Por Antonio Rossi
A casi seis meses de asumir, y suspender las obras públicas generando una pérdida de 90.000 empleos en el sector de la construcción, el Gobierno comenzó a dar las primeras señales tendientes a transferirles a las provincias y a los municipios la responsabilidad de reanudar los proyectos y los trabajos que se encuentran paralizados.
Mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negocia con los gobernadores el traspaso de las grandes obras de infraestructura inconclusas, el ministro de Economía, Luis Caputo, estableció un nuevo marco normativo para dejar en manos de las administraciones tanto provinciales como municipales la terminación de casi 70.000 viviendas y los trabajos de mejoras del hábitat urbano que desde diciembre quedaron frenados por la "motosierra mileísta".
Luego de las reuniones que mantuvo en la última semana con las autoridades de Jujuy, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Chubut y Neuquén, Francos logró acercar posiciones para delinear las bases y condiciones que regirán para el traspaso de varios proyectos estratégicos que involucran la ampliación y la repavimentación de rutas, así como también la construcción de centros de desarrollo infantil y la finalización de hospitales y obras de saneamiento.
El mecanismo en juego contempla acuerdos puntuales para que las autoridades provinciales y locales asuman la responsabilidad de reanudar los trabajos paralizados y, en determinados casos, la financiación de los tramos de las obras pendientes. La recuperación de lo que inviertan los gobernadores e intendentes, y eventualmente el Estado nacional, se concretará por medio del cobro de peajes, cánones y nuevas cargas impositivas.
En tanto, para la reactivación de los planes de viviendas y los proyectos de mejoras del hábitat, Caputo sacó a la calle el nuevo esquema legal que regirá para la firma de los convenios con las autoridades del interior, las cooperativas y las organizaciones no gubernamentales que lleven adelante las obras.
Por medio de las resoluciones 361 y 368, el Ministerio de Economía definió los lineamientos y la metodología que se aplicará para reiniciar la construcción y la terminación de 70.000 viviendas de los programas Reconstruir y Casa Propia-Construir Futuro.
En los fundamentos del nuevo marco normativo, la administración libertaria reconoció que existen "grandes dificultades para la conclusión de las obras debido a las limitaciones de disponibilidad presupuestaria que impone la política de saneamiento de las cuentas públicas".
Además, admitió que ante esa situación, y con el objetivo de reactivar los programas en curso, "resulta necesario promover alternativas de asistencia financiera y herramientas reglamentarias que faciliten la concreción de los convenios suscriptos y/o que eventualmente se suscriban". Para lograrlo, el titular de Economía abrió la puerta para permitir "la incorporación de terceros interesados que asuman de modo total o parcial la asistencia financiera necesaria para la finalización de las obras".
La letra chica
En el nuevo macro legal se establecen, entre otras, las siguientes condiciones y aristas salientes:
- Los convenios específicos para reiniciar las obras podrán suscribirse con los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires. También con organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria, fondos fiduciarios y entes del sector público nacional que se hayan adherido a los programas de viviendas.
- Además de concluir las obras, las autoridades que se hagan cargo de los proyectos tendrán tres tareas relevantes: proceder a la entrega de las viviendas terminadas con su correspondiente título de propiedad, gestionar el recupero del financiamiento en cuotas y llevar adelante las acciones para monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.
- Las viviendas tendrán como beneficiarios a "los hogares residentes en todo el territorio nacional que se encuentren en situación de déficit o vulnerabilidad habitacional y los sectores de medianos recursos con dificultad de acceso a una solución habitacional".
- Serán considerados proyectos prioritarios los que están destinados "al reasentamiento de familias en situación de riesgo sanitario y/o asociados a procesos de urbanización de barrios precarios, los que tengan un mayor grado de avance físico en proceso de deterioro o expuestos a ocupación informal y los que generen mayor impacto productivo, social y urbano".
- Los nuevos ejecutores de las obras deberán implementar y gestionar un sistema de recupero de los montos financiados en cuotas mensuales y consecutivas que serán abonadas por los adjudicatarios de las viviendas.
- El valor de las cuotas y la cantidad se determinará en proporción de los ingresos del grupo familiar beneficiario y serán expresados en Unidades de Vivienda (UVI). La cuota no podrá superar el equivalente al 30% del ingreso mensual familiar.
- En los casos de cofinanciamiento, el recupero deberá ser recaudado por el ente ejecutor y distribuido proporcionalmente al financiamiento fijado en cada convenio.
Las nuevas reglas de juego
En ese marco, se prevé que los "convenios de financiamiento" podrían ser dados de baja cuando se verifiquen "atrasos injustificados que superen el 20% de las obras planificadas". Aunque también podrán caerse si el Gobierno tiene problemas de caja para pagar los anticipos y la terminación de las obras. Según se indica en las resoluciones firmadas por Caputo, "todos los convenios de financiamiento se encuentran supeditados a la existencia de partida presupuestaria de la fuente de financiamiento correspondiente. En el caso de escasez o falta de ella, la autoridad de aplicación podrá suspender los desembolsos de financiamiento hasta tanto se solucione la situación mencionada o proceder a su cancelación definitiva".
Fuente: BAE Negocios
