Por Antonio Rossi
Sobre el filo del vencimiento legal y luego de tres prórrogas implementadas desde su desembarco en la Casa Rosada, el Gobierno de Javier Milei decidió volver a extender por el plazo de un año las concesiones de las cuatro hidroeléctricas del Comahue que debían retornar al Estado.
Se trata de las usinas hidroeléctricas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila que ahora continuarán en manos de los actuales concesionarios hasta agosto y diciembre de 2025; mientras la administración mileísta pone en marcha los demorados llamados a licitación para seleccionar a los nuevos operadores privados por un período de 30 años.
La aprobación de las nuevas prórrogas--que les permitirán a las empresas ENEL, Aconcagua Energía, AES y Central Puerto seguir operando las centrales y facturar la energía generada a la Cammesa—volvió a reflejar las diferencias internas y los constantes cambios de rumbos que existen en el tratamiento de las cuestiones energéticas relevantes puertas adentro del Gobierno.
En las últimas semanas de junio, la administración libertaria había creado cuatro nuevas Sociedades Anónimas, que bajo el control mayoritario de la estatal Enarsa iban a hacerse cargo a partir del 11 de agosto de las cuatro hidroeléctricas en juego.
En ese momento, el plan oficial era replicar con esas SA estatales el esquema que en su momento había adoptado la gestión de Alberto Fernández en el ámbito de la Hidrovía.
Luego de haber sido designada en setiembre de 2021 como concesionaria estatal de la vía navegable, la Administración General de Puertos (AGP) salió a subcontratar para las obras de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, dos empresas privadas que habían estado al frente de la concesión desde mediados de los 90.
Las nuevas SA piloteadas por Enarsa iban a ser designadas como “concesionarias transitorias” de las represas para que luego contraten las tareas de manejo y mantenimiento con las empresas salientes hasta que concluyan las licitaciones de las nuevas operadoras.
Esa alternativa quedó en el camino por los desacuerdos entre el ministro de Economía, Luis Toto Caputo y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Contrarreloj, el “Plan B” que terminó adoptando el Gobierno tiene ahora dos puntos salientes.
En primer lugar, los concesionarios privados actuales van a seguir en esa misma condición, como mínimo, por el plazo de un año o hasta que se adjudique cada central a los nuevos operadores.
En segundo lugar, las cuatro SA estatales que iban a asumir el control de las centrales van a quedar por ahora en “stand by” y serán utilizadas para facilitar la llegada de los futuros operadores, los cuales recibirán directamente los paquetes accionarios y los nuevos contratos de concesión sin necesidad de tener que constituir una nueva empresa desde cero para poder hacerse cargo de las usinas.
Según la hoja de ruta fijada por la gestión mileísta, la permanencia de los actuales concesionarios quedará oficializada una vez que las empresas suscriban con la Secretaría de Energía “de manera plena e incondicional” un nuevo convenio de “Adhesión a la Continuidad del Plazo de Operación”.
Con la firma de ese convenio, las empresas se comprometen a desistir de “cualquier reclamo administrativo o proceso judicial” vinculado con el nuevo plazo de operación y a actualizar en un plazo de 15 días los seguros y las garantías de cumplimiento de contratos.
Las hidroeléctricas del Comahue se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Fueron financiadas con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios en las facturas eléctricas que abonaron durante casi dos décadas los clientes residenciales, comercios e industrias de todo el país
Durante el gobierno de Carlos Menem fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están en manos de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.
En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones de la sociedad concesionaria están en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En la central Alicurá, el grupo estadounidense AES domina la sociedad controlante. Cerros Colorados quedó, desde diciembre pasado, a cargo de la empresa local Aconcagua Energía. Y la concesión de Piedra del Águila se mantiene en cabeza del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.
Fuente: iProfesional
