Por Antonio Rossi
La administración de Alberto Fernández sumó un nuevo traspié en la errática y cambiante política que viene desplegando desde diciembre de 2019 en el manejo y control de la hidrovía Paraguay-Paraná, la principal vía navegable del país por donde se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores. Jaqueada por una impugnación que amenazaba terminar en la Justicia y tras varias semanas de discusiones internas sobre el rumbo a seguir, la Administración General de Puertos (AGP) resolvió dar de baja la licitación corta del dragado que tenía en curso y efectuar una nueva convocatoria con otras reglas de juego para evaluar los antecedentes y las propuestas técnicas de las empresas oferentes.
Junto con la decisión de barajar y dar de nuevo, el organismo portuario conducido por el santacruceño José Beni procedió a extender el contrato vigente desde septiembre pasado con la Compañía Sudamericana de Dragados (CDS) del grupo belga Jan de Nul, que tiene a su cargo las obras temporarias de dragado destinadas a garantizar las condiciones de navegabilidad de la hidrovía.
Tal como anticipó Letra P, la caída de la licitación corta del dragado era una de las dos opciones que tenía en carpeta la AGP para salir del pantano legal en que había ingresado el llamado licitatorio donde tres de los cuatro grupos que presentaron ofertas habían sido descalificados por la comisión evaluadora que dejó en carrera solo a la dragadora local de Jan de Nul.
La anulación del proceso licitatorio del dragado llegó por medio de la resolución 38 de la AGP, en la cual las autoridades portuarias reconocieron los errores cometidos y admitieron implícitamente los argumentos de la impugnación formal que llevó adelante el consorcio de Rodhe Nielsen y Emepa SA.
Tras señalar que “del análisis de las intervenciones de las áreas técnicas surge que las presentaciones e impugnaciones se basan en interpretaciones divergentes en torno al alcance del pliego de bases y condiciones”, la resolución firmada por Beni destacó que “al quedar una sola propuesta en condiciones de ser precalificada, se ha visto acotado el grado de participación real y efectiva, frustándose así la posibilidad de conocer mayor cantidad de ofertas económicas”.
Ante esa situación, la AGP estimó que resulta “oportuno y conveniente dejar sin efecto el presente llamado y convocar un nuevo procedimiento selectivo de ofertas con el mismo objeto, previo ajuste de las bases y condiciones que habrán de regir la compulsa procurando un acortamiento de los plazos”.
Como anticipo de la nueva licitación que debería estar en la calle en un plazo de 20 días, la resolución de la AGP puntualizó que “teniendo en cuenta la vital importancia del transporte fluvio-marítimo para el comercio exterior y su incidencia en la balanza comercial, corresponde ponderar la experiencia de los proponentes en la ejecución de obras de dragado en ámbitos de similares características”. De esta manera, los funcionarios portuarios avisaron de antemano que los antecedentes técnicos y empresarios de los oferentes tendrán un rol clave “a los fines de garantizar la elección del cocontratante que ejecute correctamente los trabajos que se liciten en función de la complejidad y extensión territorial de las obras”.
Manejo estatal
Luego de hacerse cargo en septiembre pasado del corredor navegable y del cobro de los peajes, la AGP resolvió contratar en forma directa y por un plazo inicial de 90 días a las dos empresas que conformaban la operadora saliente, Hidrovía S.A. Por un lado, le dio las obras de dragado a CDS y, por otro, dejó el sistema de balizamiento en manos de la local Emepa.
Después de esa movida, el ente portuario estatal puso en marcha las denominadas “licitaciones cortas” con el fin de adjudicar los trabajos de dragado y balizamiento por un plazo inicial de nueve meses.
En el caso del dragado, la pelea licitatoria por el contrato de nueve meses de obras que tenía asignado un presupuesto oficial de US$ 97 millones se dio entre cuatro grupos oferentes: CSD-Jan de Nul; Boskalis; Rodhe Nielsen- Emepa y el consorcio integrado por Dredging International, CCCC Shangai Dredging y la local Servimagnus.
A principios de febrero, un dictamen de la comisión evaluadora de las ofertas había dejado a CSD como la única habilitada para pasar a la segunda instancia clave de apertura de la propuesta económica y eventual adjudicación del contrato. Según la ponderación oficial, los otros tres consorcios quedaron descalificados por no haber cumplido con la totalidad de los capítulos y puntos específicos que exigían los pliegos licitatorios.
Boskalis fue descalificada por no cumplir con los siguientes ítem: Plan de Trabajos y Memoria Descriptiva, Listado de Personal, Curriculum Vitae de Profesionales y Técnicos, Disponibilidad de Equipos, Información Técnica y Competencia Técnica. En el caso de Rodhe Nielsen-Emepa, según el informe del equipo evaluador los incumplimientos se registraron en “Competencia Técnica, Plan de Trabajos, Memoria Descriptiva y Disponibilidad e información de equipos”. En tanto, el grupo Dredging International-CCCC-Servimagnus quedó relegado al no poder garantizar la disponibilidad de equipos y no acreditar la competencia técnica requerida.
Tras tomar nota del análisis oficial, el tándem de Rodhe Nielsen y Emepa salió a cuestionar su descalificación y, tras el pago de los US$ 800.000 que exigían los pliegos, procedió a impugnar formalmente el dictamen de la comisión evaluadora. Esa jugada y la presión política ejercida por la representación china del grupo Dredging International-CCCC y Servimagnus frenaron la intención inicial de avanzar con la adjudicación de las obras a CSD y obligaron a la AGP a tener que reconfigurar el camino que había previsto para el dragado transitorio de la hidrovía.
Nota Editada en LetraP
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