Por Antonio Rossi
A fin de evitar más pérdidas y empezar a cobrar las facturas completas desde febrero en adelante, las generadoras eléctricas aceptaron el pago “excepcional” de las deudas pendientes de Cammesa que les impuso el ministro Luis Toto Caputo. Es con bonos en dólares que vencen dentro de 14 años y cotizan actualmente a la mitad de su valor nominal.
A casi un mes de haber lanzado la propuesta, el equipo económico de Javier Milei consiguió que las compañías dueñas de las usinas aceptaran el “cobro forzoso” de un paquete de deudas en pesos equivalente a u$s1.200 millones con títulos AE38, que a la paridad actual representan u$s600 millones.
Así Caputo cerró, transitoriamente, una de las cuentas en rojo que había dejado la motosierra y que le posibilitó alcanzar el superávit fiscal en los primeros meses de la gestión libertaria. Lo hizo tras acumular una deuda del orden de los u$s2.000 millones y en medio de los reclamos internos de las empresas afectadas y los cuestionamientos que bajaron de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Toto Caputo lo hizo
El titular de Economía armó un esquema de pago para ponerse al día con las generadoras y productoras de gas que contempló dos puntos salientes: la cancelación de las facturas atrasadas de diciembre y enero con los bonos a pagar en 2038, que en la actualidad valen la mitad; y la normalización de los pagos de las transacciones desde febrero en adelante con los ingresos y aportes estatales girados a Cammesa.
La movida de Caputo recibió, de entrada, el apoyo y visto bueno de YPF Luz, de la petrolera de mayoría accionaria estatal YPF; Pluspetrol, de la familia Rodríguez-Rey; Pan American Energy (PAE), manejada por la familia Bulgheroni; y la eléctrica local Albanesi, controlada por Armando Losón.
El grueso de las empresas compuesto por Central Puerto, Pampa Energía, la estadounidense AES, el grupo italiano ENEL, Genneia, MSU, la francesa Total, Tecpetrol -del grupo Techint de Paolo Rocca- y la petrolera CGC de Eduardo Eurnekian, planteó una resistencia inicial. Tras comprobar que la postura de Caputo era inflexible y sin margen alguno para abrir una negociación tendiente a mejorar las condiciones, finalmente aceptaron.
Pese a los cuestionamientos fuertes de la Asociación de Generadores (Ageera) y de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las empresas afectadas llegaron a la conclusión de que por razones políticas y económicas no tenían otra salida que ceder a la presión de Caputo.
El fantasma de Belocopitt
En el terreno político, el riesgo que advirtieron quienes están al frente de las generadoras fue quedar en la mira de Milei y Caputo como ocurrió con Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, apuntado por la administración libertaria por los aumentos desmedidos en las cuotas de las prepagas.
“Si no aceptábamos el mecanismo de pago e íbamos a una disputa administrativa y judicial, el Gobierno nos iba a atacar como a Belocopitt para hacernos responsables de los problemas económicos del sistema eléctrico y, eventualmente, de los cortes de suministros que se pudieran registrar en el invierno”, se justificó una fuente de las generadoras hidroeléctricas consultada por Letra P.
La variable económica
En el plano económico, las empresas evaluaron que, si rechazaban el bono con descuento, Caputo podía hacer efectiva la cláusula del acuerdo, que consideran “cuasi extorsiva”, que le permite limitar y frenar los pagos desde febrero a todas las compañías que no hayan aceptado la propuesta oficial.
Más allá de advertirle a la administración libertaria que podría recurrir a acciones legales, las generadoras reconocieron que ese camino iba a traerles más inconvenientes que soluciones.
En primer lugar, porque si presentan una demanda tienen que pagar al inicio la tasa de justicia equivalente al 2% del monto reclamado; y, en segundo, porque los tiempos procesales suelen ser eternos hasta que quede una sentencia firme, que vaya a saber cómo y cuándo la pagaría el Estado.
La justificación de las generadoras
“Pese a que tuvimos que agachar la cabeza y firmar, no hay que perder de vista que lo más dañoso de esta decisión del gobierno de Milei no son las pérdidas económicas que puedan tener que afrontar las empresas, sino el pésimo y peligroso antecedente legal que ha generado para el futuro; abriendo la puerta para que otras administraciones hagan lo mismo y vulneren contratos poniendo como argumento la situación de emergencia y la crisis económica”, describió a Letra P el gerente jurídico de una de las generadores térmicas más importantes.
Para Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planificación Energética que integra los equipos técnicos del massismo, la administración libertaria cometió dos errores graves al afrontar la situación planteada con las generadoras.
“Cuando devaluó, tendría que haber acordado con las operadoras de las usinas que no iba a aceptar el traslado de los mayores ingresos en pesos por el incremento del tipo de cambio; y ahora, al pagar con bonos que cotizan al 50%, instaló una contingencia legal que puede terminar con nuevos juicios en el CIADI de accionistas extranjeros”, advirtió la exfuncionaria y actual directora de la Fundación Encuentro.
Nota Editada en LetraP
