Por Antonio Rossi
El denominado "Caso Skanska" fue la primera denuncia relevante de corrupción en una obra pública de la era kirchnerista presentada en 2005. Y tras haber transcurrido algo más de 17 años con varias idas y contramarchas, un nuevo fallo del juez federal, Sebastián Casanello volvió a poner el caso sobre el tapete con una derivación que abre un gran interrogante sobre el futuro del actual interventor del ente regulador del gas (Enargas), Osvaldo Pitrau.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 procesó a 10 exfuncionarios y empresarios por coimas y administración fraudulenta por encontrarlos involucrados en una operatoria de sobornos por una cifra actualizada de $ 114 millones en la contratación sin licitación pública de la constructora sueca Skanksa para las obras de ampliación de dos gasoductos.
Los procesamientos -en la causa que tuvo como fiscal a Carlos Stornelli- recayeron sobre el exsecretario de Energía Daniel Cameron; el extitular del Enargas, Fulvio Madaro y los exfuncionarios del ente Osvaldo Pitrau, Daniel Muñoz y Alicia Federico. La lista de procesados también incluyó a los representantes de la empresa TGS (Transportadora de Gas del Sur) Pablo Ferrero y Jorge García; el directivo de Skanska, Daniel Zinna y los titulares de la cuenta comitente que negociaban los cheques librados por Skanska Horacio Héctor Tosí y Osvaldo Díaz.
Según el fallo de Casanello, los pagos de sobornos se enmascararon con facturación apócrifa que emitieron "usinas" de facturas truchas que servían para justificar gastos aplicados a las obras de varios gasoductos. Una grabación entre dos directivos de Skanska había puesto al descubierto el esquema de pago de sobornos. En 2011, esa grabación había sido anulada como prueba. Pero luego de varias apelaciones, la Corte decidió admitirla como válida en el expediente.
Caso Skanska: cómo se llegó a esta nueva instancia judicial
A esta nueva instancia judicial se arribó luego de una serie de controversias y cambios procesales que fueron ralentizando el avance de la causa que ya tiene una parte de la investigación elevada a juicio oral y público desde 2019. Ese expediente -que quedó en manos del Tribunal Oral Federal N° 4- tienen 31 procesados, entre los cuales se encuentran el exministro Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; gerentes de Skanska; titulares de empresas que habían emitido facturas falsas a la empresa sueca y otras personas que intervinieron en el mecanismo de pago de sobornos.
Si bien no estuvo en los primeros planos del caso, el procesamiento dispuesto por Casanello deja ahora muy expuesto y en la mira a Pitrau que desde hace cuatro meses ejerce el cargo de interventor del Enargas.
Si se aplicara el mismo criterio que esgrimen los referentes del ala dura del kirchnerismo al reclamar la dimisión de los funcionarios porteños de la administración de Horacio Rodríguez Larreta que afrontan denuncias y causas judiciales en curso; el presidente Alberto Fernández debería pedirle a Pitrau que dé un paso al costado y se aleje de la conducción del organismo regulador.
Un planteo similar tendría que hacer el ministro de Economía, Sergio Massa y la Secretaría de Energía, Flavia Royón que--según el organigrama oficial—tienen bajo sus órbitas el funcionamiento del ente de control.
Por el momento, la posición del Gobierno sería esperar unos días antes de tomar una decisión mientras sigue de cerca qué actitud adopta la oposición y la posible aparición de algún cuestionamiento legal que pueda afectar la continuidad del timonel del Enargas.
¿Quién es Osvaldo Pitrau?
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, con varios estudios de posgrado y profesor en la UBA y en la Universidad Austral de "Derecho Familiar y Sucesiones"; Pitrau se había incorporado al ente gasífero a mediados de la década del 90 en el área de Asuntos Legales.
Tras haber ocupado el cargo de gerente general durante la intervención que encabezó el asesor de Cristina Kirchner y vocal del Instituto Patria, Federico Bernal; Pitrau fue designado al frente del Enargas a principios de septiembre de este año.
Prevista originariamente por un período de 180 días que iba concluir en el segundo semestre de 2020, la intervención del Enargas fue prorrogada, por primera vez, en diciembre de 2020 por un plazo de dos años.
La semana pasada -por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 815/22- el Poder Ejecutivo volvió a estirar la continuidad de la intervención hasta enero 2024, junto con la postergación de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) que había prometido para regularizar las concesiones de las empresas gasíferas que desde fines de 2019 vienen funcionando con sus contratos suspendidos y ajustes de tarifas transitorios.
El rol Pitrau en el aumento de tarifas
Al día siguiente de que saliera publicado en el Boletín Oficial el DNU que extendió la intervención, Pitrau convocó a una nueva audiencia pública para tratar los "ajustes tarifarios transitorios" que se implementarán a partir de febrero para las transportadoras y distribuidoras privadas del servicio de gas a nivel nacional.
Los aumentos en juego -que se acumularán a las subas de hasta el 150% que se vienen aplicando desde octubre por el nuevo esquema de segmentación tarifaria y quita de subsidios- corresponden a los ingresos específicos de las transportadoras y distribuidoras y al traslado del precio actualizado del gas que regirá en 2023 y que las autoridades de la Secretaría de Energía tienen que definir en los próximos días.
Por medio de la resolución 523, Pitrau llamó a audiencia pública para el 4 de enero para tratar de manera virtual los "nuevos cuadros tarifarios de transición" que pedirán las operadoras privadas para poder hacer frente a los costos operativos y las inversiones mínimas destinadas a mantener el servicio y garantizar las condiciones de seguridad durante el próximo año electoral.
Ante la situación planteada por el fallo de Casanello, el exsecretario de Energía y titular del Instituto Argentino de Energía (IAE) "General Mosconi", Jorge Lapeña volvió a reclamar la normalización del Enargas "para terminar con la absurda medida que lleva adelante el kirchnerismo desde hace tres años sin que se conozcan los motivos, ni los resultados de la intervención".
Tras plantear que todas las bancadas opositoras en el Congreso "deberían salir a pedir un informe con los resultados de las gestiones de los interventores", Lapeña consideró que resulta "necesario y conveniente reformar las leyes de los entes gasífero y eléctrico para crear un organismo unificado de control que sea altamente profesionalizado y elegido por concurso público".
Fuente: iProfesional
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