Por Antonio Rossi
Detrás de los cortes masivos de energía eléctrica—que a fines de 2021 habían afectado mayoritariamente a los usuarios de Edesur y en las últimas horas golpearon en forma más marcada a los clientes de Edenor— sobresalen fuertes desequilibrios y energéticos de larga data y problemas operativos se fueron agravando en los últimos meses.
Tanto desde Edenor—controlada desde el año pasado por el trío de Vila, Manzano y Filiberti--, como desde Edesur –piloteada por el grupo italiano ENEL— admiten por lo bajo que no pueden garantizar la norma prestación de los servicios cuando se dispara la demanda por los ingresos insuficientes que reciben debido a la política tarifaria restrictiva que mantiene la administración de Alberto Fernández.
Agregan que la creciente descapitalización, las pérdidas operativas, las medidas y restricciones sanitarias de la pandemia y el bloqueo a las fuentes de financiamiento internas y externas que arrastran desde diciembre de 2019 provocaron la "ralentización" de las obras e inversiones mínimas en mantenimiento y mejora del servicio.
Después de dos años de congelamiento y frente a una inflación acumulada y aumentos salariales que superaron el 100% en ese período, las distribuidoras metropolitanas fueron autorizadas en mayo pasado a aplicar un ajuste final en las boletas de luz del 9%, que en sus ingresos representó una mejora del orden del 21%.
Con esa medida, el gobierno retomó la política tarifaria de subas transitorias y exiguas de las anteriores gestiones kirchneristas cuando los servicios públicos quedaron virtualmente congelados y sostenidos con fuertes desembolsos de subsidios estatales.
Por distintos canales, las eléctricas del AMBA vienen advirtiendo que la situación derivada de los incrementos tarifarios mínimos apenas permite sostener un servicio casi normal en los meses de relativa tranquilidad de la demanda, pero no cuando se registran varios días seguidos de calor intenso que disparan significativamente los consumos.
Para colmo de males, en los últimos días se añadió una cuestión coyuntural que ha estado frenando la histórica y tradicional baja del consumo se daba en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires a partir del 1 de enero cuando una gran cantidad de usuarios se iban de vacaciones. Por los récords de contagio provocados por la nueva ola de covid, muchos habitantes del AMBA permanecen aislados en sus domicilios y usan a pleno las computadoras, televisores y equipos de aire, lo cual hace que los niveles de demanda se mantengan por encima de normal.
Internas en el Gobierno
Del lado del Gobierno, las internas entre los funcionarios del área energética identificados con el kirchernismo y el Instituto Patria y el ministerio de Economía comandado por Martín Guzmán también influyeron en la ausencia de una política tarifaria coherente y en la adoptación de medidas inconexas que impactaron en las reglas de juego del negocio eléctrico.
Las autoridades energéticas buscan esquivar la bronca y los cuestionamientos de los usuarios descargando toda la culpa de los cortes en la falta de inversiones y en las deficiencias operativas de las distribuidoras. Pero omiten hacer una autocrítica sobre sus responsabilidades y las correspondientes al ente regulador que encabeza Soledad Manin y se encuentra intervenido desde marzo de 2020.
En lugar de avanzar rápidamente con la anunciada "Revisión Tarifaria Integral" (RTI) que permitiría normalizar los contratos de concesión y definir los ingresos e inversiones de las distribuidoras para los próximos cinco años, los funcionarios y reguladores siguen aplicando parches y cambios transitorios que postergan cada vez más las soluciones de fondo.
Lejos de resolver el drama y las complicaciones de los cortes, la reciente designación de una "veedora" en Edesur es una muestra más de que el Gobierno viene gestionando el problema del suministro eléctrico con delay y sin asumir costos políticos.
Ante la gravedad del tema que afecta a varios miles de usuarios en forma diaria, no deja de llamar la atención la falta de reacción de los funcionarios que ni siquiera han dispuesto la conformación de un "comité de crisis específico" que coordine las acciones técnicas y operativas de las distribuidoras y gobiernos locales para atender las complicaciones y dramas que generan los cortes.
Los cortes reinarán durante varios años más
Las cuentas oficiales cantan que los subsidios energéticos que afrontó el Estado en 2021 superaron los 10.000 millones de dólares. De ese total, casi el 70% fueron al sector eléctrico para no trasladar a los usuarios el precio pleno de la energía producida por los generadores y condonar deudas de las distribuidoras provinciales con la Cammesa.
Pese a ese esfuerzo fiscal para mantener los subsidios y el corset tarifario destinado, en teoría, a mejorar los ingresos de los habitantes; el índice inflacionario no ha dejado de crecer mes a mes con el consiguiente deterioro del poder adquisitivo de la gente.
De esta manera, lo que supuestamente se ahorran los usuarios pagando tarifas bajas lo terminan perdiendo con la licuación de los salarios y jubilaciones que produce la inflación con el agravante de que no pueden usar las heladeras, ventiladores y equipos de aire cuando llegan las altas temperaturas por los cortes y apagones del servicio eléctrico que prometen seguir reinando en los veranos durante varios años más.
Fuente: iProfesional.com
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