Por Antonio Rossi
El reciente paro de 12 horas de duración que afectó a 80 líneas urbanas de la región metropolitana del AMBA y de otras ciudades del interior volvió a poner sobre el tapete dos cuestiones relevantes que pintan la particular situación que registra el transporte público de pasajeros y el negocio de las empresas de colectivos.
Mostró nuevamente el atípico “matrimonio por conveniencia” que sostienen desde hace un tiempo la agrupación interna de la UTA denominada “Lista Azul-Juan Manuel Palacios”, que llevó adelante la medida de fuerza, y el grupo empresarial DOTA, el mayor transportista del área metropolitana que es el dueño de las líneas afectadas por el paro.
Y, además, dejó expuesta una llamativa y tardía reacción oficial tanto del ministerio de Trabajo—a cargo de Raquel Kelly Olmos—, como de la cartera de Transporte –que comanda el massista rosarino Diego Giuliano—que no tuvieron los reflejos previos para impedir una interrupción de servicios que se veía venir desde hace varios días.
Encabezados por los dirigentes Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo, el grupo disidente de la UTA que conforman la Lista Azul mantiene, desde mediados de la década pasada, un marcado enfrentamiento con la conducción del gremio que lidera el histórico Roberto Fernández.
El momento más candente de esa disputa se registró a fines de diciembre de 2019, cuando a pocos días de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, un grupo de referentes y choferes alineados en el bando opositor atacaron y saquearon la sede central de la UTA en el barrio porteño de Balvanera.
La tensión interna nunca se calmó y volvió a tomar fuerza tras las últimas elecciones internas del gremio que dieron como ganador a la lista oficialista piloteada por Fernández.
Las reglas electorales del sindicato establecen que la lista triunfadora a nivel nacional pasa a controlar todas las secciones. Los líderes disidentes sostienen que en los lugares donde ellos sacaron más votos, la conducción debe quedar en sus manos.
Con ese argumento como bandera, desde los últimos meses del año pasado vienen desplegando una serie de reclamos y medidas de protesta para que el ministerio de Trabajo los reconozca formalmente como los nuevos conductores de las filiales de Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, Jujuy y Santiago del Estero.
En todos los casos donde dejaron de prestar servicios para presionar a la cartera laboral, los integrantes de la lista opositora contaron con el apoyo tácito del grupo DOTA que no solo no estableció un diagrama mínimo de colectivos con personal jerárquico, sino que tampoco procedió a sancionar y a descontar los días a los choferes que hicieron paro.
Luego de varios días de acampe frente a la cartera laboral, la agrupación de Bustinduy decidió paralizar los servicios durante las primeras 12 horas del viernes y anticipar un nuevo paro de 24 horas para la próxima semana si el Gobierno no habilita su desembarco en el gremio y no atiende los reclamos de mejoras salariales.
Tras destacar que no puede modificar las normas del funcionamiento interno del gremio para aceptar el planteo opositor, la titular de Trabajo le tiró la pelota al área de Giuliano. Advirtió que el paro contó con la complicidad del grupo DOTA y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) debería evaluar si corresponde aplicarle, como medida extrema, el quite de las concesiones.
Aunque no lo admitan publicamente, los dueños de DOTA se sienten más cómodos tratando las cuestiones laborales con el grupo opositor y no con la conducción oficial de la UTA. Cada vez que necesitan mostrarle los dientes a los funcionarios para sacar alguna medida o aumentar los subsidios, el grupo cuenta con la ayuda de las huestes de Bustinduy para paralizar los servicios.
Manejado por los hermanos José y Ángel Faijá, DOTA tiene como socios en distintas trazas a los empresarios del transporte de pasajeros Luis Rodríguez y José Santoli.
Tras la tragedia ferroviaria de Once que derivó en la caída de TBA y del consorcio de colectivos Cometrans que lideraba el clan Cirigliano, DOTA se convirtió en el principal operador del negocio de los ómnibus del AMBA.
Actualmente conforma el conglomerado de empresas más grande de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, transporta la mayor cantidad de pasajeros y embolsa mensualmente alrededor de $ 10.000 millones de subsidios tarifarios.
Según un estudio realizado por los investigadores de la UNSAM, Emilio Álzaga, Antonio Cortés, Jorge Sánchez y Alejandro Sicra; DOTA nace en 1991 con el control de la línea 28 que tenía 178 coches. Al año siguiente adquiere la línea 44 y desde ese momento empieza su expansión con la compra de numerosas empresas y haciéndose de cargo de la mayor parte de los recorridos tradicionales que se iban quedando sin operadores.
Los números actuales muestran que maneja más de 100 líneas y que cuenta con un parque móvil de casi 3.400 colectivos.
Hoy en día, DOTA es el grupo empresario con mayor integración vertical. Además de estar vinculado a la aseguradora Argos y a la carrocera Todo Bus, es la representante de la automotriz Agrale que comercializa en el mercado interno chasis para ómnibus.
El trabajo de los especialistas de la UNSAM destacó que en las últimas dos décadas “la concentración empresarial permitió el surgimiento de nuevos liderazgos, de nuevos modelos de negocios y el crecimiento de grupos como DOTA con una importancia económica nunca vista antes en el mundo de los colectivos”.
En el plano institucional, DOTA ejerce hace valer su rol preponderante mediante el manejo de una de las principales entidades del sector: la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), que casi siembre es la que lleva la voz cantante en las discusiones y negociaciones con las autoridades locales y nacionales de Transporte.
Nota Editada en Transporte y Logística
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