Por Antonio Rossi
Con una desprolijidad administrativa similar a la registrada en otros casos de salidas y remplazos de funcionarios; el Gobierno de Javier Milei terminó de darle forma y contenido a la nueva repartición que deberá implementar las medidas de ajuste en las empresas públicas y las concesiones y privatizaciones de las compañías estatales que fueron autorizadas por el Congreso.
Se trata de la nueva la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, la cual fue creada la semana pasada a través del decreto 644/24 con el fin de que cumpla sus tareas bajo la órbita del ministerio de Economía comandado por Luis Toto Caputo.
Ahora, por medio del decreto 665/24, la administración mileísta procedió a nombrar titular de esa “Agencia de Transformación” a Diego Chaher, quien estuvo al frente de la intervención de los medios públicos que llevó adelante el "cierre operativo” de la agencia Télam.
Abogado mendocino y exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano, Chaher había sido designado hace menos de un mes como timonel de la “Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado”, que está dentro del organigrama de la Jefatura de Gabinete y que había quedado vacante tras la renuncia de Mauricio González Botto.
Chaher fue nombrado ahora al frente de la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” que tiene prácticamente las mismas funciones que la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, la cual no sido todavía formalmente eliminada, ni transferidas sus tareas al nuevo organismo.
Hasta tanto se regularice la situación, Chaher sigue siendo titular de esa secretaría y tiene al mismo tiempo la conducción de la nueva estructura administrativa que depende de Economía.
Del riñón del asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo y con buena relación con José Rolandi --el vicejefe de Gabinete que sobrevivió a la salida de Nicolás Posse; el nuevo titular de la “agencia transformadora” tendrá rango y jerarquía de “secretario” y asistirá al ministro de Economía en las cuestiones referidas a los planes de acción, presupuestos, transformaciones, fusiones, transferencias y privatizaciones de los organismos públicos y empresas estatales.
Constituida bajo el formato de “Unidad Ejecutora Especial Temporaria”, la nueva Agencia tiene en los papeles una duración de dos años. Pero en la práctica, su existencia se puede extender casi sin límite en el tiempo “hasta tanto se cumplan los objetivos de su creación”.
Si bien la normativa que dispuso su creación le asignó un total de 14 funciones, las más relevantes son las siguientes:
- Coordinar la implementación, evaluación y seguimiento de los procesos de transformación de las empresas y sociedades estatales; así como en lo relativo a la transformación de su estructura jurídica, fusión, escisión, reorganización, reconformación y transferencia a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires-
- Intervenir en el seguimiento y evaluación de los planes de acción y presupuestos de las empresas púbicas.
- Coordinar los procesos de intervención, concesión, privatización, liquidación, enajenación accionaria e implementación de cualquier tipo de figura asociativa, ya sea con entidades del ámbito público y/o privado, nacionales o extranjeras.
- Participar en la elaboración y aprobación de los “Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares” para llevar adelante los procedimientos de concesión y privatización.
- Proponer la contratación de asesores o servicios de consultoría especializada cuando las circunstancias así lo justifiquen, como así también la designación de al menos un director o interventor de las empresas del Estado con las funciones técnicas-administrativas específicas para garantizar el eficaz cumplimiento de las competencias que se le asigna a la Agencia.
Una de las primeras tareas que deberá encarar Chaher es la transformación de todas las compañías estatales, que están bajo distintas figuras jurídicas, en sociedades anónimas. Ese cambio societario --que apunta a facilitar la eventual privatización de cada empresa mediante la venta de una parte o la totalidad del paquete accionario—había sido anunciado al inicio de la gestión libertaria, sin que hasta ahora se hayan registrado avances.
Inicialmente se había fijado un período de transición de 180 días para concretar esa reconversión. Pasado ese tiempo sin cambio alguno, la administración libertaria procedió a prorrogar el plazo por otros 180 días a través del DNU 553/24.
Como argumento, el Gobierno esgrimió que no había podido cumplir con esa tarea debido al “grave estado administrativo de las empresas y organizaciones afectadas, las que, en su gran mayoría, no contaban con un análisis actualizado de su situación patrimonial y, en ciertos casos sin los instrumentos societarios inscriptos ante el Registro Público de Comercio”.
Junto con esa adecuación societaria, la nueva “Agencia” también tendrá que definir e implementar con los responsables de cada organismo y empresa las medidas de restructuración interna orientadas a recortar las asistencias económicas que reciben del Estado, achicar la cantidad de empleados y equilibrar sus cuentas mediante la eliminación de los déficits operativos.
Tal como quedó aprobada la “Ley Bases”, la gestión libertaria ya cuenta con la vía libre para salir a privatizar total o parcialmente seis empresas: Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE), Corredores Viales SA y Enarsa.
Además, tiene liberado el camino para incorporar capitales privados, mediante un programa de propiedad participada, en Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
De las 11 empresas que se habían incluido en el paquete inicial a privatizar, el Congreso terminó excluyendo a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). Si el Gobierno insiste con privatizarlas, deberá requerir u permiso legislativo específico para cada una de ellas.
Fuente: iProfesional
