Por Antonio Rossi
El conflicto planteado con las autoridades de Paraguay por la ampliación del cobro del peaje en la hidrovía desde Santa Fe al norte hasta la zona de Confluencia dio paso a dos nuevas expresiones de la grieta que divide las aguas entre el Gobierno y la oposición, y que ahora también parece extenderse a las huestes de Juntos por el Cambio (JxC).
En la última semana afloraron en la Cámara de Diputados dos movidas de legisladores que integran el interbloque de JxC que, si bien cuestionan el accionar del Gobierno en la puesta en marcha de la facturación del nuevo peaje, han puesto de manifiesto posiciones encontradas a la hora de evaluar los fundamentos legales de la decisión.
Desde enero, la Administración General de Puertos (AGP) conducida por el santacruceño kirchnerista José Beni comenzó a facturarles a las navieras y barcaceras una tarifa de US$1,47 por Tonelada de Registro Neto (TRN) para las cargas internacionales y otra de igual valor, pero en pesos, para los traslados de cabotaje.
De movida, las navieras paraguayas – propiedad de empresas argentinas que cambiaron de bandera por las mejores condiciones fiscales y las bajas cargas tributarias- desplegaron una ofensiva para esquivar el pago y lograr el apoyo de los países que integran el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH). Con el correr de los meses la tensión se agravó con las interdicciones judiciales de embarcaciones que fue consiguiendo la AGP para que las empresas morosas se pongan al día.
Ahora, mientras la administración paraguaya de Santiago Peña pule los detalles para denunciar a la Argentina ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y otros organismos internacionales, un grupo de 13 representantes de la UCR en la Cámara de Diputados se alineó con la postura paraguaya fundamentada en dos puntos: la falta de un acuerdo previo entre los países miembros de la Hidrovía que avale el cobro del peaje, y la interrupción de la libre navegación de los ríos que imponen las autoridades locales al impedir el paso de los barcos que no pagan las tarifas vigentes.
Argumentos que dividen las aguas
Integrantes de la bancada radical, Pedro Galimberti, Lidia Ascarate, Migue Bazze, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Marcela Coli, Víctor Romero, Francisco Sanchéz, Pamela Verasay, Marcos Carasso, Gabriela Lena, Jorge Rizzotti y Jorge Vara elevaron un pedido de informe a los ministros de Economía y Transporte mediante un documento con tres cuestiones claves:
El cobro de peaje de Santa Fe a norte que establece la resolución 625/22 del Ministerio de Transporte se contrapone al Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, firmado entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay que tiene como finalidad “avanzar en la integración física regional entre estos países mediante el Proyecto Hidrovía Paraguay – Paraná”.
La medida incumple con dos artículos de ese Acuerdo. El quinto que establece que “sin acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, embarcaciones o cargamentos, basado únicamente en el hecho de navegación”; y el séptimo que determina que “los países signatarios compatibilizarán y/o armonizarán legislaciones para crear condiciones de igualdad de oportunidades para permitir la liberalización del mercado, la reducción de costos y una mayor competitividad”.
Los tratados están regulados por el Derecho Internacional Público y en caso de ser incumplidos, hay consecuencias legales del orden supranacional. Desde que un Estado manifiesta su consentimiento, nace un vínculo jurídico y se debe someter al arbitraje internacional en caso de controversias. Por tanto, no se puede alegar el derecho interno para incumplir un tratado internacional, lo que haría carecer de validez legal a la resolución 625/22”.
Aval con reparos de la CC
Otro grupo del interbloque JxC, compuesto mayoritariamente por legisladores y legisladoras de la Coalición Cívica (CC), también reclamó informes y aclaraciones a las autoridades ministeriales de Economía, Transporte y Cancillería; pero con argumentos más contemplativos con la posición del Gobierno.
El pedido de informes con las firmas de Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Rubén Manzi, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Santiago Espil consideró que “una vez más nos vemos arrastrados a una situación de tensión con países de la región por el desmanejo de una diplomacia que por decisión del Gobierno, loteó las áreas por afinidades ideológicas y descuidó la preeminencia del trabajo profesional en la atención a los intereses nacionales”.
El planteo advirtió que existe una “escalada injustificada con Paraguay que probablemente esté equivocado sobre el fondo del asunto en el cual nuestro país estaría obrando a derecho con el cobro del peaje. De ser así, el Gobierno debería explicar con más detalles si, al no haber cobrado peaje desde que 2013 cuando se iniciaron las obras de dragado y balizamiento, estuvimos subsidiando al país vecino en unos US$ 40 millones por año”.
Remarcó, además, que “el Gobierno tuvo una estrategia que fue la de confrontar y permitir la reacción desproporcionada del país vecino. Es preciso que los responsables informen sobre los derechos que asisten a nuestro país y los cuantiosos subsidios que dieron en los últimos 10 años y a quienes beneficiaron en la hidrovía. Pero, sobre todo, que aclaren las razones de una torpeza que nos coloca en una crisis innecesaria con la hermana República del Paraguay”.
Represalias y deudas
En cuanto a la medida de represalia que adoptaron las autoridades paraguayas al tomar la totalidad de la energía que le corresponde de Yacyretá y que hasta la semana pasada la venían cediendo a la Argentina, el planteo en juego requirió que la Secretaría de Energía comandada por la massista salteña Flavia Royón aclarara si existe algún riesgo que pueda afectar el servicio eléctrico.
Además, solicitó que las autoridades económicas reconozcan de cuánto es la deuda pendiente con Paraguay por la compra de energía eléctrica de Yacyretá. También le pidió que pongan sobre la mesa cuál es el monto total y las medidas que pusieron en marcha para poder cobrarle al socio guaraní la suma multimillonaria que le debe a la Argentina por la construcción de la central hidroeléctrica binacional que, tal como dijo Carlos Menem a principios de los 90, arrastra el estigma de ser el principal "momento de la corrupción".
Nota Editada en LetraP
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