Por Antonio Rossi
Cuatro meses después de la fecha inicial en que iba a entrar en vigencia, el Gobierno de Javier Milei estableció una nueva “hoja de ruta” para la implementación plena de la denominada “Canasta Básica Energética” (CBE) que va a remplazar al actual esquema de subsidios tarifarios que rige para los servicios de energía eléctrica y gas desde el segundo semestre de 2022.
El nuevo régimen de subsidios—que estará limitado solo para los hogares calificados como “vulnerables” y eliminará la mayor parte de las bonificaciones actuales que tienen los clientes residenciales de bajos recursos y de clase media—comenzará a aplicarse en su totalidad a partir de diciembre, tras la instrumentación de una serie de medidas que deberá concretar la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo.
La quita y reducción de subsidios que prevé la nueva CBE afectará al 65% de los clientes residenciales de las empresas de luz y gas que actualmente están encuadrados en los segmentos N2 (bajos recursos) y N3 (sectores medios) y abonan solo entre el 4% y 20% de los costos reales de cada servicio.
Por medio del decreto 465/24, la administración mileísta resolvió que el debut pleno de la CBE se dará luego de un “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados” que se extenderá inicialmente desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2024 y que, en caso de ser necesario, puede ser prorrogado por un plazo de 6 meses más.
La extensión del plazo de instrumentación de la CBE—que Rodríguez Chirillo había prometido primariamente para marzo—permitirá, según el Gobierno, “una reestructuración de los regímenes de subsidios a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permita trasladar los costos reales de los servicios; promover la eficiencia energética y asegurar, a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”.
El decreto establece que las autoridades energéticas “deberán desarrollar todas las acciones necesarias para una transición ordenada hacia precios de mercado y tarifas basadas en costos económicos mediante una gradual reducción de los subsidios actualmente vigentes”.
Tras abrir la puerta a un “traslado progresivo de los costos reales de la energía a los usuarios residenciales”, la norma destaca que “el período de transición permitirá disminuir el impacto del paso de un subsidio generalizado a un subsidio focalizado, a la vez que contribuirá a bajar el déficit fiscal, eliminando los topes a los aumentos según Coeficiente de Variación Salarial (CVS); autorizando el traslado gradual de precios mayoristas a las categorías N2 y N3; mejorando la focalización por revisión y actualización de los criterios de elegibilidad socio-económicos que aplican a cada segmento; disponiendo la efectiva realización de los cruces de información; y fijando límites a los volúmenes de energía subsidiados para todas las categorías de usuarios”.
LOS CAMBIOS EN JUEGO
Los funcionarios de Energía quedaron facultados para llevar adelante las siguientes modificaciones al esquema de segmentación tarifario que había introducido el ex ministro de Economía, Sergio Massa:
- Revisar y cambiar los criterios de inclusión en cada uno de los niveles de segmentación, estableciendo criterios de exclusión a partir de indicadores de exteriorización patrimonial que indirectamente manifiesten nivel de ingresos. La verificación de esos criterios en relación con alguno de los integrantes del grupo conviviente habilitará a rechazar la solicitud del beneficio o a excluir al hogar del padrón de beneficiarios.
- Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales. En una primera etapa, podrá extender a los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) los límites de consumo que ya rigen para los usuarios del Nivel 3 (sectores medios).
- Fijar niveles variables de descuentos o bonificacionesvque recibirán los beneficiarios durante el período de transición por los volúmenes consumidos.
- Renovar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.
- Convocar a un reempadronamiento de los usuarios residenciales en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
- Reemplazar o eliminar otros regímenes de beneficios tarifarios que se superpongan con la CBE y definir un nuevo esquema de subsidios para las entidades de bien público, clubes de barrios y otras categorías de usuarios sin fines de lucro.
AYUDAS LIMITADAS
Al justificar la implementación de la CBE, la administración mileísta consideró que “logrará revertir la situación de consumo ilimitado de los usuarios y del gasto del Estado que deriva de la aplicación del modelo de subsidios generalizados, logrando así una mayor eficiencia en su asignación y una verdadera justicia distributiva.
De acuerdo con la visión oficial, la CBE “garantizará el acceso a la energía a los hogares en condiciones de vulnerabilidad, considerando su situación geográfica, los recursos energéticos disponibles, el grupo conviviente y el impacto en sus ingresos totales; teniendo en cuenta que un usuario o grupo conviviente se considera vulnerable cuando sus costos indispensables de energía superan el 10% de sus ingresos totales”.
Según el nuevo enfoque libertario, “corresponde que la ayuda se limite a un determinado volumen de energía, tanto de electricidad como de gas, a fin de evitar consumos irresponsables y alentar la eficiencia en la administración de los recursos naturales”.
En esa línea, el decreto destaca que “el monto de la bonificación o descuento a aplicar a los precios mayoristas de la energía eléctrica y el gas a trasladar a los beneficiarios será determinado cada mes, en función de la evolución de los costos de la energía, de la situación macroeconómica y de la progresiva adquisición de hábitos de consumo responsable por parte de los usuarios”.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno cuestionó duramente a la administración de Alberto Fernández. Sostuvo que “el congelamiento de las tarifas y la interrupción o la falta de terminación de las revisiones tarifarias llevaron, en primer lugar, a que la tarifa no reflejase el costo del suministro; en segundo lugar, a que las concesionarias y licenciatarias dejaran de hacer inversiones obligatorias, lo cual atenta contra la vida útil de los activos y; en tercer lugar, al crecimiento de la demanda de energía sin que se fomentara su uso responsable”.
Y agregó que “la actual política de subsidios y de segmentación tarifaria ha llevado a que los precios mayoristas de energía no cubran los costos de abastecimiento, con lo cual el sector energético ha requerido aportes crecientes del Tesoro Nacional para mantenerse, con erogaciones superiores a US$ 5.000 millones anuales en promedio durante los últimos 20 años”.
Fuente: BAE Negocios
