Por Antonio Rossi
La audiencia pública realizada la semana pasada por el Enargas para tratar los aumentos transitorios destinados a recomponer los ingresos de las gasíferas puso sobre el tapete una serie de "cuestiones extratarifarias" que afectan las cuentas de las distribuidoras y que a medida que pasa el tiempo hacen más compleja y conflictiva la renegociación contractual que prometió llevar adelante el Gobierno para dejar atrás la situación de emergencia y regularizar las concesiones.
Con distintos modos y énfasis, todas las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Gasnea, Gas Pampeana, Gas del Sur, Gasnor, Litoral Gas, Gas Cuyana, Gas del Centro y Redengas) reclamaron a la intervención del ente regulador encabezada por el cristinista y segundo vocal del Instituto Patria, Federico Bernal, que arbitre las medidas necesarias para solucionar los impactos negativos que tienen en sus ingresos por los problemas pendientes con las tasas municipales y las compensaciones de los consumos de "zona fría".
Por el lado de los cargos y tributos que imponen los municipios, la controversia gira en torno a las demoras que arrastra el Enargas a la hora de aprobar las actualizaciones de las alícuotas vigentes y la incorporación de las nuevas imposiciones que deben trasladarse a las tarifas finales que pagan los usuarios.
Las empresas advirtieron que están pagando con sus ingresos las tasas municipales con valores actualizados de 2022, pero solo pueden traspasar a las boletas de los usuarios los valores reconocidos de 2018. Además, destacaron que los gravámenes locales que se sumaron y vienen abonando desde ese año aún no recibieron la vía libre del ente regulador para ser pasados a las facturas.
El marco regulatorio del servicio de gas establece el traspaso a la tarifa de cualquier nuevo cargo o incremento de tasas. La resolución 6/2018 del Enargas determina que los tributos locales deberán ser incorporados a la factura final del servicio por renglón separado para que queden diferenciados los componentes regulados del servicio y las cargas impositivas que rigen en cada provincia y municipio.
Los recargos sobre el servicio de gas creados por los concejos deliberantes e intendentes del interior del país aparecen rotulados de distintas maneras. Las más comunes y usuales son: Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene; Tasa de Actividades Varias; Derecho de Ocupación del Espacio Público y Contribución Unificada a Grandes Contribuyentes Prestadores de Servicios Públicos.
En el caso de Naturgy—la distribuidora del Gran Buenos Aires de capitales españoles—el reclamo de créditos a favor por los cargos pagados a los municipios de su área de concesión desde 2017 a 2021 llega a $441 millones. Por el lado de Litoral Gas –la empresa controlada por Techint—, el monto acumulado de los últimos cinco años que pidió recuperar con traslado a las facturas se ubica en $ 45 millones. En total, el reclamo de todas las distribuidoras por este concepto oscilaría entre los $ 1.600 y 1.900 millones.
La segunda cuestión en juego que, según las empresas, está desequilibrando sus ecuaciones económico financiera es la referida a las deudas y la metodología de cálculo de los montos en juego del "Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo de las Zonas Frías".
Tras haber alcanzado inicialmente a 778.000 usuarios de la Patagonia, la Puna Cordillerana y la mendocina Malargüe; los subsidios para los usuarios de lass denominadas "zonas frías" se extendieron el año pasado a más de 3 millones de hogares de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan.
Los recursos para cubrir los descuentos de hasta el 50% en el valor del gas salen del "Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales" que fue creado en 2002. Dicho Fondo se nutre con el pago de un recargo por cada metro cúbico de gas que consumen los usuarios residenciales, comercios e industrias de todo el país. Ese recargo -que había arrancado con un valor de 0,004 pesos por metro cúbico-registró varias modificaciones y a partir de 2017 pasó a ser el 2,58% del valor del gas. Un año después se elevó al 2,96%, en mayo de 2019 trepó al 4,46% y desde mediados del año pasado quedó en 5,44%.
Las distribuidoras plantean que por todo el gas que reciben de las petroleras deben pagar el recargo del 5,44% destinado al Fondo Fiduciario. Ese recargo solo lo pueden trasladar a los usuarios que no están dentro de las zonas frías. Como los subsidios que reciben del Estado para compensar los descuentos son inferiores, se va acumulando un desfasaje que hasta ahora el Gobierno no ha querido resolver y que, de acuerdo con las estimaciones del sector, representaría para la mayoría de las gasíferas un monto global que oscilaría entre los $ 1.200 y $ 1.500 millones.
En las presentaciones efectuadas en la audiencia, las empresas afectadas destacaron que "el fondo compensador de las zonas frías tiene como objeto mantener la neutralidad económica entre los importes que las distribuidoras abonan a los productores por el recargo y el traslado de ese importe a los clientes que son en última instancia los que deben afrontar el costo de las bonificaciones".
Agregaron que "el coeficiente para el recupero de esos montos que aplica el Enargas no contempla las pérdidas –como fugas, hurtos y errores de medición—que se registran en las redes. En la práctica, las distribuidoras abonan por un volumen de gas y recuperan de los clientes una suma más baja". Para corregir este desfasaje, las empresas reclamaron que los funcionarios procedan a ajustar la fórmula de cálculo para que el beneficio otorgado por el Gobierno sea económicamente neutro y no se siga agrandado la brecha.
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