Por Antonio Rossi
A poco más de cinco meses de haber arrancado la administración libertaria, la escasez de fondos ha dejado al organismo vial en una situación crítica debido a la falta de mantenimiento de las rutas que van camino a una posible "provincialización", el cierre de las estaciones que controlan las cargas de los camiones para que no dañen las calzadas y los despidos de personal que ya han comenzado a ser objetados por la Justicia.
El desmembramiento de la red de rutas y caminos que tiene actualmente a cargo Vialidad Nacional comenzó a tomar forma la semana pasada cuando el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, admitió --en su informe en la Cámara de Senadores-- que para el Gobierno "resulta factible transferir rutas y otras obras públicas en curso a las autoridades provinciales y municipales".
En la misma línea, el titular de Vialidad, Raúl Bertola û extimonel del ente vial de la provincia de Córdoba durante la gestión de Juan Schiaretti--destacó que "si esa medida significa que la Nación dejará de poner plata, seguramente le vamos a dar vía libre a la propuesta de provincializar las rutas nacionales".
Hasta ahora, hay cinco provincias que manifestaron su intención de hacerse cargo de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios y que Vialidad no está atendiendo como corresponde por falta de recursos. Lo harían con la transferencia de los créditos internacionales que están financiando las obras y con el cobro de los peajes existentes o mediante acuerdos económicos que contemplen y compensen otros reclamos que tienen pendientes con la Nación.
El primer gobernador que salió a plantear esa alternativa fue el santafesino Maximiliano Pullaro. Ante la inacción de Vialidad Nacional, se hizo cargo a comienzos de año del arreglo de los accesos a los puertos del río Paraná y del tramo de la ruta nacional 11 que une el norte de la provincia con Rosario. En los últimos días, redobló la jugada y solicitó iniciar las negociaciones con la Casa Rosada para que le transfieran los casi 3.000 kilómetros de rutas nacionales que recorren la provincia donde no se están haciendo trabajos de mantenimiento y conservación.
Lo mismo reclamaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck para que la administración mileísta les ceda el cuidado y arreglo de las rutas nacionales de esas provincias que desde el año pasado quedaron desatendidas por parte de Vialidad Nacional.
Otra provincia alineada con esa postura es Entre Ríos. Tras lograr que el Congreso provincial aprobara el "estado de emergencia" para las obras públicas; el gobernador; Rogelio Frigerio, se mostró a favor de recibir la administración y explotación de la traza de la autovía mesopotámica que pasa por la provincia, pero bajo el paraguas de un acuerdo que implique la asistencia de fondos desde la Nación para poder realizar el mantenimiento.
En La Pampa, en tanto, el gobernador Sergio Ziliotto también consiguió que los legisladores locales declararan la "emergencia" de la obra pública que lo habilita a negociar y acordar la transferencia de las rutas y los proyectos de infraestructura que la Nación dejó paralizados.
Rechazo a la provincialización
Ante el posible traspaso de rutas nacionales a las provincias, los profesionales y trabajadores de Vialidad salieron a expresar su rechazo y a exigirle al Gobierno el envío de fondos que permitan la continuidad del organismo.
La Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPPSVN) advirtió que "avanzar con la provincialización de las rutas vulnera la esencia de la normativa vigente que dio origen a Vialidad y trae como consecuencia la desintegración de la red vial federal".
Remarcó, además, que esa medida "significaría el comienzo de la desaparición de Vialidad Nacional por la pérdida efectiva de sus funciones que tiene asignadas por ley y la consecuente afectación de más de 5.000 fuentes de trabajo que hoy tiene la repartición en todo el país".
Por su parte, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) procedió a declarar la "emergencia vial" y alertó que "si bien la decisión de hacer una obra nueva es política, realizar el mantenimiento de la infraestructura vigente es un deber ineludible del Estado que forma parte del Estatuto Orgánico de Vialidad Nacional".
Tras reclamar la remisión urgente de fondos para Vialidad, el plenario federal de la entidad resaltó que "la actual paralización del organismo está atentando directamente contra la integridad y la seguridad de los usuarios que utilizan las rutas nacionales".
Las autoridades de Vialidad Nacional habían solicitado para este año contar con un presupuesto de $ 730.000 millones para poder realizar las obras más urgentes de arreglo y mantenimiento de las rutas que están bajo su órbita. Pero en la práctica, la administración mileísta resolvió mantener vigente el mismo presupuesto de 2023 que establece una partida de $ 475.000 millones, la cual ni siquiera se ha estado girando de manera regular.
A eso se agrega que el ministro de Economía, Luis Caputo decidió bajar al mínimo las transferencias automáticas que Vialidad venía recibiendo de la recaudación del gravamen a los combustibles y del impuesto PAIS.
Sin control de puentes ni camiones
Esa poda dejó al organismo sin los recursos mínimos para afrontar dos tareas claves significativas vinculadas con la seguridad vial y el cuidado de las rutas.
Por un lado, se interrumpió la inspección y relevamiento de los todos los puentes de la red vial nacional. Según denunció la AGPPSVN, "por la falta de partidas específicas se ha paralizado el programa de gestión del mantenimiento de más de 4.000 puentes y obras de artes mayores, que totalizan unos 240 km. de estructuras distribuidas en todo el país equivalente a un patrimonio de US$ 5.500 millones".
Por otro lado, se cortó el funcionamiento de la mayoría de las estaciones que controlan los excesos de cargas de camiones y que deberían estar activas en forma permanente con la presencia de personal policial o de Gendarmería. La desfinanciación de Vialidad provocó el virtual cierre y abandono del 70% de los puestos de control de pesos y dimensiones que terminaron sufriendo actos vandálicos y roturas de equipos.
Además, desde la FEPEVINA detallaron que, también, se cortaron las compras de insumos básicos como mezcla asfáltica, repuestos y las provisiones de sal necesarias para contrarrestar, en el período invernal, las nevadas en las rutas cordilleranas y patagónicas.
De acuerdo con el análisis de esa entidad, actualmente el 60% de la red principal-- que abarca unos 40.000 kilómetros--se encuentra en mal estado. De no revertirse el ahogo económico que sufre Vialidad, en diciembre vamos a tener las rutas totalmente colapsadas".
En cuanto al ajuste del personal, las autoridades del organismo vial avanzaron, hasta ahora, con la desvinculación de alrededor de 300 empleados, de los cuales más de la mitad fueron despedidos con "causa justificada" por estar procesados, por ir a trabajar solo una vez por semana o porque cobraban planes sociales en forma simultánea con sus funciones en la repartición.
En la última semana, la intención oficial de seguir adelante con el achicamiento del plantel laboral se topó con la primera traba judicial. El juzgado federal N° 2 de Catamarca, a cargo del Guillermo Díaz Martínez, hizo lugar a una acción de amparo y ordenó la reincorporación de 9 trabajadores que habían sido dados de baja por la aplicación del decreto 84/2023 de la administración libertaria.
Al declarar la nulidad de la resolución que dispuso las desvinculaciones, el fallo ùque podría replicarse en otras provincias donde se registraron despidosùdescartó el argumento oficial sobre la equivalencia de los términos "rescisión" y "no renovación" que habían invocado las autoridades de Vialidad llevar adelante la reducción de su plantel operativo.
Fuente: Bae Negocios
