Por Antonio Rossi
El "siga, siga", que impuso en los 90 el árbitro de fútbol Francisco “Pancho” Lamolina, es el criterio que también aplicó el ministro de Economía, Toto Caputo, para que las empresas ferroviarias de carga privatizadas durante la gestión de Carlos Menem continúen en manos de quienes ganaron las concesiones.
En su rol de máxima autoridad de Transporte dentro del organigrama de la administración de Javier Milei, Caputo apeló a la estrategia que ya había utilizado el gobierno de Alberto Fernández con el fin de dilatar la reestatización de los ferrocarriles cargueros establecida en las normas vigentes.
Por medio de la resolución 269/24, el titular del Palacio de Hacienda prorrogó hasta fines de abril de 2025 la concesión de los trenes de cargas que opera Ferroexpreso Pampeano, la empresa controlada por el grupo Techint de Paolo Rocca que tiene su contrato vencido desde 2021 y sigue funcionando con permisos provisorios.
Caputo prevé una medida similar para la continuidad de las otras dos ferroviarias privadas de cargas cuyas prórrogas contractuales vencen en las próximas semanas: Nuevo Central Argentino (NCA), la operadora de la línea Mitre manejada por el grupo local Urquía por medio de Aceitera General Deheza; y Ferrosur, la concesionaria de la línea Roca que está en manos del grupo brasileño Camargo Correa.
Toto Caputo justifica la medida
Al igual que las dos prórrogas que concedió la gestión albertista, la administración mileísta justificó la continuidad de Ferroexpreso Pampeano con el argumento de que “la medida resulta razonable para poder evaluar y ponderar la viabilidad económica, el estado de la infraestructura y el plexo normativo vigente para la concreción de un futuro proceso de contratación adecuado y eficiente que garantice la continuidad y regularidad del servicio ferroviario de cargas”.
De acuerdo con lo previsto en ley de reordenamiento ferroviario 27.132, aprobada a principios de 2015, y la resolución 211/2021 del por entonces Ministerio de Transporte; los trenes de cargas privados ya tendrían que haber vuelto a la órbita estatal hace más de tres años, cuando expiraron los plazos de las concesiones menemistas.
Según las normas vigentes, la “reconfiguración” del negocio de las cargas ferroviarias que debería llevar adelante el Gobierno implica dos cambios sustanciales: la salida de los actuales concesionarios privados y la implementación de un modelo operativo de libre acceso (Open Access) a todas las redes ferroviarias con pago de peajes, para que los nuevos operadores habilitados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) puedan armar sus trenes a medida con locomotoras y vagones alquilados al Estado.
Estado e inversiones
Ese nuevo esquema, que la administración libertaria mantiene latente al no haberlo suprimido ni con el mega DNU 70/23, deja a cargo del Estado las inversiones más costosas destinadas a la renovación y el mantenimiento de las vías. Además, las autoridades ferroviarias también tendrían que desembolsar los recursos iniciales para las reparaciones integrales y puesta a punto de todo el parque de locomotoras y vagones que saldrían en alquiler.
Si bien durante la campaña electoral Milei se mostró partidario del sistema Open Access, hasta ahora el Gobierno no dio señales claras de lo quiere hacer con las concesionarias privadas, ni con los trenes de las tres líneas de cargas -Belgrano, Urquiza y San Martín- que opera la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística.
Además, la motosierra que paralizó la construcción de rutas, escuelas y hospitales también dejó congeladas casi todas las obras de modernización de vías y de infraestructura ferroviaria que estaban en curso con fondos presupuestarios y con financiación de organismos internacionales.
Una área devaluada
Devaluada en el plano institucional al rango de Secretaría, el área de Transporte carece de recursos y de poder de decisión para encarar cambios de fondo en el sector ferroviario.
Puertas adentro del Gobierno, los que actualmente tienen injerencia en la definición de los lineamientos a aplicar en el ámbito ferroviario son el Jefe de Gabinete, Nicolás Posee y el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto.
Más allá de los anuncios que prometen volver a transferir la operación de las cargas y los servicios de pasajeros; por el momento, ningún funcionario pudo precisar cuándo, cómo y con qué condiciones se llevará adelante la nueva etapa privatizadora.
Nota Editada en LetraP
