Por Antonio Rossi
Amenos que en las próximas horas la Secretaría de Energía decida darle curso a una medida alternativa que está dando vueltas para limitar el impacto del ajuste y posponer por unos meses la eliminación total de los subsidios, desde el primer minuto de febrero ya ha empezado a correr una suba en el precio de la energía eléctrica que oscila entre el 30% y 40% correspondiente a la última tanda de aumentos del esquema de "segmentación tarifaria".
El incremento tarifario –derivado de la quita de subsidios que comenzó a aplicarse desde el último trimestre del año pasado— recae sobre los usuarios residenciales de mayores ingresos y los hogares de sectores medios que consuman más de 400 kWh mensuales en el área metropolitana y más de 650 kWh en las provincias que integran la región del Norte Grande.
Los aumentos para ese bloque de usuarios habían arrancado en octubre con una quita del 20% de los subsidios que dio paso a un ajuste tarifario promedio del 40%. Prosiguió en diciembre con un segundo corte del 40% de los subsidios vigentes que disparó una nueva suba promedio del 80% en el precio de la energía. Y ahora llega la tercera y última quita del 40% restante de los subsidios que estaban en pie con otro aumento del orden del 70% en el precio mayorista de la energía que tendrá un impacto final en las facturas del 30% al 40%.
Para los usuarios de mayores ingresos enmarcados en el Nivel 1 y los encuadrados en el Nivel 3 que sobrepasen los topes de consumo bonificados, la eliminación total de los subsidios representará una suba promedio en la boleta final del 150% con respecto a las tarifas que estaban vigentes en setiembre pasado.
A eso habrá que agregarle los aumentos específicos para las distribuidoras y cooperativas eléctricas que están tratando en cada provincia junto con las subas correspondientes para Edenor y Edesur que tiene que definir el gobierno nacional.
Ahora bien, ¿cuántos son los hogares alcanzados por estos aumentos correspondientes al precio de la energía que tienen alcance nacional y cuál es la situación que se registra en cada provincia?
Quita de subsidio: cómo quedó definido el escenario del aumento tarifario
Tras varios meses de mutismo oficial sobre esas cuestiones, un reciente informe del área energética que conduce la massista salteña Flavia Royón puso sobre el tapete el escenario actual que dejó configurado la "segmentación tarifaria eléctrica".
Los últimos datos del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) muestran que, en el caso del servicio eléctrico, el padrón total de inscriptos llega a 9,63 millones hogares.
De ese total a nivel nacional, el 34% corresponde al Nivel 1 que está integrado por 3,2 millones de hogares que desde este mes pasarán a pagar el componente tarifario de generación sin ninguna clase de subsidios.
En tanto, los agrupados en el Nivel 2 de bajos ingresos que seguirán conservando los subsidios suman 4,6 millones de hogares y representan el 47,8% del total.
Completan el cuadro los encasillados en el Nivel 3 que equivalen al 18,3% del total y alcanzan a 1,7 millones de hogares de clase media que deberán afrontar el precio pleno de la energía solo en los casos que superen los escalones de consumo que permanecen bonificados.
Al analizar la situación particular de cada provincia, el informe destacó que hay cinco jurisdicciones que tienen los niveles más altos de usuarios residenciales que perderán la totalidad de los subsidios.
Por encima del promedio nacional del 34%, las mayores incidencias de hogares N1 se dan en la Capital Federal con el 47,3%, en la provincia de Córdoba con el 42,1% y Tierra del Fuego con el 41,6%. Les siguen Neuquén con el 41,5% y Entre Ríos con el 39,2% de los hogares considerados de mayores ingresos que tendrán una quita total de subsidios.
A su vez, el bloque de provincias donde los hogares N1 representan entre el 20% y 35% de la clientela residencial está compuesto por: Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, San Juan, Corrientes, Misiones, Chubut y Santa Cruz.
En tanto, en el lote de las provincias que tienen la menor cantidad de hogares de altos ingresos quedaron solo San Luis -con el 13,9%- y La Rioja, donde apenas el 10% de los clientes residenciales abonarán la tarifa plena.
Con respecto al mantenimiento de los subsidios, el documento elaborado por los técnicos de Energía señaló que "los mayores índices de cobertura se observan en las provincias con mayor índice de vulnerabilidad social como las provincias del NOA, aunque también existen índices particularmente elevados en Chubut, San Luis, Santa Cruz y Mendoza, que a priori se las identifica como provincias con ingresos medio-alto".
Nuevo plan de abordaje territorial para la segmentación tarifaria
De cara al accionar previsto para este año, los funcionarios de Energía indicaron que "una de las principales medidas a trabajar será el refuerzo de los operativos territoriales en las distintas jurisdicciones con el fin de asegurar que todas las personas que quieran y necesiten acceder al subsidio puedan hacerlo".
Para eso prevén implementar un nuevo "plan de abordaje territorial de la segmentación tarifaria que el ministerio de Economía de Sergio Massa se encuentra negociando con otras carteras y organismos públicos que tienen representación en todo el país".
Otra medida en carpeta consiste "en reforzar los sistemas de georreferenciación por proyección cartográfica de todos los suministros de energía eléctrica y gas que permitirá poder cruzar la información con otros registros como herramienta de focalización".
Según la evaluación oficial, esa información "también será de utilidad para que las operadoras eléctricas y las provincias puedan realizar mejores políticas para aumentar la eficiencia de los sistemas de distribución, medir las pérdidas no técnicas y colaborar en la identificación de políticas que promuevan el ahorro energético".
A la hora de evaluar los cambios tarifarios, la conclusión de las autoridades energéticas es que "el esquema de la segmentación, con el retiro de los subsidios a los sectores que no lo requieren ni solicitan, permitirá priorizar la recomposición de la sostenibilidad financiera de la Cammesa, disminuyendo el costo fiscal del sistema en su conjunto lo que redundará en un mejoramiento de las condiciones económicas del país para todos".
Fuente: iProfesional
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