Por Antonio Rossi
A priori estaba destinada a ser un trámite obligado más, que no iba a mover el amperímetro de la pauta de aumentos de hasta el 20% que habían fijado los funcionarios kirchneristas del área energética para las tarifas de gas y luz. Pero el principio de acuerdo y entendimiento sobre políticas clave que anunciaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en simultáneo con el equipo técnico y las autoridades del FMI pusieron la cuestión en la mira y dejaron abierta la chance de ajustes tarifarios más significativos para reducir los subsidios que impactan sobre el déficit fiscal.
La audiencia pública que fue convocada para este lunes con el fin de analizar cuál será la porción del precio del gas natural que afrontarán los usuarios y qué parte cubrirá el Estado con subsidios a las petroleras pasó a tener una mayor relevancia de cara a la letra chica de los compromisos que asumieron los funcionarios de Economía y que en las próximas semanas saldrán a la luz con la firma de la carta de intención que debe aprobar el directorio del Fondo.
Según el comunicado oficial del organismo que pilotea Kristalina Georgieva, el equipo técnico encabezado por Julie Kozack (Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental) y Luis Cubeddu (Jefe de la misión para Argentina) y el gobierno argentino “llegaron a un entendimiento sobre políticas clave como parte de las discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI”.
Entre los aspectos principales de ese entendimiento, los funcionarios del Fondo destacaron que se acordó que “una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público".
Si bien Guzmán trato de relativizar ese punto en la conferencia de prensa que dio el viernes, lo cierto es que entre las medidas que tiene en carpeta la cartera económica para los próximos meses se encuentra la aplicación de nuevos aumentos tarifarios para los servicios de gas y electricidad que irían más allá de los que entrarán en vigencia en los primeros días de marzo.
Con esos incrementos adicionales el equipo económico daría inicio a un “sendero descendente” de los millonarios subsidios que viene desembolsando para no trasladar a los usuarios la totalidad de los precios del gas y la energía eléctrica que reciben las petroleras y las empresas generadoras. En 2021, esas compensaciones económicas para el sector energético superaron los 10.000 millones de dólares y si nada cambia para este año, la cuenta a pagar podría superar los 15.000 millones de dólares con el consiguiente impacto negativo en las cuentas fiscales.
Una pista de lo que podría pasar con la reducción de subsidios y la “segmentación tarifaria” que viene prometiendo el Gobierno desde hace varios meses quedó delineada en el informe técnico y económico para la audiencia pública de este lunes que elaboró la Secretaría de Energía, conducida por el neuquino Darío Martínez, con las distintas alternativas de aumentos que baraja el Ejecutivo para el precio del gas.
El trabajo señala que la demanda total de gas a nivel nacional proyectada para este año llegará a los 48.735 millones de metros cúbicos (MMm3), de los cuales 24.191 MMm3 corresponderán al período estival y 24.544 MMm3 a la temporada invernal.
Al detallar la composición de la oferta, consigna que la producción nacional aportará 40.703 MMm3 -el 84%-; el abastecimiento externo con barcos de GNL arrimará el 9% con 4.406 MMm3 y las importaciones de Bolivia completarán el 7% restante con 3.626 MMm3.
Lo que paga cada parte
El informe precisó que "de los 4,84 U$S/MMBTU que conforman actualmente el precio promedio ponderado del costo total del gas destinado a la demanda prioritaria; el Estado absorbe vía subsidios el 70,9% (3,43 U$S/MMBTU), mientras que los usuarios pagan el 29,1% restante (1,41 U$S/MMBTU).
Según el documento de Energía, el costo total del gas que se necesita para abastecer la demanda prioritaria en 2022 ascenderá a U$S 2.573 millones equivalentes a $305.170 millones. Para llegar a ese monto final, se tomaron como referencias un precio del gas local que oscila entre 3,34 y 4,74 U$S/MMBTU; un valor promedio del gas importado de Bolivia de 7,46 U$S/MMBTU y una cotización promedio del GNL de 23,72 U$S/MMBTU más un costo fijo y variable de regasificación que ronda entre 1 y 1,3 U$S/MMBTU.
Según el análisis oficial, los usuarios residenciales y las pymes deberían afrontar un aumento el precio del gas del 91% si se decide mantener la partida específica de subsidios de $135.329 millones que está prevista para 2022. Ese incremento en el valor del gas dispararía un impacto en las facturas finales de los hogares que rondaría entre el 37% y 47% según los distintos niveles de consumo. De esta manera, la porción del precio del gas que cubriría el Estado bajaría al 44% quedando el 56% restante a cargo de los usuarios.
En tanto, si la decisión final es mantener sin cambios las actuales tarifas del gas de los usuarios residenciales y pymes, el Gobierno tendría a agregar a la partida inicial de subsidios de $ 135.329 millones una suma adicional de $81.000 millones más.
Por último, el informe de Energía advierte que en el caso extremo de que la administración de Alberto Fernández resuelva eliminar por completo los subsidios al precio del gas, las boletas de los clientes hogareños tendrían que aumentar entre un 94% y 126%.
Una vez finalizada la audiencia, Martínez y Guzmán deberán definir en dos semanas hasta donde llegarán con el recorte de subsidios y en qué momento trasladarán a los usuarios los nuevos precios del gas.
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