Por Antonio Rossi
Con el doble fin de descomprimir la tensión planteada con las autoridades provinciales de Neuquén y Río Negro y ganar tiempo para que la cuestión no entorpezca la campaña electoral, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa decidió postergar la toma de posesión de las cuatro primeras centrales hidroeléctricas de la región del Comahue que debían regresar a la órbita del Estado nacional a partir de los primeros días de agosto.
Por medio de la resolución 574/23, la Secretaría de Energía que pilotea Flavia Royón, resolvió que las actuales concesionarias privadas de las hidroeléctricas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila continúen operando las usinas luego de que finalicen los períodos contractuales en curso por un plazo inicial de 60 días más.
Esa extensión de la operación privada de las represas podrá prorrogarse por otros 60 días adicionales y llegado el caso, las autoridades energéticas también estarán en condiciones de poder hacer uso de la opción máxima prevista en los contratos para prolongar la presencia de las actuales concesionarias hasta un plazo de 12 meses.
Junto con la prórroga del manejo privado de las usinas, la resolución de Energía estableció que durante el nuevo período de transición--que empezará a correr al expirar el plazo originario de cada concesión-- la empresa estatal ENARSA actuará como "veedora" con la asistencia y colaboración de una "comisión tripartita" que integrarán un representante del ministerio de Economía y uno por cada una de las provincias de Neuquén y Río Negro.
Con esta movida, la administración de Alberto Fernández evita llevar adelante la compleja reestatización de las hidroeléctricas mientras se realizan las PASO y las elecciones presidenciales y prepara el terreno para transferirle el problema y la decisión de fondo a las próximas autoridades que asumirán a partir de diciembre.
Dos días antes de las PASO nacionales agendadas para el 13 de agosto, concluyen los contratos de las primeras tres represas hidroeléctricas concesionadas en la década del 90: El Chocón, Alicurá y Planicie Banderita. Y 48 horas antes de que finalice 2023, termina la operación privada de Piedra de Águila. A ellas se agregarán otras ocho usinas hidroeléctricas de la Patagonia y el NOA que tienen fechas de vencimientos entre 2024 y 2029: Nihuiles, Diamante, Río Hondo, Futaleufú, Cabra Corral, Ullum, Cadillal y Pichi Picún Leufú. Y, por último, se encuentra la central Ameghino, cuyo cierre contractual está previsto recién para 2044.
La operación privada de las represas se prorroga
Las hidroeléctricas en juego se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales tomados por los gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recursos aportados a través de las facturas del servicio eléctrico del país con los recargos tarifarios que se destinaron a las cuentas del "Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas" y del "Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados".
Con la marea neoliberal de los años 90, dejaron de estar en la órbita del Estado y fueron concesionadas por un período de tres décadas a distintas operadoras privadas.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur. Por su parte, el complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita pertenece a la firma de inversiones Orazul integrada por exejecutivos de Morgan Stanley. En el caso de la central Alicurá, la sociedad controlante se encuentra en cabeza del grupo norteamericano AES. Y Piedra del Águila está en manos de la compañía local SADESA, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.
Tras recibir el informe final del ETAHC (Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados) creado a principios de 2022 para definir el destino de las centrales, la Secretaría de Energía había resuelto a mediados de mayo que las primeras cuatro represas pasen a ser operadoras por la estatal ENARSA.
Esa decisión chocó de frente con las pretensiones de los gobiernos de Neuquén y Río Negro de quedarse con "el control, la operación y la facturación" de las hidroeléctricas del Comahue.
Luego de una ola creciente de reclamos y la amenaza de imponerle el pago de un impuesto extraordinario por el uso del agua, las provincias patagónicas lograron arrancarle a Massa la promesa de crear una "mesa política técnica" con el fin de evaluar "el manejo futuro de las represas".
Esa salida es la que, en principio, contempla la nueva norma de Energía que alargó transitoriamente el manejo privado de las usinas y abrió la puerta para una negociación tripartita entre la cartera de Economía y los gobiernos provinciales.
Los fundamentos de la decisión
Entre los fundamentos citados para justificar el cambio de la hoja de ruta inicial que se había fijado para la reestatización de las usinas, la resolución firmada por Royón destacó que "resulta pertinente adoptar medidas dentro del marco contractual que permitan garantizar la continuidad del servicio que prestan las centrales y resguardar los intereses públicos vinculados con la generación energética y preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la cuenca".
Agregó, además, que "deben tomarse medidas tendientes a realizar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales a los nuevos responsables y garantizar que la culminación de los contratos de concesión vigentes no incida negativamente en el despacho de energía que sea requerido por SADI".
En la parte resolutiva, dispuso que "las concesionarias deberán continuar a cargo del complejo hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante 60 días corridos prorrogables por otros 60 días corridos, sin perjuicio de la facultad que tiene la Secretaría de Energía para ampliarlo hasta el plazo máximo de 12 meses fijado en los contratos".
En cuanto a la nueva función de veedora asignada a ENARSA, la resolución precisó que "tiene el derecho de asistir a todas las reuniones de la asamblea y del directorio de cada concesionaria para lo cual deberá ser formalmente citada. También podrá examinar sus libros, archivos y documentación, solicitar informes a cualquiera de los órganos y gerencias de la sociedad, designar colaboradores y delegarles funciones y atribuciones y, en general, realizar todos los actos convenientes para el mejor desempeño de su cometido".
Fuente: iProfesional
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