Por Antonio Rossi
El paro por 48 horas en los colectivos urbanos del interior del país que lleva adelante el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) este miércoles y jueves sumó un nuevo capítulo a la extensa y recurrente saga de disputas por el reparto de los subsidios nacionales que mantienen las provincias y municipios del interior con el ministerio de Transporte que pilotea el massista Alexis Guerrera. Los números sobre la mesa muestran que la pulseada es por quién pone un total de $ 22.000 millones para atender las subas salariales y llegar con lo justo a fin de año.
Como ha venido ocurriendo desde el año pasado, cada vez que entra en vigencia el pago de las mejoras salariales acordadas para choferes del interior, las administraciones provinciales y municipales aprovechan la ocasión para presionar a Transporte con el fin de obtener una mayor asignación de subsidios nacionales.
La actualización salarial hasta fin de año que reclama la UTA es la misma que logró abrochar con las empresas de la región metropolitana del AMBA. Contempla una gratificación no remunerativa de $ 40.000 y un salario básico de $ 150.000 retroactivo a setiembre; de $ 165.000 en octubre; $ 180.000, en noviembre y $ 200.000 en diciembre. Con el argumento de que existe una “inequitativa distribución” de la asistencia económica, los gobiernos y las empresas del interior quieren “reconfigurar” a su favor el actual esquema de reparto por el cual reciben, por cada colectivo en servicio, solo una cuarta parte de lo que embolsan mensualmente las líneas del AMBA.
Ante la medida de fuerza dispuesta por el sindicato que encabeza el histórico Roberto Fernández y que tiene paralizado la mayor parte del transporte público urbano a nivel nacional, los gobiernos del interior aducen que no están en condiciones de afrontar los recientes aumentos salariales concedidos a quienes conducen las unidades si no reciben una mayor ayuda económica de la Nación, similar a la dispuesta por la cartera de Transporte para cubrir las subas de sueldos en las líneas del AMBA.
La respuesta del equipo de Guerrera es que no tiene más partidas disponibles para el interior en lo que resta de 2022 y que la responsabilidad de garantizar el pago de los incrementos de salarios les corresponde a las provincias y municipios, que son las autoridades concedentes de los servicios de colectivos.
La Nación tiene comprometido hasta el último día de diciembre un aporte global para los colectivos del interior de $ 46.000 millones, de los cuales ya lleva girados unos $ 38.000 millones.
Las provincias sostienen que necesitan completar ahora los $8.000 millones que faltan para alcanzar ese monto en juego y sumar, para noviembre y diciembre, un desembolso adicional por $ 14.000 millones más para cerrar el año con un total de subsidios nacionales de $ 60.000 millones.
Las diferencias económicas entre las partes también han quedado planteadas en el proyecto de Presupuesto 2023 que se está tratando en la Cámara de Diputados. Para el próximo año, el ministerio de Economía comandado por Sergio Massa incluyó una partida anual para el “Fondo de Compensación del Transporte Público del Interior” de $ 66.000 millones. Esa suma representa solo un 43,5% más que el monto en danza para este año, frente a una inflación del 60% que prevé el Presupuesto y que, según las principales consultoras económicas, va camino a cerrar por arriba del 100%.
En el Comité Federal de Transporte (Cofetra), las autoridades provinciales del sector ya advirtieron que esa suma resulta insuficiente y que, como mínimo, la asistencia económica de la Nación para el próximo año no debería bajar de $ 120.000 millones.
Mientras las provincias afirman que no tienen margen para seguir aumentando los boletos, que ya son entre dos y cuatro veces más caros que en el AMBA, Guerrera salió a anticipar que las tarifas metropolitanas podrían registrar un fuerte aumento el próximo año.
Al exponer el martes en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el titular de Transporte consignó que, en los papeles, el total de los subsidios nacionales previstos para los colectivos del AMBA en 2023 tendrán una baja nominal del 20% con respecto a este año, que “será necesario compensar con nuevas adecuaciones tarifarias”.
Para diciembre, Guerrera ya anticipó que habrá un aumento promedio del 40% para los colectivos y trenes de la región metropolitana. Si se mantiene sin cambios lo que marca el Presupuesto, los boletos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires volverían a registrar el próximo año un ajuste que oscilaría entre el 100% y 120%, un alza que choca de frente con las expectativas del oficialismo frente al calendario electoral.
Nota Editada en LetraP
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