Por Antonio Rossi
"Es un nuevo ministerio. dentro de la racionalización del Estado y el sector público es la consolidación de los ministerios que hoy son Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales", señaló este martes Guillermo Ferraro, designado por el presidente electo Javier Milei como el responsable de la futura megacartera.
Exfuncionario y ex directivo de la consultora KMPG Argentina, Ferraro sostuvo en declaraciones radiales que el enfoque que le impondrá a su gestión será que "el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al privado". Además, como adelantó el mes pasado Letra P, Ferraro confirmó que el secretario de Energía será Eduardo Rodríguez Chirillo.
En esta nota del 8 de octubre último, Antonio Rossi explicaba en detalle el plan de Ferraro para un ministerio que promete ser clave en la gestión libertaria que se inicia el 10 de diciembre.
El plan de Ferraro
Javier Milei, ya eligió quién será su ministro de Infraestructura de llegar a la Casa Rosada y el responsable de ejecutar el “plan topadora” de obras públicas. Se trata de Guillermo Ferraro, un exfuncionario y ex directivo de la consultora KMPG Argentina.
Desde la última semana de septiembre, Ferraro comenzó a tener una serie de reuniones con consultores privados y empresarios del sector con el doble fin: recomponer relaciones con las constructoras fuertemente cuestionadas por el economista libertario y sondear hasta dónde resultaría viable el esquema de participación público-privada (PPP) en remplazo de los contratos tradicionales de obras públicas.
Ferraro es un consultor conocido en el sector que desde la década de 90 viene trabajando tanto en la órbita estatal como en el ámbito empresarial en el armado de proyectos de ingeniería y de distintas iniciativas privadas. Los renglones más destacados de su CV muestran que durante la administración de Eduardo Duhalde ocupó la Subsecretaría de Industria y que en la gestión de Néstor Kirchner se desempeñó como vicepresidente de Nación Servicios. Tras un breve paso por el gobierno porteño de Mauricio Macri, a partir de 2010 y hasta abril de este año estuvo a cargo de la Dirección de Infraestructura y Gobierno de KMPG Argentina.
Especializado en el diseño de esquemas financieros para grandes obras de infraestructura, desde su puesto en KPMG Ferraro lideró el equipo técnico que elaboró para el grupo de Eduardo Eurnekian -el ex empleador y mecenas de Milei- las ofertas para construir con fondos estatales el Corredor Bioceánico Aconcagua y la central hidroeléctrica de Chihuidos. Ambos proyectos se encuentran congelados desde la década pasada por falta de financiación internacional y, en caso ponerse el traje de ministro, el futuro ministro tendrá que resolver si los mantiene en pie o les baja el pulgar para volverlos a licitar bajo el sistema PPP.
Encuentros con el Círculo Rojo
En los encuentros con asesores y empresarios del Círculo Rojo de la construcción, Ferraro empezó a dar algunas pistas sobre lo que piensan hacer si Milei gana las elecciones:
El futuro Ministerio de Infraestructura va a concentrar todas las áreas, organismos y presupuestos de Obras Públicas, Recursos Hídricos, Transporte, Vialidad y Energía.
Habrá una Secretaría específica de Concesiones e Iniciativas Privadas, encargada de definir los proyectos de infraestructura y las obras públicas que se llevarán adelante con el mecanismo de PPP.
Cada proyecto deberá contar un estudio y dictamen previo con los cálculos de ingresos y egresos a largo plazo y las fuentes de financiamiento privadas disponibles en el mercado, para que las empresas presenten sus ofertas sin ningún condicionamiento del Estado.
El Gobierno va a garantizarles a las compañías y consorcios que ganen las obras el repago en el tiempo del capital invertido y el cobro tanto de los cánones o peajes por el uso de las nuevas infraestructuras (autopistas, rutas, cárceles, hospitales y escuelas). También de las tarifas correspondientes a los servicios de transporte, luz, gas y agua que se vayan sumando a los existentes.
En materia de vivienda, el Estado se haría cargo de proveer las redes de servicios básicos a las nuevas urbanizaciones y las empresas se encargarían de construir y vender o alquilar las viviendas.
El futuro de los PPP
Con respecto a los PPP, Ferraro ya aclaró que no se van a instrumentar de inmediato y que su instalación como principal método de contratación de obra pública podría demandar más de dos años. Para que sean aplicables, el nuevo Gobierno evalúa reparar primero los desequilibrios macroeconómicos, controlar la inflación y estabilizar los precios. Ferraro sostiene que con una economía ordenada y estable, bajo el paraguas de los PPP se podrían construir hasta nuevos estadios de fútbol, como los que hicieron en Brasil para el Mundial de 2014 tres consorcios privados asesorados por KMPG.
Nacidos en los 80 en Inglaterra, los PPP tuvieron su época de auge en España y algunos países de Latinoamérica unos años después; pero nunca llegaron a hacerse masivos. Técnicamente consisten en convenios entre contratistas privados que adelantan los fondos y construyen las obras y el Estado que asegura el repago de la inversión a largo plazo y autoriza el cobro de aranceles o tarifas por su uso.
Según las estadísticas del Banco Mundial, las obras de infraestructura y servicios concretadas bajo el paraguas de los PPP no superan el 10% a nivel global y en muchos casos fracasaron antes de tiempo por fallas de instrumentación y el fuerte encarecimiento financiero de los costos finales de los proyectos.
Milei fundamenta su apuesta por los PPP poniendo como ejemplo la “exitosa experiencia chilena” en el sector vial, que según la visión de las constructoras locales no aportó los beneficios esperados y ha dejado a varias empresas trasandinas en la lona.
Un pasado con dudas
En el terreno doméstico, los PPP arrastran un fracaso bastante reciente que profundiza las dudas sobre su futura viabilidad. Se trata de los seis corredores viales que el exministro macrista Guillermo Dietrich había adjudicado en 2018 bajo la modalidad PPP, con un amplio programa de obras y mejoras que llegaba a los US$ 6.000 millones.
Las inversiones iban a ser financiadas por las compañías privadas y entidades bancarias y luego repagadas con títulos de deuda del Estado que se rescatarían en forma semestral. Al poco tiempo de haber arrancado, los concesionarios debieron afrontar la crisis cambiaria y económica que llevó al gobierno de Macri a pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el cierre de todas las fuentes externas de financiamiento. A eso se sumó un contratiempo judicial inesperado: la mayoría de las empresas que integraban los consorcios quedaron involucradas en la causa de corrupción de los “cuadernos de Centeno”.
Sin posibilidad de obtener el financiamiento que habían prometido y con marcados atrasos en las obras, los PPP viales fueron mantenidos en pie hasta la salida de Macri, con prórrogas y modificaciones en las reglas de juego de legalidad dudosa. Congelados durante varios meses tras la llegada del gobierno de Alberto Fernández, los PPP viales se dieron de baja en el segundo semestre de 2020. Según el análisis realizado por la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), los trabajos concretados representaron solo 1,18% del total de las obras que estaban previstas y le terminaron generando al Estado una deuda a 10 años de US$ 112 millones, por los bonos de repago anticipado de lo invertido.
Nota Editada en LetraP
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