Por Antonio Rossi
En sentido contrario al relato oficial que pregonan las figuras principales del gobierno de Javier Milei, el proyecto de Presupuesto 2025 no aporta ninguna pista sobre la forma y los tiempos de privatización de las ocho empresas estatales que cuentan con el visto bueno del Congreso para ser vendidas o concesionadas.
Tal como quedó aprobada la ley Bases, la administración libertaria ya tiene vía libre para privatizar total o parcialmente seis empresas: Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE), Corredores Viales SA y Enarsa.
En los casos de Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), el gobierno mileísta tiene, además, la posibilidad de organizar un "programa de propiedad participada" o incorporar capital privado, pero conservando el Estado el control o la mayoría accionaria.
Unidad ejecutora bajo la órbita de Toto Caputo
A fines de julio, el Gobierno creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Toto Caputo.
Al frente del organismo fue designado Diego Chaher, exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano e interventor de los medios públicos cuando se ejecutó el cierre operativo de la agencia Télam.
Referenciado al asesor presidencial Santiago Caputo, Chaher asumió con el rango de secretario a fin de asistir a Caputo en las cuestiones referidas a los planes de acción, presupuestos, transformaciones, fusiones, transferencias y privatizaciones de organismos públicos y empresas estatales.
Una de las primeras tareas de Chaher es completar la transformación de las compañías estatales, bajo distintas figuras jurídicas, en sociedades anónimas. Este cambio societario tiene como objetivo facilitar la privatización con la venta de una parte o la totalidad del paquete accionario de cada empresa.
La Agencia de Transformación también tiene que coordinar e implementar con las autoridades de cada compañía estatal un programa de medidas de reordenamiento interno. Está orientado a recortar las asistencias económicas que reciben del Estado, achicar la plantilla de personal y equilibrar sus cuentas mediante la eliminación de los déficits operativos.
Privatizaciones, ausentes en el Presupuesto
Tanto el empresariado local como quienes representan a la oposición en el Congreso esperaban encontrar en el proyecto de Presupuesto 2025 los lineamientos principales y alcances del programa privatizador libertario. No fue así.
En el texto de la iniciativa, a excepción de Intercargo, la administración libertaria prevé seguir girando fondos estatales para atender parte de los gastos de capital de las siete empresas restantes en condiciones de pasar a manos privadas.
Según las planillas anexas del Presupuesto, el año próximo, el Ministerio de Economía también seguirá transfiriendo recursos para cubrir las pérdidas operativas que registren seis de las ocho empresas que dejarían de pertenecer al Estado.
Los subsidios no paran
El análisis de las cuentas de ingresos y egresos de las empresas aptas para privatizar, adjuntas al Presupuesto, revelan:
- Intercargo: la compañía de servicios aeroportuarios de rampas y equipajes es la única que, en los papeles, no va a recibir ninguna clase de ayuda económica estatal. En 2025, sus ingresos corrientes llegarían a $146.200 millones frente a un total de gastos de $136.623 millones. Eso le daría una ganancia operativa de $10.224 millones con la cual prevé cubrir casi el 80% de las inversiones pautadas para el próximo año.
- NASA: la operadora de las centrales nucleares atenderá todos sus gastos operativos con los ingresos propios que ascenderían a $824.776 millones. Tiene planificadas una serie de inversiones que llegan a $160.000 millones, de las cuales la mitad serán financiadas con transferencias de la administración nacional.
- SOFSE: la ferroviaria que opera los trenes de pasajeros cubrirá su déficit operativo anual con un megasubsidio estatal de $989.102 millones. Para inversiones, recibirá del Gobierno una partida de $50.631 millones y el pago de salarios de su plantel operativo que supera las 22.000 personas representará casi el 67% del total de los gastos corrientes.
- AySA: la concesionaria de los servicios de agua potable y tratamiento de desagües cloacales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) contempla alcanzar una facturación anual de $1,7 billones y recibir un mínimo aporte estatal para gastos corrientes de $60.000 millones. En materia de inversiones, prevé desembolsar $420.0000 millones, para lo cual contará con una asistencia gubernamental de $304.000 millones.
- Belgrano Cargas: la operadora ferroviaria de las redes de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza tiene proyectados $210.000 millones de ingresos y una asistencia estatal de $60.000 millones para cubrir la totalidad de sus gastos corrientes. Para el rubro inversiones, está prevista una ayuda de $23.097 millones.
- Corredores Viales: la concesionaria de los peajes de las rutas nacionales apunta cubrir con la recaudación de cabinas ($551.825 millones) prácticamente la totalidad de sus gastos operativos y de capital. Sólo tiene en carpeta una transferencia estatal de $1.300 millones.
- YCRT: sus ingresos corrientes de $137.080 millones provendrán de la venta de carbón ($76.565 millones) y de un subsidio estatal de $60.515 millones. Prevé una inversión mínima de $8.000 millones que será afrontada con transferencias de la administración nacional.
- Enarsa: la empresa energética es la que más fondos va a recibir de las arcas estatales. Por un lado, serán casi $1,6 billones de pesos para cubrir sus gastos corrientes y las importaciones de gas por barco; por el otro, le llegarán $713.536 millones para pagar las ampliaciones de la red de gasoductos troncales.
Nota Editada en LetraP
