Por Antonio Rossi
Proyectado desde hace más de una década y retrasado por diferencias políticas y trabas financieras, el nuevo gasoducto troncal que el Gobierno bautizó con el nombre Presidente Néstor Kirchner (GPNK) viene a resolver parcialmente el cuello de botella que arrastra la capacidad de transporte del sistema gasífero para poder llevar la creciente producción no convencional del yacimiento Vaca Muerta hacia los centros de mayor consumo del AMBA y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Si bien constituye un paso clave para empezar a sacarle más el jugo a la producción gasífera local con la consiguiente reducción de las importaciones de combustibles más caros, la inauguración de la primera etapa del GPNK pone a las actuales autoridades y a las que asumirán en diciembre ante el doble desafío de continuar las obras complementarias y poner en marcha los nuevos proyectos de ampliación de la red de gasoductos que permitirán explotar al máximo al potencial de Vaca Muerta.
La obra se erige como el único proyecto de infraestructura energética relevante que ha logrado concretar la administración de Alberto Fernández y tiene el dato inusual y positivo de que se pudo terminar dentro de los plazos fijados inicialmente.
Antigrieta: la obra que quisieron todos los gobiernos
La necesidad logística de tener un nuevo gasoducto para poder transportar el gas de Vaca Muerta comenzó a plantearse durante el segundo mandado de Cristina Kirchner sin que se lograra avanzar más allá de algunos esbozos de la obra.
Tras haberlo congelado en el tramo inicial de su gestión, el gobierno de Mauricio Macri retomó la iniciativa para construir el gasoducto a principios de 2018. Bajo el formato de un contrato PPP de asociación pública-privada, la administración macrista apuntó a crear una nueva transportadora troncal (Transportadora de Gas del Centro) con una licencia para hacerse cargo de la construcción del gasoducto y cobrar un peaje a los cargadores para el repago de la obra.
Afectado por la crisis económica de ese año y la falta de interés de inversores privados, el proceso licitatorio fue suspendido luego de las PASO de agosto de 2019, que dejaron perfilado un cambio de mando en la Casa Rosada y una nueva orientación en materia de política energética.
Pese a que estuvo en el listado de las obras prioritarias que el Frente de Todos prometió en la campaña presidencial, el gobierno de Alberto Fernández recién puso en marcha la licitación del gasoducto a mediados de 2022.
Durante 2021, el exsecretario de Energía Darío Martínez perdió casi ocho meses esperando que se hiciera realidad el fallido acuerdo que había firmado con las compañías chinas Shanghai Electric y PowerChina. Esas empresas iban a encargarse de los estudios técnicos, la construcción y la financiación de las obras con créditos de bancos chinos, pero nada de eso llegó a buen puerto.
Luego de optar por el armado de varias licitaciones segmentadas en lugar de una contratación “llave en mano” a un solo consorcio constructor, la conducción de Enarsa fue a buscar al ex interventor del Enargas Antonio Pronsato para que tomara las riendas del proyecto, quien solo llegó a estar un par de meses y se fue dando un portazo por las diferencias de criterio con el equipo técnico que respondía a la dirección.
Además, en medio de las licitaciones, una fallida denuncia por la procedencia y las medidas de los caños impulsada por el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, generó una sonada pelea interna que terminó con la eyección de ese funcionario del gabinete nacional.
Para abonar las obras de la primera etapa del GPNK, cuyo costo trepó a US$ 2.500 millones, el Gobierno armó un esquema financiero alimentado con recursos presupuestarios y una porción de los ingresos recaudados por el impuesto a la riqueza. En tanto, el repago inicial de lo invertido quedó a cargo de la Cammesa y los usuarios del servicio eléctrico, mediante el desembolso de una tarifa especial por el uso de la mayor parte de la capacidad de transporte para trasladar el gas destinado a las centrales térmicas.
Después del acto oficial de inauguración que el Gobierno prevé realizar con bombos y platillos el Día de la Independencia, el gasoducto comenzará a aportar a la red nacional unos 11 MMm3 diarios que ayudarán a recortar las importaciones de GNL y de combustibles alternativos. Según los cálculos oficiales, durante el primer año de operaciones habría un ahorro fiscal de US$ 2.200 millones por la sustitución de importaciones de combustibles alternativos.
Las licitaciones por venir, clave para los números
En los primeros meses de 2024, la capacidad de transporte debería elevarse hasta 21 MMm3 diarios con la habilitación de dos plantas compresoras adicionales que saldrán a licitación en las próximas semanas.
A eso se suman dos obras complementarias clave para la expansión del negocio gasífero que el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, se comprometió a licitar antes de las PASO.
La primera comprende la reversión de la circulación del Gasoducto del Norte para remplazar el gas que dejará de enviar Bolivia con una mayor producción local de Vaca Muerta. El proyecto comprende un loop de 62 kilómetros paralelo al Gasoducto del Norte, la reversión de cinco plantas conversoras y un nuevo un gasoducto de 122 kilómetros entre Tío Pujio y La Carlota para unir los sistemas trocales de transporte de TGS y TGN.
Las obras, que permitirán inyectar unos 19 MMm3 desde los yacimientos de Vaca Muerta, van a demandar una inversión estimada en US$712 millones que el Gobierno prevé cubrir con una línea de crédito ya aprobada de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de US$540 millones y un aporte de fondos públicos por los US$172 millones restantes.
La otra obra significativa corresponde a la segunda etapa del GPNK entre Salliqueló y la localidad santafesina de San Jerónimo. Abarca una extensión de 467 kilómetros para transportar hasta 20 MMm3 diarios adicionales destinados a abastecer a las industrias y principales ciudades las regiones Centro y NEA.
La inversión prevista ronda los US$ 2.000 millones, de los cuales el BNDES de Brasil ya se comprometió a financiar US$ 690 millones para la provisión de las chapas y la fabricación de los caños que estarán a cargo de empresas controladas por el grupo Techint.
Para los restantes US$ 1.300 millones, el Gobierno prevé implementar un esquema, hasta ahora indefinido, de “invitación al sector privado para que de manera colaborativa y asociada participe en la realización de la obra”.
Nota Editada en LetraP
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