Por Antonio Rossi
Sobre llovido, mojado. Como si no tuviera problemas económicos y desafíos políticos internos que afrontar, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, fue protagonista de un curioso entredicho diplomático que disparó un nuevo frente de conflicto con el flamante gobierno de Paraguay que preside Santiago Peña y cuyo origen Letra P adelantó en exclusiva a principios de este mes. Aunque todo se originó por unos U$S 5.000 en peajes impagos, hay en juego una recaudación millonaria y una vieja deuda de la que el país vecino prefiere no hablar.
El foco de la disputa, que escaló fuerte en los medios guaraníes donde tildaron a Massa de “mentiroso”, giró en torno del peaje fluvial que el Gobierno argentino comenzó a cobrar a principios de este año en el tramo de la hidrovía que va desde Santa Fe al norte hasta la zona de Confluencia y que afecta principalmente a las navieras y empresas barcaceras de Paraguay.
Con el apoyo de las provincias ribereñas, las empresas privadas del Círculo Rojo de la hidrovía y los sindicatos marítimos y portuarios; desde los primeros días de enero, la Administración General de Puertos (AGP) -conducida por el santacruceño kirchnerista José Beni- empezó a cobrarles a los barcos y convoyes de barcazas una tarifa de peaje de US$1,47 por Tonelada de Registro Neto (TRN) por las cargas internacionales y del mismo valor, pero en pesos, por los traslados de cabotaje.
Para justificar esa medida, el argumento oficial desplegado por la cartera de Transporte, que conduce el massista rosarino Diego Giuliano, fue que todos los usuarios del corredor navegable debían contribuir con el financiamiento de las obras de dragado y balizamiento y que la recaudación del nuevo peaje iba a ser reinvertida en la traza, por donde circulan anualmente unas 20 mil barcazas con cargas regionales e internacionales de productos agrícolas, combustibles líquidos y minerales.
Desde que entró en vigencia la medida, las navieras paraguayas -cuyos dueños son mayoritariamente empresarios locales que cambiaron de bandera por las mejores condiciones fiscales y las bajas cargas tributarias que brindan las autoridades de Asunción- lanzaron una fuerte ofensiva para esquivar el pago del peaje que, de a poco, fue sumando la adhesión y apoyo de los gobiernos de Paraguay y Brasil hasta que el tema pasó a formar parte de la agenda diplomática de reclamos a resolver en el ámbito de Comité Intergubernamental de la Hidrovía y de los organismos regionales de transporte del Mercosur.
En la primera semana de agosto, la situación de tensión que parecía controlada se agravó significativamente cuando la AGP consiguió que la Justicia argentina ordenara la interdicción de dos remolcadores de barcazas por la falta de pago de los peajes fluviales.
En ese momento, las embarcaciones HB Phoenix (de bandera boliviana) y HB Grus (de bandera paraguaya) pertenecientes a la naviera Hidrovías Do Brasil quedaron varios días inmovilizadas con cargas de origen brasileño en el puerto de San Lorenzo hasta que aparecieron los pagos de casi US$ 5.000 por las facturas de peajes que estaban en mora.
Tregua por 60 días buscando "cooperación"
Lejos de poder encapsular el tema y bajar los decibeles, la visita oficial que Massa concretó el jueves al nuevo mandatario paraguayo terminó detonando otro inesperado y ruidoso cruce diplomático.
Al término de la reunión, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano salió a informar que Massa había dispuesto el levantamiento del cobro de peaje durante un período de 60 días para evaluar los reclamos en curso y redefinir la postura argentina.
Tras verse sorprendidos por la noticia que comenzó a difundirse en los medios paraguayos como si fuera un paso atrás de la Argentina, Massa y Giuliano salieron a desmentir esa supuesta suspensión del peaje y precisaron que lo que se había planteado fue “una metodología de cooperación para realizar una hidrovía más competitiva y analizar de manera conjunta los costos de obras de dragado, balizamiento, batimetrías y control hidrológico de la vía navegable de Santa Fe al norte, que durante más de 12 años ha venido atendiendo de manera gratuita la Argentina”.
Según la versión de Massa, el acuerdo alcanzado comprende “el armado de una comisión de máximo nivel entre ministros para elevar a los presidentes en los próximos 60 días una propuesta que tenga una mirada de integración, pero además de proyección de largo plazo de la hidrovía".
Ante las posturas expresadas por los funcionarios argentinos, tanto el presidente Peña como el ministro Ramírez Lezcano salieron a manifestar su desagrado por lo que entendían que era una contramarcha del levantamiento del peaje que, según ellos, Massa había anunciado puertas adentro en la reunión de Asunción.
“Nosotros entendíamos que se iba a detener el cobro y que íbamos a sentarnos los cinco países [Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay] para analizar la situación. No negamos la opción del cobro porque Paraguay también debería cobrar por las inversiones en dragado que viene haciendo a lo largo de los últimos años, pero lo que no podemos es salir a cobrar sin tener el acuerdo de los otros cinco países, tal como hizo Argentina de manera unilateral”, destacó Peña.
El malestar paraguayo por la decisión argentina de extender el cobro del peaje fluvial aguas arriba del puerto de Santa Fe también quedó en evidencia en la protesta que elevaron los legisladores paraguayos al Parlamento del Mercosur. En caso de que no se revierta la situación, ya anticiparon que buscaran abrir un proceso de arbitraje internacional ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Las planillas que lleva la AGP muestran que más de la mitad de las empresas que circulan por el tramo de la hidrovía en conflicto abonan los peajes sin ningún reparo. Los números del primer semestre indican que la recaudación ascendió a casi US$ 10 millones y que está en curso la tramitación del cobro de otros de US$9 millones que se encuentran en distintas instancias administrativas.
Más allá de si el contrapunto fue una avivada de las nuevas autoridades guaraníes o si Massa cometió un desliz por querer quedar bien con sus anfitriones, lo cierto es que la cuestión del peaje ampliado de la hidrovía ha escalado a un nivel muy alto y va camino a ser uno de los temas centrales con Paraguay que deberá resolver la próxima administración que asuma en diciembre.
Mientras tanto y en medio del ruido y los cruces por el peaje fluvial, los funcionarios paraguayos siguen eludiendo una salida definitiva al pago de la deuda de US$ 4.500 millones que arrastran con Argentina por la construcción de Yacyretá.
Nota Editada en LetraP
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