Por Antonio Rossi
Tras la polémica autogenerada en el gobierno de Javier Milei por el alcance de los cortes de energía eléctrica en la temporada estival; el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció el “Plan Verano 2024-2025”. Incluye cinco acciones de contingencia y plantea un gran interrogante sobre quién se hará cargo de los costos extraordinarios que demandarán las medidas.
La falta de coordinación a la hora de comunicar y la disputa interna que pone en jaque a Chirillo, volvieron a quedar expuestas el último fin de semana cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos planteó que, a partir de diciembre, iban a registrarse “cortes programados” porque el sistema eléctrico no está en condiciones de poder atender la mayor demanda.
Si bien la conducción de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa); el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Darío Arrué; y el nuevo secretario coordinador del área, Daniel González ya habían advertido sobre la situación límite que enfrenta el abastecimiento eléctrico; la declaración de Francos sobre “cortes programados y masivos” dejó descolocadas a las autoridades energéticas.
¿Una estrategia de Santiago Caputo?
Para el equipo que acompaña a Chirillo, la afirmación del jefe de Gabinete, lejos de ayudar a abrir el paraguas por los posibles apagones, agrandó el problema y le sumó más complicaciones al Gobierno que viene aplicando actualizaciones de tarifas mensuales.
La administración libertaria tiene previsto también agregar en enero los nuevos incrementos en términos reales que surjan de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) de Edenor, Edesur y las transportistas eléctricas.
Según pudo averiguar Letra P, en Energía no terminan de comprender por qué Francos hizo pública una cuestión tan sensible como los cortes programados a usuarios del servicio eléctrico sin tomar en cuenta el tratamiento más cauteloso que venía haciéndose del tema.
Las fuentes consultadas creen que detrás de esa movida puede estar el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo; quien habría mandado a Francos a “instalar” el tema para desviar la atención de las encuestas que marcan una caída en el apoyo a Milei y las críticas recibidas por el DNU 846/24 que habilita al ministro de Economía, Toto Caputo a renegociar los títulos de deuda sin permiso del Congreso.
Al día siguiente de que los “cortes programados” coparan la agenda mediática y evidenciaran la falta de una política energética destinada a solucionar los problemas del parque generador; el GPS de la administración mileísta comenzó a “recalcular”.
El Plan Verano de Eduardo Rodríguez Chirillo
Casi en simultaneo, Chirillo y el vocero presidencial, Manuel Adorni salieron a minimizar la posibilidad de apagones masivos y anticiparon que se activará el “Plan Verano 2024-2025”, para evitar que usuarios residenciales sufran cortes de luz en los picos de demanda de la temporada estival.
A principios de agosto, un informe remitido por Cammesa al titular de Energía advertía que “en el período estival, con altas temperaturas generalizadas, existe una alta probabilidad, 19%, de que la oferta de generación de energía eléctrica resulte insuficiente para atender los requerimientos máximos de la demanda en primeras horas de la tarde y en el pico nocturno”.
Tras estimar que “se prevé alcanzar una demanda máxima de hasta 31.000 MW que superará el pico de 29.653 MW del verano pasado”, el informe destacó que “cualquier limitación en generación y transporte implicará menor oferta y una eventual necesidad de efectuar racionamientos de la demanda”.
La menor oferta de generación prevista para el verano se explica por tres motivos: la salida de servicio de Atucha I para los trabajos de extensión de su vida útil; una indisponibilidad elevada de las usinas térmicas más antiguas; y la decisión de Brasil de restringir los despachos al mercado argentino para preservar sus reservas hidráulicas.
Medidas a contramano del relato
A contramano del relato libertario, el Plan Verano que se instrumentará en los próximos días le asigna un rol clave al Estado para la implementación de las cinco medidas dispuestas.
- El pago de una remuneración adicional a las generadoras térmicas que rehabiliten y pongan en servicio las máquinas de mayor antigüedad que tienen paradas o funcionando parcialmente porque las tarifas actuales no le resultan rentables.
- Una compensación económica especial para las grandes industrias que acepten reducir sus consumos en los días y horarios de mayor demanda. Cada MW contratado que dejen de consumir será compensado en dólares al costo de las usinas más caras. A priori, las que saldrían ganando, siempre y cuando puedan reprogramar sus actividades, son las grandes compañías siderúrgicas, metalmecánicas, acereras, petroquímicas y automotrices.
- La instalación de generadoras móviles (UGEMS) para reforzar las zonas más críticas de Edenor y Edesur. Ya habían sido usadas como paliativos durante las administraciones kirchneristas. Estas unidades transportables consumen gasoil y tienen el costo de generación más elevado del sistema eléctrico. Serán contratadas y operadas por las dos distribuidoras privadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pago del combustible quedará a cargo del Estado.
Nota Editada en LetraP
