Por Antonio Rossi
En medio del conflicto con las generadoras que salieron a rechazar la decisión del gobierno de Javier Milei de cancelar la deuda acumulada de Cammesa con un bono a largo plazo, la situación de las hidroeléctricas del Comahue provocó un nuevo cortocircuito entre el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
A principios de enero, por medio de la resolución 2/24, Chirillo postergó el retorno al Estado de las centrales de la Patagonia El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados hasta el 19 de marzo y de Piedra del Águila, hasta el 28 de abril.
Tras no avanzar con la aprobación de los pliegos licitatorios para reprivatizar las represas, a mediados de marzo Chirillo volvió a prorrogar las concesiones que habían expirado el año pasado. Lo hizo con la resolución 33/24, que estiró los plazos hasta el 18 de mayo y el 27 de junio.
A una semana de que expire la prórroga vigente de tres de centrales, puertas adentro de la administración libertaria surgieron dos posturas contrapuestas con respecto al papel que debería desempeñar el Estado y los tiempos para transferir nuevamente la explotación de las usinas a manos privadas.
El plan de Eduardo Rodríguez Chirillo
Chirillo no quiere prorrogar nuevamente las concesiones, pese a que legalmente puede hacerlo hasta agosto. Considera que las usinas deben pasar sin más demoras a la órbita de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), cuyo titular es Juan Carlos Doncel Jones, el antiguo funcionario de Domingo Cavallo que saltó del estudio Conte Grand al gabinete energético mileísta.
Los técnicos de la empresa estatal se harían cargo transitoriamente de la operación de las represas hasta que se lleven adelante las licitaciones para seleccionar a los nuevos concesionarios privados.
Según el plan de Chirillo, antes de volver a licitar las usinas el Gobierno debe implementar las medidas de fondo destinadas a reconfigurar el funcionamiento del mercado eléctrico.
En las comisiones del Senado que están tratando la ley ómnibus XS, el secretario de Energía precisó: “En el sector eléctrico vamos a pasar de un modelo centralizado en la toma de decisiones entre el Estado y Cammesa, a un modelo de competencia y de decisiones descentralizadas de oferta y demanda focalizadas en la actuación privada”.
“Habrá cambios fundamentales en lo que respecta a la remuneración de las generadores que van a poder hacer contratos a largo plazo o vender la energía en el mercado spot o de oportunidad a un precio competitivo y no regulado por el Estado”, agregó Chirillo.
La posición de Nicolás Posse
Posse y el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, sostienen que las hidroeléctricas deben continuar bajo el manejo de los concesionarios actuales para no ir a contramano del “achicamiento del Estado” que es uno de los principales ejes del accionar del Gobierno.
Ponen como ejemplo las decisiones adoptadas ante dos casos similares de concesiones vencidas que fueron prorrogadas de manera provisoria.
En los primeros días de abril, Vialidad Nacional extendió por un año la concesión de la autovía del Mercosur y del puente Rosario-Victoria a la empresa Caminos del Río Uruguay, cuyo contrato original está vencido desde el año pasado. A su vez, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía resolvieron la semana pasada volver a patear hasta mediados de 2025 la concesión de Ferroexpreso Pampeano, la empresa controlada por el grupo Techint que desde 2021 viene funcionando con prórrogas transitorias que evitan la reestatización de los trenes cargueros.
En Jefatura de Gabinete entienden que, más allá del límite legal de agosto, las concesiones de las usinas se pueden seguir prorrogando bajo el paraguas de la emergencia económica y administrativa y las facultades extraordinarias que delegaría al Poder Ejecutivo la ley ómnibus XS una vez que sea aprobada en el Congreso.
En caso de que la operación de las centrales tenga que recaer en manos de Enarsa, Posee y González Botto pretenden correr a los funcionarios de Energía para quedarse con el manejo del proceso licitatorio que dará paso a los nuevos operadores.
Única coincidencia entre los funcionarios
Donde al parecer no hay diferencias internas es en el plazo de 30 años que tendrán las futuras concesiones y en la postura de no atender los planteos de las autoridades neuquinas y rionegrinas que buscan quedarse con la operación y las cajas de las usinas.
Las hidroeléctricas del Comahue se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios que abonaron hogares, comercios e industrias de todo el país.
Durante el gobierno de Carlos Menem, fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están en manos de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.
El 59% de las acciones de El Chocón-Arroyito están en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En la central Alicurá, el grupo estadounidense AES domina la sociedad controlante. Cerros Colorados quedó desde diciembre pasado a cargo de la empresa local Aconcagua Energía. La concesión de Piedra del Águila se mantiene en cabeza del grupo Sadesa, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.
Nota Editada en LetraP
