Por Antonio Rossi
Con la amenaza presidencial de eyectar de sus cargos a los funcionarios identificados con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria que jueguen en contra de los aumentos tarifarios de luz y gas, la administración de Alberto Fernández mandó una clara señal política de que cumplirá sin vueltas lo pactado con el FMI en materia de poda de subsidios y reducción del déficit fiscal.
Pero más allá de esa definición que tiende a acrecentar las diferencias internas en la coalición gobernante, la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios no sería tan sencilla y rápida como prevén los funcionarios de la Casa Rosada y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Los escollos que aparecen en el camino tienen que ver con las dudas que genera el esquema de segmentación de aumentos y subsidios y los cambios operativos y de facturación que tendrán que implementar las distribuidoras eléctricas y gasíferas para llevar a la práctica el nuevo sistema tarifario.
La advertencia que bajó Alberto Fernández desde Europa para que los funcionarios K cumplan las instrucciones oficiales estuvo dirigida básicamente al cuarteto que integran el secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; la interventora del ENRE, Soledad Manín y el interventor del Enargas, Federico Bernal.
Aumento de luz y gas: cuarteto K, en la mira
Desde que asumió en agosto de 2020, el neuquino Darío Martínez se ha caracterizado por tener un rol oscilante y ambiguo a la hora de acatar y llevar a la práctica las órdenes emanadas de su autoridad superior que es el ministro de Economía.
Tras la firma del acuerdo con el FMI, Martínez salió a atacar duramente al Guzmán con una nota oficial en la cual lo hacía responsable de un virtual colapso energético que iba a producirse por un recorte presupuestario en las partidas destinadas a atender las necesidades y obligaciones de pago del sector.
Después de esa movida y ante las críticas a los aumentos que comenzaron a salir de las usinas K, Guzmán le puso los puntos a Martínez y lo obligó a llamar a las audiencias públicas para tratar las actualizaciones a los precios de la energía eléctrica y el gas y los nuevos cuadros tarifarios.
En tanto, Federico Basualdo -que había asumido a principios de 2020 como interventor del ENRE- logró pegar el salto y desembarcar en el área de Energía Eléctrica en octubre de ese año. Hombre de confianza de Máximo Kirchner y asesor de temas energéticas de la vicepresidenta, pasó a los primeros planos a fines de abril del año pasado, cuando logró resistir un fuerte embate de Guzmán quien lo había dado por despedido. Con el apoyo de los referentes K y del Instituto Patria, Basualdo logró conservar su cargo y desde entonces mantiene una tensa relación con el ministro a quien le recortó en dos ocasiones los alcances de los ajustes tarifarios que quería implementar la cartera de Economía.
A mediados de abril, cuando Guzmán confirmó la nueva política de segmentación tarifaria, Basualdo elaboró un informe técnico en contra en el cual puntualizó tres cuestiones salientes: los aumentos en juego "no contemplan el principio de gradualidad establecido por la Corte Suprema", los usuarios van a sufrir un fuerte impacto en sus facturas de junio y las nuevas tarifas "atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos".
Por su parte, la camporista Soledad Manín quedó al frente de la intervención del ENRE cuando Basualdo asumió como subsecretario.
Con formación académica de abogada, estuvo durante varios años a cargo del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Había llegado al ENRE de la mano de Basualdo y hasta que asumió como interventora manejó el sector de "Protección de Usuarios y Usuarias y Participación Ciudadana".
En tanto, el cuarto apuntado desde la Casa Rosada es el interventor del Enargas, Federico Bernal. Bioquímico y biotecnólogo egresado de la UBA, Bernal fue un acalorado defensor de la política energética desplegada entre 2003 y 2015. Con el apoyo del exgobernador bonaerense Gabriel Mariotto, en 2014 creó el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) para "contrarrestar el discurso neoliberal y el lobby de los exsecretarios de Energía". Fue coautor-- junto con el exministro Julio De Vido-- del libro "Néstor y Cristina Kirchner, Planificación y Federalismo en Acción". Actual vocal del Instituto Patria, Bernal maneja las riendas del ente gasífero desde marzo de 2020.
Corridos del manejo y control de las audiencias públicas, los funcionarios en la mira tendrán en los próximos días un protagonismo clave y decisivo a la hora de viabilizar los aumentos tarifarios.
El papel de los funcionarios K en la suba de tarifas
Martínez y Basualdo deberán convalidar los informes finales y recomendaciones de las audiencias públicas e instruir a los organismos de control para que procedan a confeccionar los nuevos cuadros tarifarios.
En tanto, Manín y Bernal tendrán que elaborar y aprobar las nuevas tarifas que regirán para las distintas categorías de usuarios y niveles de consumos de cada una de las empresas distribuidoras. El ENRE deberá definir los cuadros tarifarios que aplicarán Edenor y Edesur. En tanto, el Enargas tendrá que sacar las resoluciones específicas con los ajustes que implementarán Metrogas, Naturgy, Litoral Gas, Gasnea, Gas Pampeana, Gas del Sur, Ecogas y Gasnor.
Más allá de que los cuatro funcionarios ya mandaron mensajes de que quieren seguir en sus puestos y no boicotearán la hoja de ruta tarifaria de Guzmán, nadie se anima a asegurar que el camino de los aumentos se encuentre libre de obstáculos.
Tanto para las empresas, como para varios técnicos del sector aún quedan algunos puntos flojos y dudas operativas que jaquean el recorte de subsidios y la actualización tarifaria.
Para algunas asociaciones de usuarios cercanas al kirchnerismo, las audiencias públicas no habrían respetado las normas vigentes y podrían ser consideradas inválidas ante una eventual denuncia en la Justicia.
En cuanto a la instrumentación técnica, desde los entes reguladores advierten que los funcionarios de Economía todavía no han explicado cómo y con qué mecanismos prevén llevar adelante la segmentación y definición de las tarifas que regirán para los distintos niveles de consumo tanto de los usuarios que mantengan los subsidios, como de aquellos que pasarán a pagar los precios plenos de la energía eléctrica y el gas natural.
Puertas adentro del Enargas, hay voces que sostienen que los mayores precios del gas que regirán para los hogares con o sin subsidios no pueden descargarse en forma directa las tarifas residenciales.
Esa transferencia-- denominada en la jerga técnica pass through--recién debería ser autorizada una vez que se haya realizado una nueva audiencia pública específica para exponer los alcances de los aumentos en juego y receptar los planteos de los usuarios.
Fuente: iProfesional
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