Por Antonio Rossi
A medida que corren los minutos para la expiración de las concesiones otorgadas durante la administración menemista, el futuro inmediato de las centrales hidroeléctricas de la región del Comahue sigue generando contrapuntos e incertidumbres en medio de un escenario cada vez más conflictivo y tirante con las provincias de Neuquén y Río Negro.
Mientras la Secretaría de Energía comandada por la massista salteña, Flavia Royón última los detalles para crear una nueva empresa que se encargará de recibir y operar las primeras usinas hidroeléctricas que retornan a la órbita del Estado y resiste los embates cada vez más fuertes de las autoridades neuquinas y rionegrinas; los actuales concesionarios privados salieron a advertir que existe una serie de millonarios reclamos económicos que deberían resolverse junto con la devolución de las represas.
Dos días antes de las PASO nacionales agendadas para el 13 de agosto, concluyen los contratos de las primeras tres represas hidroeléctricas concesionadas en la década del 90: El Chocón-Arroyito; Alicurá y Planicie Banderita. Y 48 horas antes de que finalice 2023, termina la operación privada de Piedra de Águila. A ellas se agregarán otras ocho usinas hidroeléctricas de la Patagonia y el NOA que tienen fechas de vencimientos entre 2024 y 2029: Nihuiles, Diamante, Río Hondo, Futaleufú, Cabra Corral, Ullum, Cadillal y Pichi Picún Leufú. Y, por último, se encuentra la central Ameghino, cuyo cierre contractual está previsto recién para 2044.
Las hidroeléctricas en juego se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales tomados por los gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recursos aportados a través de las facturas del servicio eléctrico del país con los recargos tarifarios que se destinaron a las cuentas del "Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas" y del "Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados".
Más de 30 años de concesiones
Con la marea neoliberal de los años 90, dejaron de estar en la órbita del Estado y fueron concesionadas por un período de 30 años a distintas operadoras privadas. Tras varios cambios de accionistas y reconfiguraciones societarias, las conducciones mayoritarias de las centrales hidroeléctricas se encuentran actualmente en manos de tres grupos empresarios extranjeros y dos empresas locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.
En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur. El complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita pertenece a la firma de inversiones Orazul integrada por exejecutivos de Morgan Stanley. En la central Alicurá, la sociedad controlante se encuentra en cabeza del grupo norteamericano AES. Por su parte, Pichi Picún Leufú está bajo el control del grupo local Pampa Energía conducido por Marcelo Mindlin. Piedra del Águila, que aún tiene por delante ocho años de concesión, está en manos de la compañía local SADESA, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.
Tras recibir el informe final del ETAHC (Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados) creado a principios de 2022 para definir el destino de las centrales, la Secretaría de Energía decidió llevar adelante un nuevo formato de gestión basado en la creación de empresa operadora cuyo control mayoritario estará a cargo de la estatal Enarsa.
Cuál es el esquema para reemplazar a los operadores privados
El esquema para reemplazar a los operadores privados prevé dejar en manos de una nueva sociedad estatal la "tenencia y propiedad" de las usinas hidroeléctricas y contratar el gerenciamiento y operación de las máquinas generadoras a las empresas concesionarias salientes que quieran seguir vinculadas con el sector. En cuanto a las provincias de Neuquén y Río Negro, la intención oficial es integrarlas a un "consejo asesor" y, eventualmente, como futuras accionistas minoritarias.
Ante la decisión del gobierno nacional de hacerse cargo de las usinas a medida que finalicen los contratos, las concesionarias actuales advirtieron a las autoridades de Energía que tiene que haber una solución para los planteos económicos que están en curso contra el Estado.
Se trata de los reclamos originados por las medidas adoptadas en los últimos 20 años por los funcionarios nacionales de distintas administraciones que alteraron las reglas originales de juego y recortaron los ingresos tarifarios que estaban previstos en los contratos.
Tras calcular que los reclamos en juego oscilarían entre u$s 500 y 800 millones, las empresas concesionarias destacaron que sus planteos fueron avalados con un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que determinó el impacto económico registrado desde 2003 en adelante por las modificaciones regulatorias que fueron podando los precios que tenían reconocidos en los contratos de venta de energía.
Reclamos en curso
Si bien la mayor parte de los reclamos en curso se encuentran en la órbita local, ya hay dos grupos concesionarios -AES y Orazul- que tomaron la decisión de acudir al tribunal internacional del CIADI para denunciar al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados de protección de inversiones extranjeras.
Mientras se aguarda una respuesta oficial a esos planteos de los operadores privados salientes, los gobiernos de Neuquén y Río Negro siguen aumentando la presión para quedarse con las represas.
Desde el año pasado, vienen desplegando una serie de movimientos para capturar el manejo y la facturación de las usinas del Comahue por medio de una nueva empresa estatal conjunta.
Ante el camino opuesto que tomó la Nación, ahora las provincias amenazan con imponer el pago de un impuesto extraordinario por el uso del agua si los funcionarios de Energía no se sientan a negociar otra salida que tenga en cuenta sus pretensiones.
Fuente: iProfesional
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