Por Antonio Rossi
Lejos de poder normalizarse, las reducciones en los servicios que vienen aplicando desde hace tres semanas las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la falta de pago de los subsidios atrasados, van camino a escalar a partir de lunes por la incidencia de tres cuestiones clave. La primera, el ajuste fiscal que puso en marcha el superministro Sergio Massa; la segunda, el resurgimiento de la disputa política y económica entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por las compensaciones a las líneas puramente porteñas; y la tercera, la expiración de la conciliación obligatoria vigente que dejará a la UTA con las manos libres para volver a la carga por la recomposición salarial que reclama desde principios de agosto ante empresas y el Ministerio de Transporte.
La restricción presupuestaria que venía afectando a la cartera de Transporte comandada por Alexis Guerrera desde la renuncia de Martín Guzmán, se vio agravada con el desembarco del equipo económico de Massa que, de manera silenciosa y sin hacer ruido, está aplicando un fuerte torniquete en el gasto público. La escasez de fondos y la liberación tardía de partidas llevaron a Transporte a retrasarse en los pagos de los subsidios tarifarios a las líneas del AMBA, que ya llevan casi un mes presionando para cobrar con una medida de protesta que consiste en limitar sus frecuencias y poner menos colectivos en las calles.
De una deuda acumulada de casi $ 20.000 millones, la Nación procedió a cancelar hasta ahora unos $ 6.000 millones con la promesa de ir achicando el resto en las próximas semanas; pero sin ninguna garantía de que va a recibir los fondos de Economía en tiempo y forma. Los números oficiales muestran que, tras el aumento en los boletos del 40% aplicado desde agosto, la cuenta a pagar por las compensaciones tarifarias a los colectivos del AMBA asciende a $ 24.209 millones mensuales. De ese total, los subsidios destinados a las líneas de la Capital Federal representan el 9,5% y se ubican en torno de los $ 2.300 millones por mes.
Tal como había hecho en febrero ante las exigencias de las provincias por más subsidios para los colectivos del interior, Guerrera ,volvió a subir al ring al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, con el fin de transferirle una parte del costo político y económico que debe afrontar por las quejas y cuestionamientos de las personas usuarias que sufren la reducción de servicios. Tras indicar que habían girado una transferencia de $ 3.900 millones para las empresas del conurbano, el subsecretario de Política Económica y Financiera del ministerio de Transporte, Carlos Vittor, avisó: “No se va a pagar a ninguna de las 32 líneas de colectivos de la ciudad hasta que el gobierno porteño cancele la deuda de que tiene con la Nación”.
Según las cuentas nacionales, Larreta estaría debiendo $ 2.047 millones correspondientes al primer semestre y debería aportar para la segunda parte del año otro desembolso por un total de $ 9.600 millones. En las dependencias capitalinas retrucaron que las denominadas “líneas porteñas” siguen estando bajo la administración y control del gobierno nacional, que es el responsable de “garantizar la sostenibilidad tarifaria y regulatoria de esos colectivos, así como la Ciudad tiene la responsabilidad y control del servicio de subtes”. “Desde 2019 el gobierno local colabora con una parte del pago de los subsidios a los colectivos porteños. Este año ya efectuamos un aporte para todo el primer semestre que fue coordinado con los funcionarios nacionales, quienes hasta ahora no han aceptado las distintas propuestas de colaboración que elevamos para el segundo semestre”, respondieron.
En 2018, con Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada, la Ciudad –que ya venía cubriendo el 100% de los subsidios a los subtes– pasó a financiar el 80% de la ayuda tarifaria de los colectivos locales, quedando el 20% restante a cargo de la Nación. En 2020, el financiamiento porteño bajó al 51%, mientras que la Nación cubrió el 49% restante. El año pasado, por un acuerdo de palabra, la Ciudad pasó a aportar el equivalente al 44% de los subsidios y el gobierno nacional se hizo cargo del 56% restante. Con esquema de reparto, la Nación tendría que desembolsar este mes un total de $ 1.300 millones para las líneas porteñas, mientras que la Ciudad debería aportar otros $ 1.000 millones para poder atender el pago total de los subsidios. La disputa por quién se hace cargo de los subsidios de los colectivos que empiezan y terminan sus recorridos en territorio capitalino promete crecer en intensidad con el correr de los días y no sería extraño que las líneas locales arranquen septiembre sin haber cobrado las compensaciones tarifarias y con un paro total de servicios.
El tercer condimento que amenaza con extender el conflicto con las empresas de transporte de pasajeros del AMBA asoma por el lado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la gremial que nuclea a quienes conducen los colectivos. A mediados de la próxima semana vence la segunda y última prórroga de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo a principios de agosto, cuando el gremio liderado por Roberto Fernández había dispuesto la paralización de los servicios para exigir una recomposición salarial transitoria. En ese momento, la intervención de la cartera encabezada por Claudio Moroni les permitió a las empresas (que deben liquidar las mejoras salariales) y a las autoridades de Transporte (que tienen que convalidar la suba de sueldos con más desembolsos de subsidios) ganar tiempo y patear el problema para más adelante.
Pese a que es un componente clave en la definición del tema, Transporte no envió a ningún representante a las dos reuniones oficiales que la cartera laboral convocó a las partes para tratar de alcanzar un acuerdo. En línea con lo pactado con las compañías de larga distancia, la UTA reclama el pago en agosto de una “gratificación” de $ 25.000 para quienes conducen los colectivos de la región metropolitana y la apertura de paritarias para definir las mejoras salariales que regirán desde setiembre a diciembre. Quienes se sientan del lado gremial de la mesa de negociaciones ya avisaron que, si se van con las manos vacías de la reunión en Trabajo agendada para este lunes, la próxima semana la paralización de los servicios vendría por el lado del sindicato.
Nota Editada en Letra P
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