Por Antonio Rossi
A una semana de la fecha límite que fijó la Secretaría de Transporte, la disputa por el pago de subsidios a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) va camino a generar un nuevo conflicto político y económico entre los gobiernos de Javier Milei, Jorge Macri y Axel Kicillof.
Lejos de aceptar el traspaso de los subsidios que anunció el Gobierno a partir del 1° de setiembre, las administraciones porteña y bonaerense rechazan hacerse cargo de esa imposición sin una negociación conjunta previa, que permita llegar a un acuerdo económico que establezca las responsabilidades de cada jurisdicción.
Con el argumento de que se debe equipar el trato que tiene la región metropolitana con la asistencia limitada que reciben las provincias y municipios del interior; el secretario de Transporte, Franco Mogetta quiere que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires abonen el 100% de los subsidios destinados a cubrir el bache existente entre el boleto que pagan los usuarios y la “tarifa real” de cada viaje de las líneas que circulan dentro su territorio.
Subsidios a colectivos del AMBA
Actualmente, el gobierno porteño paga el 55% del total de esos subsidios mensuales y la Nación aporta el 45% restante. En julio, los subsidios a las líneas porteñas ascendieron a $15.158 millones. De ese total, la Ciudad desembolsó $7.400 millones, mientras que la administración nacional se hizo cargo de $6.100 millones.
En el caso de las líneas provinciales del AMBA, la totalidad de los subsidios que compensan la tarifa real son cubiertos por la administración bonaerense.
Según los datos de julio, Kicillof giró a las compañías de ómnibus un monto total de $63.700 millones. Por su parte, la Nación es la encargada de hacer frente al pago del 100% de las compensaciones tarifarias de las líneas que prestan servicios entre la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense, las cuales treparon el mes pasado a $62.000 millones.
La pretensión de Javier Milei
Milei también pretende que Macri y Kicillof afronten los subsidios correspondientes a los “boletos integrados” de las líneas que están bajo sus órbitas.
Se trata del beneficio concedido en forma automática a las personas usuarias que tienen sus tarjetas SUBE registradas y combinan con distintos medios del transporte. Tras pagar el valor completo del boleto en el primer viaje, pasan a abonar el segundo con un descuento del 50% y el tercero con una bonificación del 75%.
De acuerdo con los datos del sistema SUBE, el 78% de los 9 millones de boletos diarios en el AMBA corresponde sólo a un viaje de ida y otro de vuelta. El 22% restante se encuadra dentro del esquema del “boleto integrado” con casi 2,1 millones de viajes combinados por día.
Traducido a billetes, la provincia tendría que añadir un pago adicional de subsidios por los boletos integrados de $6.500 millones mensuales. Por el lado de la Ciudad, el monto extra sería de $1.500 millones mensuales y se agregaría a los $6.100 millones de las compensaciones tarifarias que quiere endosarle Mogetta.
Junto con los subsidios tarifarios a las líneas interjurisdiccionales, la Nación solo seguiría cubriendo las bonificaciones del régimen de Tarifa Social que tiene casi 5,3 millones de personas usuarias. Consiste en un descuento del 55% en el precio del boleto que abonan a quienes están jubiladas, pensionadas o reciben beneficios de planes sociales.
Toma y daca por los fondos coparticipables
Sin la firma de un acuerdo técnico y económico, la Nación no puede imponerles a la Ciudad y a la Provincia la obligación de pagar los subsidios. En caso de no seguir abonando los montos, Mogetta tendría que asumir el costo político de recortar las compensaciones tarifarias y aumentar los boletos.
Según los datos obtenidos por Letra P, las autoridades porteñas solo estarían dispuestas a asumir la totalidad de los subsidios si el ministro de Economía, Toto Caputo comienza a pagar los fondos coparticipables restituidos por la Corte Suprema en forma diaria.
El gobierno porteño reclama que el aumento del 1,4% al 2,95% de la coparticipación federal que recuperó la Ciudad por vía judicial se transfiera de manera automática y por el sistema de goteo diario que utiliza Banco Nación para la remisión de esos recursos a las provincias.
Desde principios de agosto, Caputo empezó a cumplir con el fallo de la Corte de diciembre de 2022, pero con transferencias semanales de $20.000 millones a las arcas porteñas. La administración porteña rechaza ese mecanismo porque considera que es “discrecional” y puede ser interrumpido en cualquier momento por razones políticas.
Ahora la disputa regresó al ámbito de la Corte Suprema que les dio diez días de plazo a las partes para que fundamenten sus posiciones antes de volver a fallar.
Además de la regularización de los pagos coparticipables, la Ciudad también plantea que la Nación le ceda la potestad plena sobre las líneas de colectivos porteñas para poder fijar las tarifas y autorizar nuevos recorridos y servicios.
En un eventual acuerdo para absorber el costo total de los subsidios a los colectivos, la administración macrista también buscaría incluir la transferencia y el control de dos áreas sensibles vinculadas con el transporte que viene pidiendo desde hace tiempo: el puerto capitalino y terminal de ómnibus de Retiro.
Nota Editada en LetraP
