Por Antonio Rossi
Anunciado el epílogo de 2022 y en medio de los cortes de luz que afectaban a la región metropolitana, el "megasalvataje" financiero para que las distribuidoras y cooperativas eléctricas regularicen con amplias facilidades y beneficios las millonarias deudas que arrastran con la Cammesa dejó planteado una serie de interrogantes por las facturas que quedaron impagas y lo que podría pasar en los próximos meses con aquellas empresas que vuelvan a incurrir en mora.
El último día hábil del año pasado, la Secretaría de Energía –que conduce la massista salteña Flavia Royón—informó que había alcanzado un acuerdo de renegociación y perdón de deudas con 16 compañías eléctricas, entre las cuales se encuentran Edesur y Edesur, las dos distribuidoras privadas más grandes del país que concentraban casi el 50% del total de las facturas de energía pendientes de cobro por parte de la administradora del mercado mayorista eléctrico.
El "régimen especial de regularización" concedido por el Gobierno para las obligaciones impagas que acumularon las distribuidoras eléctricas hasta el 31 de agosto pasado comprende cinco puntos relevantes:
La deuda final de las compañías eléctricas, tras los beneficios
En el caso de las distribuidoras de la región metropolitana del AMBA, la aplicación de ese "combo" de beneficios dejó en pie el siguiente panorama:
-Edesur (controlada por el grupo italiano Enel) arrastraba a fines de agosto una deuda actualizada de $113.000 millones. Por la quita de los intereses punitorios, la cuenta en rojo quedó $66.000 millones. De ese total, sólo tendrá que pagar $47.000 millones en un periodo de 8 ocho años, ya que los $19.000 millones restantes quedaron "compensados".
-Por el lado de Edenor (en manos del trío de empresarios locales integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti), los números finales muestran que la deuda actualizada de $106.000 millones se achicó -por la eliminación de los punitorios- a $57.000 millones, de cuales sólo abonará $33.000 millones porque los restantes $24.000 millones entraron en el esquema de "compensación".
De esta manera, la deuda total de $218.000 millones que tenían en conjunto las dos eléctricas metropolitanas se vio encogida a $123.000 millones y, de ese monto, las empresas solo terminarán pagando $80.000 millones en cómodas cuotas que llegarán hasta mediados de 2031.
En menor escala, el mismo "paquete" de ayuda estatal también se replicó con la empresa estatal misionera EMSA. La deuda acumulada a fines de agosto que era de $37.000 millones bajó a $19.000 millones por la supresión de la carga de punitorios. De esa suma, logró compensar $2.700 millones y va a pagar a largo plazo $16.300 millones.
Por su parte, la compañía estatal chaqueña Sechep arrastraba una deuda de $35.000 millones que se vio recortada a $17.600 millones, de los cuales deberá abonar $14.400 millones tras compensar un monto equivalente a $3.251 millones.
En el caso de la riojana EDELAR, el pasivo de $16.000 millones quedó reconfigurado a $9.285 millones, pasando a pagar en cuotas $7.765 millones con $1.520 millones reconocidos como "compensación".
En tanto, la mendocina EDEMSA -controlada también por una sociedad de Manzano y Vila- logró bajar su rojo acumulado a agosto pasado de $11.250 millones a $7.384 millones con perdón por compensación de $3.865 millones.
Puntos borrosos del salvataje millonario
El particular mecanismo de regularización de deudas que el área energética –con el visto bueno del ministro de Economía, Sergio Massa—decidió aplicar de manera generalizada tiene tres aristas salientes donde predominan más las dudas que las certezas.
La primera es qué va a pasar con las deudas que se registraron desde fines de agosto -fecha de corte del esquema de reperfilamiento de las facturas atrasadas- hasta ahora.
Según el último informe de cobranzas de la Cammesa, entre setiembre y diciembre, Edenor acumuló una deuda de $41.000 millones; mientras que, por el lado de Edesur, el saldo impago llega a los $37.000 millones. En ese mismo período, los pagos atrasados de Sechep suman $5.400 millones; los de EMSA, $3.900 millones y los correspondientes a EDELAR, $2.400 millones.
El segundo aspecto tiene que ver con los diferentes criterios que usaron los técnicos de Energía a la hora de reconocer distintos niveles de "compensación" de deudas. De las 16 empresas que regularizaron sus deudas el 30 de diciembre, las más beneficiadas con compensaciones que van de 20% al 34% fueron Edenor, Edesur y la mendocina EMDESA.
Y el tercer punto en la mira es el referido a qué medidas tomarán los funcionarios con las eléctricas que vuelvan a pisar los pagos a la Cammesa.
Los acuerdos firmados contemplan el compromiso de las empresas de no volver a endeudarse a partir de marzo. A partir de ese mes, las distribuidoras deberán abonar la totalidad de las facturas de la energía que reciben del sistema eléctrico nacional.
Ante un incumplimiento de esa cláusula, Energía debería dar por caído el acuerdo de regularización y aplicar las sanciones de restricciones de suministro que prevén las normas regulatorias para las empresas deudores. Dos medidas extremas que, en medio de la encarnizada campaña electoral que se avecina, muchos dudan que se pueden llevar a la práctica.
Fuente: iProfesional
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