servicio antes del próximo invierno, tal como vienen prometiendo los funcionarios de Energía y la profusa publicidad oficial de las últimas semanas.
Los pronósticos privados más optimistas indican que, al paso que viene la agenda oficial, el inicio de la construcción del gasoducto recién se daría en las primeras semanas de setiembre. A partir de ahí se requieren no menos de 15 meses de trabajos para poder montar la totalidad de las redes de cañerías, válvulas, compresoras y el sistema operativo del gasoducto. De esta manera, la única obra emblemática de infraestructura energética que tiene en carpeta la administración de Fernández recién podrá quedar terminada en los primeros meses de gestión del próximo gobierno que desembarque en la Casa Rosada.
El gasoducto está destinado a aumentar la capacidad de transporte de gas natural desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta los centros de mayor consumo de la región metropolitana del AMBA y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
En la primera etapa, el nuevo gasoducto, que irá de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires), permitirá transportar 24 millones de metros cúbicos adicionales por día y demandará una inversión que oscila entre los US$ 1.300 y 1.500 millones. En una segunda etapa, se prevé incrementar la capacidad de transporte a 40 millones de metros cúbicos diarios con un paquete de obras valuadas entre US$ 1.200 y US$ 1.500 millones.
Para el pago de las obras, el Gobierno armó un esquema financiero alimentado con recursos presupuestarios y una porción de los ingresos recaudados por el impuesto a la riqueza.
Tras haberlo prometido durante la campaña electoral de 2019, el Gobierno recién puso en marcha el actual esquema licitatorio del gasoducto a principios de este año. Durante 2021, el secretario de Energía, Darío Martínez, perdió casi ocho meses esperando que se hiciera realidad el fallido acuerdo que había firmado con las compañías chinas Shanghai Electric y PowerChina. Esas empresas iban a encargarse de los estudios técnicos, la construcción y la financiación de las obras con créditos de bancos chinos, pero nada de eso llegó a buen puerto.
Luego de optar por el armado de varias licitaciones por separado en lugar de una contratación “llave en mano” a un solo consorcio constructor, la conducción de Enarsa fue a buscar a Pronsato para que tomara las riendas del proyecto en febrero de este año.
Exgerente del grupo Camuzzi en el inicio de la privatización gasífera en los años 90; exinterventor del Enargas entre 2005 y 2015 y de estrecha amistad con el exministro de Planificación Julio De Vido; Pronsato es reconocido en el sector como un hombre de palabra y con una elevada capacidad técnica que no abunda en el funcionariado y en el nivel gerencial a cargo de las áreas energéticas del Gobierno.
De pocas pulgas y desacostumbrado a las demoras burocráticas y al corrimiento de los plazos fijados de antemano, la partida de Pronsato se produjo tras varios cortocircuitos con la cúpula de Energía.
Entre las principales razones estarían las recurrentes demoras en la toma de decisiones, el atraso en la tramitación de las expropiaciones y las servidumbres de paso que requiere el proyecto y los obstáculos que ha venido poniendo el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires a la hora de otorgar los permisos ambientales para las obras en el interior bonaerense.
Hasta ahora, la única licitación cerrada y adjudicada del gasoducto es la correspondiente a la provisión de las cañerías. Con una sola oferta de US$ 436 millones, quedó para SIAT-Tenaris, la empresa del grupo Techint que la vicepresidenta Cristina Kirchner puso en la mira por los dólares que pidió para la importación de los caños y por el reciente pago de una multa de US$ 78 millones al gobierno de Estados Unidos para zafar de una investigación por sobornos en marcha.
Desfasadas del cronograma original que indicaba que iban a estar adjudicadas a fines de abril, aún se encuentran bajo análisis las ofertas que se recibieron en las licitaciones para la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termo contraíbles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos necesarios para el montaje del gasoducto.
Queda pendiente la licitación más relevante referida a la ejecución de las obras civiles. Los pliegos se terminaron de redactar contrarreloj y el viernes por la tarde Enarsa dejó abierto oficialmente el proceso licitatorio.
El paquete de obras por "los servicios de ingeniería, la provisión de materiales y la construcción de las obras" de la primera etapa del gasoducto quedó dividido en cinco bloques y las empresas interesadas deberán arrimar sus cotizaciones el 8 de julio. Entre las que ya dieron señales de que se subirán al ring licitatorio se encuentran Techint, Sacde (del Grupo Mindlin), Contreras, Panedile, BTU, Helport (Eurnekian), Roggio, Decavial y CPC de Cristóbal López.
Nota Editada en Letra P
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