Transporte habilitó una consulta ciudadana para subir las tarifas mínimas hasta 250%. Recorte de beneficios y castigos a quienes no personalicen la SUBE.
Por Antonio Rossi
A solo cinco días de haber aplicado un primer aumento tarifario del 45% en el transporte público, el gobierno de Javier Milei puso en marcha una instancia de “participación ciudadana” para poder implementar a partir de febrero un nuevo incremento del 250% en las tarifas mínimas de los boletos de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los cuadros tarifarios que la administración libertaria prevé poner en vigencia en el segundo mes del año contemplan una suba del boleto mínimo de colectivo de $193,08, al pasar la tarifa actual de $76,92 a $270. La segunda sección (3 a 6 kilómetros) trepará de $85,69 a $300,78 y la siguiente (6 a 12 km), subirá de $92,29 a $323,95. La tercera sección del recorrido (12 a 27 km) aumentará de $98,90 a $347 y la más extensa, para viajes de más de 27 km, cambiará de $105,46 a $370,18.
En los servicios ferroviarios, todas las líneas pasarán a tener solo tres secciones tarifarias. Se igualarán en $130 por viaje los boletos mínimos vigentes de las líneas eléctricas y diésel de $37,38 y $43,38. A su vez, la tarifa unificada para la segunda sección de recorrido quedará en $169 y la correspondiente a la tercera, será de $208.
Obligación de personalizar la SUBE
Con el nuevo esquema tarifario, las personas usuarias estarán obligadas a “nominalizar” sus tarjetas SUBE para poder pagar los boletos del nuevo cuadro tarifario y mantener los descuentos por atributos sociales. Quienes no hagan ese trámite de “personalización” de la SUBE, tendrán que abonar una “tarifa plana” mínima de $ 430 en los colectivos y de $ 420 en los trenes metropolitanos.
Otro cambio relevante que entrará a correr desde febrero es la eliminación del doble beneficio que rige actualmente por los descuentos por viajes combinados y las bonificaciones por grupos de afinidad y atributos sociales. No serán más acumulativos y solo quedará vigente la tarifa que resulte más beneficiosa para cada persona que viaje.
El trámite contrarreloj para volver a aumentar los boletos de las líneas de colectivos y trenes quedó habilitado por medio de la resolución 1/24 del secretario de Transporte, el schiarettista Franco Mogetta.
Participación ciudadana
Tal como ocurre con las audiencias públicas de energía eléctrica y gas, el mecanismo de “participación ciudadana” instrumentado por las autoridades de Transporte no tiene carácter vinculante y, en la práctica, termina siendo una instancia puramente formal y testimonial. Solo sirve para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de 2016 que, tras haber frenado los tarifazos de la gestión macrista, determinó que es un “imperativo constitucional” la participación ciudadana en el debate y tratamiento de los incrementos tarifarios que se fijen para los servicios públicos.
De hecho, quienes estén interesados en participar de esta instancia para emitir sus opiniones, apoyos o rechazos a los incrementos -ya definidos por las autoridades- tendrán sólo tres días de plazo para hacerlo saber por medio de un sitio web de la Secretaría de Transporte.
Otro dato que demuestra importancia escasa o nula que tiene para el Gobierno esta instancia es haber designado como autoridades responsables de la dirección y coordinación de la consulta ciudadana a los subsecretarios de Transporte Automotor y Transporte Ferroviario, cuyos nombres aún no han sido oficializados.
Incrementos mensuales o bimestrales
Para justificar los aumentos y las actualizaciones posteriores, que se harían de manera mensual o bimestral, la resolución de Transporte destacó que “se han registrado incrementos en los precios del gasoil, seguros, material rodante y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de los servicios que no han tenido un reconocimiento en las tarifas”.
Asimismo, consideró que “resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de los servicios a los cuadros tarifarios con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento de los mismos en condiciones de calidad y eficiencia”.
En sintonía con la promesa de corregir la asimetría existente con las provincias, la resolución resaltó que “los montos máximos propuestos y el mecanismo de actualización guardan relación con la prestación de los servicios y resultan similares a los percibidos por los servicios de los grandes conglomerados urbanos del interior del país, aprovechando al máximo los recursos disponibles y generando condiciones de prestación más equitativas a nivel nacional”.
Más allá de los argumentos políticos y las razones económicas, los aumentos para los colectivos y trenes del AMBA van camino a darle al Gobierno una primera muestra seria de hasta dónde llega la aceptación social a los ajustes tarifarios que, lejos de aminorar, sumarán más presión en febrero con los incrementos para las facturas de luz y gas.
Nota editada en LetraP
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