Por Antonio Rossi
Con el DNU 55/23 que extendió el estado de emergencia energética y las intervenciones del ENRE y el Enargas, el Gobierno de Javier Milei puso en la mira a Edenor y Edesur y reconoció por anticipado que, en el verano, no se podrán evitar los cortes masivos de luz en el AMBA durante los días de intenso de calor.
Junto con la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2024 de los sectores de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y de transporte y distribución en el servicio de gas natural, la norma publicada en el Boletín Oficial abrió el camino para remplazar a los actuales interventores del ente eléctrico Walter Martello y del organismo de control gasífero, Osvaldo Pitrau.
Los nuevos responsables de los entes serán designados antes de fin de año y la primera misión que tendrán que llevar adelante será la realización de las audiencias púbicas para definir los ajustes tarifarios y la reducción de subsidios que regirán desde el 1° de febrero. Después de esos aumentos "transitorios", las autoridades energéticas avanzarán con la aprobación de las nuevas Revisiones Tarifarias Integrales (RTI), que incluirán los planes de inversiones, los cuadros tarifarios y las tasas de rentabilidad que tendrán las compañías eléctricas y gasíferas privadas durante un plazo de cinco años.
En los fundamentos del DNU, la administración libertaria describió el crítico panorama eléctrico y gasífero que recibió como herencia de la gestión de Alberto Fernández.
Tras advertir que "la prestación de los servicios de luz y gas exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación", el DNU destacó que "resulta imperioso encauzar la prestación de esos servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes".
En el caso específico de las distribuidoras eléctricas de la región metropolitana, la norma puntualizó lo siguiente:
-Del informe del ENRE sobre los indicadores que reflejan la calidad del servicio público de Edesur, surge que la frecuencia media de interrupción por usuario en el semestre 53 fue de 2,58, cifra superior al parámetro de 2,07 considerado en la resolución 65/22. De esa manera, la duración total de interrupción semestral -6,60 horas- figura por encima del objetivo considerado de 3,81 horas.
-Por el lado de Edenor, si bien las interrupciones ocurridas en el semestre muestran una frecuencia media de interrupción por usuario de 1,99, dichos indicadores figuran por debajo del límite contemplado y la duración total de interrupción en el semestre fue de 4,78 horas, indicador que figura por encima del límite fijado en 2,64.
-Los resultados señalados representan un aumento del indicador de frecuencia media de interrupción por usuario para Edenor del 55,23 % y del 173,22% para Edesur.
-Lo expuesto, evidencia inversiones insuficientes que importan un crecimiento de la obsolescencia en los activos de las prestadoras, por lo que de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios.
Redes y usinas a pleno
En cuanto a la situación del transporte eléctrico, el DNU resaltó que "en los últimos años la incorporación de potencia para abastecer el crecimiento de la demanda eléctrica se vinculó al sistema de transporte eléctrico en puntos alejados de los grandes centros de carga y no fue acompañada por inversiones de magnitud, lo que ha derivado en la operación del sistema a plena capacidad, produciéndose inclusive congestiones en la red de alta tensión".
Por el lado de la generación eléctrica, consignó que "los sistemas de remuneración establecidos a los agentes del mercado mayorista a partir de 2003 en general y desde 2013 en particular, no han dado señales económicas suficientes para incentivar las inversiones necesarias acordes al crecimiento de la demanda".
Agregó, que la central nuclear Atucha I "se encuentra próxima a cumplir su vida útil, por lo que resulta imprescindible avanzar con su extensión, tarea que importará el retiro de oferta de generación y el consecuente efecto de agravamiento de la situación de oferta desde mediados de 2024 y por un período no menor a 24 meses".
Riesgos de cortes
Con respecto al horizonte de corto plazo, el DNU admitió las siguientes complicaciones y fallas operativas:
-Como consecuencia de las deficiencias estructurales en las redes de alta y media tensión que no han evolucionado al ritmo del crecimiento de las demandas máximas, se verifican efectos operativos negativos para el sistema energético que en algunas regiones del país alcanzan la calificación de críticos para determinados aspectos técnicos.
-Existen limitados niveles de reserva operativa en días y horas de alta exigencia, tanto en época estival como invernal, que son incompatibles con una operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de restricciones en el suministro ante hechos imprevistos.
-Los niveles de reserva del sistema no evidencian certezas suficientes respecto del ingreso de nuevos equipos de generación y la disponibilidad firme y previsible de recursos primarios, fundamentalmente gas y gasoil, que actualmente se importan del exterior.
Cuentas en rojo
En tanto, en el terreno económico el Gobierno alertó que "la situación financiera del mercado eléctrico mayorista está afectada por un sistema de retribución que no refleja los costos reales de producción y se verifica una situación generalizada de deudas de agentes distribuidores con dicho mercado".
"Solo para 2023, las transferencias de aportes del Tesoro Nacional requeridas por la Cammesa para hacer frente a ese desbalance superarán la suma de $ 1.400.000.000.000, con tendencia creciente debido al agravamiento de la cobranza a los distribuidores", puntualizó del DNU.
Ante esa situación límite, la evaluación oficial advirtió que "resulta indispensable coordinar la actuación de los distintos entes estatales y de las empresas públicas y privadas del sector energético para lograr el abastecimiento de manera adecuada y, en caso de ser necesario, para tomar las medidas y restricciones operativas para minimizar el impacto socioeconómico y maximizar la eficiencia de las medidas".
Fuente: iProfesional
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