Por Antonio Rossi
A menos de 48 horas de recibir al presidente Javier Milei para el acto oficial por los 140 años de su creación, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) hizo público su rechazo al aumento del 63% en los peajes de la hidrovía que la administración libertaría prevé implementar a partir de setiembre.
La entidad bursátil y el Círculo Rojo de la hidrovía, representado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), cuestionan el tarifazo a los barcos cargueros por considerar que tienen como objetivo saldar las facturas de dragado y balizamiento que están impagas desde el año pasado y afrontar las obras mínimas de ampliación que requiere la Vía Navegable Troncal (VNT).
El rechazo a la actualización de los peajes fluviales, que llevará la tarifa básica actual para los tráficos internacionales de u$s3,06 a u$s4,98 por Tonelada de Registro Neto (TRN) y de $3,06 a $824,80 por TRN para las cargas de cabotaje, quedó expuestos en las presentaciones que realizaron las entidades en la consulta ciudadana que habilitó la Administración General de Puertos (AGP) para opinar sobre la revisión tarifaria.
Argumentos contra el tarifazo
Al fijar su posición, la BCR recordó que “la concesión de la hidrovía que tiene la AGP es a su exclusivo riesgo”, por lo que no corresponde que “los usuarios se tengan que hacer cargo de sus deudas y previsiones pendientes de pago de u$s94,8 millones estimadas para los próximos tres años en función del descalce de caja generado por las renegociaciones de precios”.
Tras señalar que esa deuda “se originó en el marco de la gestión de AGP, entre otros motivos por un aumento por sobre el originalmente previsto en el precio pagado por metro cúbico dragado”, la Bolsa de Comercio rosarina advirtió: “La actualización de la tarifa de cabotaje no se ajusta a lo establecido en el contrato de concesión y tampoco corresponde el ajuste para los barcos con cargas internacionales que toma en cuenta la inflación de EE.UU.".
En ese sentido, precisó que “el régimen tarifario de la concesión no prevé ajustes por inflación, sino que establece que toda determinación del cuadro tarifario deberá estar debidamente justificada en análisis e informes técnicos, económicos, financieros y legales previos y en la consideración de los hechos, actos y sus consecuencias que la hayan causado”.
Obras de ampliación en la hidrovía
Al referirse a las obras de ampliación a financiar con una porción del aumento tarifario, la entidad bursátil afirmó que “si bien siempre impulsamos mejoras en la VNT que sean ambiental y económicamente sostenible; en este caso el aumento del peaje que se derivará de una mayor profundización no implicará ningún beneficio económico que se refleje en un ahorro en el costo por tonelada transportada, que es lo que finalmente impacta en la competitividad del comercio exterior de nuestro país”.
Por último, la entidad presidida por Miguel Simioni manifestó su preocupación por hecho de que el aumento en los peajes que se presenta como “transitorio” se torne “definitivo y termine influenciando las potenciales ofertas en un futuro proceso de licitación para las tareas de dragado y balizamiento de la VNT”.
Objeciones del Círculo Rojo
En su presentación, CIARA y el CEC afirmaron que el análisis de los documentos presentados por la AGP en la consulta pública revelan que "la adecuación tarifaria se basa en cifras aproximadas, contradictorias y en razones ignotas”.
“Ninguno de los argumentos presentados dan suficiente evidencia y respaldo documentario imprescindible para su comprobación y no incluyen una evaluación del impacto del incremento de casi el 63% que acarreará a todas las cadenas productivas argentinas y en especial a la agroindustrial”, alertó el escrito de las entidades que preside Gustavo Idigoras.
“Tampoco compartimos que sea necesario promover ahora un dragado adicional de dos pies con una tarifa muy elevada en comparación con otros servicios de dragado en Argentina y en la región”, agregó.
Representantes de las industrias aceiteras y las exportadoras le reclamaron al Gobierno que cumpla con lo previsto en el decreto 709/24 y convoque a “empresas de dragado y balizado con experiencia internacional para hacerlos competir y tener una tarifa acorde con los servicios a riesgo empresarial y sin subsidio estatal”.
Al igual que otras audiencias públicas por actualizaciones tarifarias en servicios públicos, la consulta ciudadana convocada para los peajes de la hidrovía no tiene carácter vinculante y, en la práctica, constituye un mero formalismo para cumplir con la normativa vigente.
Para justificar los aumentos, la AGP argumentó que desde 2014 no se actualizan los peajes en dólares y que “resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de navegabilidad y equilibrar la ecuación en vistas a no detener la operación por falta de pago a los contratistas y poder seguir haciendo frente a las obligaciones tendientes a mantener y mejorar la calidad, el nivel de prestaciones y la profundidad de la vía navegable”.
Las deudas pendientes de dragado y balizamiento ascienden a u$s83 millones por las facturas impagas de noviembre y diciembre de 2023 que dejó la gestión de Alberto Fernández y las correspondiente al período enero-abril que acumuló la gestión libertaria.
El 95% de las deudas son con Compañía Sudamericana de Dragados, la empresa del grupo Jan de Nul, con la cual la AGP mantiene una contratación directa que se viene prorrogándose periódicamente desde fines de 2021.
Nota Editada en LetraP
