Por Antonio Rossi
Tras haber quedado en la “lista negra” de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei y en medio de los cuestionamientos internos que viene cosechando por una supuesta lentitud a la hora de gestionar; el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse logró reforzar sus atribuciones y poder de intervención sobre las empresas estatales, entes reguladores y organismos públicos que están bajo la órbita de distintos ministerios.
A contramano de los rumores que ponen en duda su futuro en la administración libertaria y que se han visto potenciados en las últimas horas por su faltazo al acto de Luna Park; Posse terminó de convalidar un nuevo esquema de control que le permite tener la última palabra en la designación de autoridades y directores y un amplio poder de monitoreo y veto sobre los movimientos económicos y planes de inversiones de las compañías y entes estatales.
La movida de la Jefatura de Gabinete (JDG) se concretó por medio de la resolución 1/24 de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado que comanda Mauricio González Botto, el exejecutivo del Banco Itaú nacido en Uruguay que también integró el equipo de asesores de Corporación América, el grupo económico que controla Eduardo Eurnekian, ex empleador del presidente Javier Milei.
A través de esa norma, González Botto completó la reglamentación de lo dispuesto en el decreto 19/24 de principios de enero en cuanto al rol y nuevas las tareas de supervisión que asignadas a la JDG con respecto a las “empresas y sociedades actuantes en la órbita de los ministerios y secretarías que conforman la administración pública nacional”.
La “letra chica” de la resolución determinó que han quedado bajo el alcance de los controles y vigilancia de la JDG “todas aquellas empresas y sociedades del Estado, las SA con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta”. A ellas se agregan “todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias o que requieran fondos estatales para su funcionamiento, revistan o no una forma jurídica societaria constituida”.
La lista de las principales empresas y sociedades estatales que han quedado sujetas al seguimiento de la JDG abarca a: Aerolíneas Correo Argentino, ARSAT, Ferrocarriles Argentinos (FASE), Operadora Ferroviaria (SOFSE), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Decahf, Belgrano Cargas, Playas Ferroviarias, AGP, EANA, Intercargo, AySA, ERAS, Acumar, Corredores Viales y el Instituto Argentino del Transporte.
También estarán en la mira la Unidad Ejecutora del Soterramiento Línea Sarmiento, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Junta de Seguridad en el Transporte, el Ecovina, ANAC, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el ORSNA, Vialidad Nacional, el Enohsa; el ORSEP, el Instituto Nacional del Agua (INA), Enarsa, Cammesa, el Ente Regulador Eléctrico (ENRE) y el Enargas.
Las únicas sociedades que quedan excluidas son “las que se encuentren comprendidas en el régimen de oferta pública de acciones, o coticen y/o negocien acciones en bolsas y mercados nacionales y/o internacionales”, tal como es el caso de la petrolera YPF, cuyo paquete accionario mayoritario está en manos del Estado.
De acuerdo con las nuevas reglas de juego, todas las designaciones de presidentes, directores o interventores de sociedades y entes estatales “deberán contar con la previa y expresa intervención” de la Secretaría piloteada por González Botto.
Para eso “las jurisdicciones en cuya órbita se encuentren las empresas y sociedades estatales deberán remitir –con una anticipación previa y mínima de 10 días--la fundamentación de la designación propiciada, a la que se deberá acompañar el Currículum Vitae del candidato y la información que resulte pertinente para acreditar su idoneidad”. Si el candidato propuesto no convence y no logra pasar el filtro de la JDG, la secretaría bajo el mando de Posse tendrá poder de veto y procederá a nombrar a otra persona para el cargo en juego.
Esa atribución también regirá en forma retroactiva. Todos los ministerios y secretarías que ya hayan designados directores o interventores que se encuentren en funciones, tendrán que presentar las documentaciones requeridas. En caso de que el área de González Botto no los ratifique dentro de un plazo de 20 días, esos nombramientos quedarán sin efecto.
Sin nada que envidiarles a los sistemas de control económico que tenían los países de mundo comunista, el mecanismo legal vigente establece que la JDG deberá intervenir previamente en todos los casos de “aprobación o modificación de los presupuestos anuales de gastos e inversiones, desarrollo de planes estratégicos y requerimientos de transferencias de recursos del Tesoro Nacional”.
A su vez, las empresas, entes y sociedades estatales también deberán solicitar permiso a los funcionarios de Posee antes de llevar adelante “compras, contrataciones y licitaciones que excedan la administración ordinaria y habitual de sus giros comerciales”. Para obtener el visto bueno, tendrán que presentar un informe que justifique la necesidad de esas adquisiciones, junto con una descripción técnica y las fuentes de financiamiento previstas para cada iniciativa.
Nota Editada en LetraP
