Por Antonio Rossi
El silencioso ajuste que viene aplicando el ministro de Economía, Sergio Massa, en las partidas presupuestarias destinadas al área de Transporte comenzó a mostrar sus primeros impactos negativos en las líneas de colectivos y los servicios ferroviarios de la región metropolitana.
Por el lado de las compañías de micros, la nueva situación conflictiva que puso sobre el tapete el gremio de choferes de la UTA, piloteado por el histórico Roberto Fernández, es la falta de pago de una suma fija de $ 20.000 que estaba acordada desde setiembre y que las empresas sostienen que no pueden abonar porque el Gobierno no está desembolsando los subsidios que se había comprometido girar para cumplir con el acuerdo salarial del año pasado.
En tanto, por el lado de los trenes, que opera la ferroviaria estatal comandada por el massista bonaerense Martín Marinucci, el mayor problema generado por el torniquete económico afloró en la línea San Martín, donde el diagrama diario de servicios fue recortado en un 40% hasta nuevo aviso debido a atrasos registrados en los pagos de las reparaciones y los arreglos de las formaciones que se encuentran averiadas.
Desde la conducción de la UTA ya le avisaron a Massa y al ministro de Transporte, Diego Giuliano, que, si en las próximas horas no aparecen los fondos para el ingreso adicional de $ 20.000, a partir del martes van a paralizar los servicios en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Fernández está molesto con los dos ministros porque el atraso en la liquidación de subsidios también ha dejado en el aire la firma del acuerdo paritario para el primer semestre de este año que había abrochado a mediados de enero.
En ese momento y ante un pedido especial de Massa y de su colega de Trabajo, Kelly Olmos, el titular de la UTA fue el primero que aceptó la pauta de ajuste salarial anual en torno del 60% impulsada desde el Gobierno.
En línea con la variación inflacionaria prevista en la ley de Presupuesto, Fernández le dio el visto bueno a un acuerdo salarial para el primer semestre del año, que contempla un ajuste de solo el 31% y una cláusula de revisión a partir de julio.
A casi un mes de haberlo anunciado, el convenio todavía no fue formalizado y no se descarta que, ante la disparada inflacionaria de enero y la proyectada para febrero, la UTA decida darlo por caída para salir a reclamar una recomposición mayor.
En la última paritaria firmada en setiembre, el empresariado y el gremio habían establecido que en el transcurso del primer mes de 2023 iban a celebrar “las negociaciones tendientes a acordar los salarios correspondientes al primer trimestre del año y para el caso de que al 31 de enero no se arribe a un acuerdo, se otorgará un anticipo a cuenta de $ 20.000 no remunerativo”.
Hasta ahora, ninguna empresa de colectivo del AMBA abonó ese refuerzo con el argumento de que enfrentan una “situación económica y financiera crítica” debido a los atrasos que se acumulan en los pagos de subsidios y la falta de actualización de los costos operativos del sector que se toman como referencia para calcular las compensaciones tarifarias.
Por medio de una nota remitida en las últimas horas a Giuliano y a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, y del Gobierno porteño, Manuela López Menéndez; las cámaras del sector fijaron su posición y advirtieron que “se torna materialmente imposible la continuidad de los servicios y el pago de cualquier eventual ajuste por parte de las empresas” en el actual contexto inflacionario y de atrasos en el envío de los subsidios comprometidos.
De acuerdo con la última resolución de costos, tarifas y subsidios; el Gobierno tiene que girar hasta marzo a las líneas metropolitanas de colectivos una asistencia económica mensual que promedia los $32.500 millones.
Las empresas plantean que esa suma resulta insuficiente porque está basada en costos operativos del mes de agosto que no fueron actualizados y no incluye la compensación comprometida por el Gobierno para hacer frente a los aumentos salariales pagados en los últimos seis meses. Según las cuentas de las empresas, el monto de los subsidios debería incrementarse en casi $ 5.000 millones mensuales para poder afrontar todos los costos operativos y salariales, un salto que por ahora no figuraría en los planes de Economía, que viene cumpliendo al pie de la letra con las metas de achicamiento del gasto público y reducción del déficit fiscal que forman parte del acuerdo vigente con el FMI.
Achique sobre rieles
En el terreno ferroviario, los problemas derivados del recorte presupuestario quedaron al descubierto con la decisión de la empresa estatal SOFSE de reducir la cantidad de servicios diarios entre Retiro y Pilar en casi un 40%.
Tras haber acumulado varios días de cancelaciones y demoras, la ferroviaria estatal manejada por Marinucci blanqueó que solo puede correr un diagrama de servicios reducido similar al previsto para los días domingos y feriados debido a la menguada cantidad de trenes que tiene en condiciones aptas para circular.
De las 22 formaciones chinas que integran el parque operativo que adquirió hace una década el entonces ministro de Transporte, Florencio Randazzo, hay 12 que están fuera de servicio con reparaciones y arreglos frenados o que vienen a media máquina por la falta de repuestos y atrasos en los pagos.
Mientras siguen de cerca la situación límite que presentan los servicios diésel de las líneas Roca y Sarmiento, puertas adentro de SOFSE no descartan que las restricciones económicas también se extiendan a los trenes de larga distancia, donde la última licitación para adquirir repuestos para los coches remolcados ya sufrió dos postergaciones.
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