Por Antonio Rossi
La emergencia ferroviaria dispuesta por el gobierno de Javier Milei a través de los decretos 525 y 526/24 introdujo tres cambios clave en el ámbito de los trenes de pasajeros y cargas, entre ellos el traspaso de ingresos de un fondo fiduciario que beneficiaba al gremio Camineros que conducen Pablo Moyano y Hugo Moyano.
Los otros dos cambios son una asignación presupuestaria de casi $1,3 billones para obras urgentes y la asignación de facultades amplias a empresas estatales del sector para renegociar contratos y reducir empleados y servicios.
A un mes de haberlo anunciado tras el choque de trenes de Palermo, la administración mileísta declaró al sistema ferroviario en estado de emergencia por un plazo inicial de 24 meses y habilitó la asignación de una partida presupuestaria específica por un total de $1,293 billones para la ejecución de las inversiones prioritarias destinadas a garantizar la seguridad operativa de los trenes de pasajeros y cargas.
De esa suma, en lo que resta de este año se podrían llegar a utilizar hasta $350.000 millones para la reanudación de las obras paralizadas y la adjudicación de las nuevas que formarán parte del nuevo Plan de Acción de Emergencia.
Toto Caputo obligado a girar fondos
Especialistas del sector consultaros por Letra P estimaron que el monto que se compromete a invertir la gestión libertaria hasta mediados de 2026 representa algo más de la mitad de las inversiones mínimas del orden de u$s2.200 millones, que se deberían llevar adelante para garantizar la corrida de los trenes cumpliendo con todas las condiciones de seguridad.
El ministro de Economía Toto Caputo venía aplicando la motosierra a fondo con podas importantes en las partidas desembolsadas tanto a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) como a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF).
El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet) reveló que la operadora estatal sufrió un recorte, en términos reales, del 43% entre enero y abril de este año en relación con igual período de 2023. En ADIF, la reducción real llegó al 92%.
Además, Caputo también movió fichas para redireccionar a otras áreas gubernamentales el crédito de u$s400 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había otorgado para la modernización de la línea San Martín.
Impacto en el gremio de Hugo Moyano
La declaración de la emergencia ferroviaria incluyó una segunda medida sorpresiva que promete generar ruido con el clan Moyano. Junto con la asignación de la partida extraordinaria, Milei decidió redireccionar a las cuentas del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) los recursos correspondientes al Sistema Integrado de Mejora y Profesionalización del Autotransporte de Cargas (Simpac), el fondo fiduciario creado en 2022 que beneficiaba a las personas afiliadas del gremio de Camioneros.
A través del decreto 194/22, la administración de Alberto Fernández había armado una herramienta estatal de financiamiento destinada a la capacitación profesional y la construcción de paradores para los camioneros en las principales rutas del país.
Para nutrir el Simpac, se le quitó al SIFER el 6,5% de los ingresos que tenía de la recaudación de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
Ahora, con la recuperación de ese porcentaje, el sistema ferroviario volverá a recibir el 17,5% de los gravámenes que recaen sobre las ventas de naftas, gasoil y GNC.
Más poder para las empresas estatales
La tercera arista de la emergencia está relacionada con los roles y las facultades amplias para tomar decisiones que tendrán las empresas estatales del sector: SOFSE, ADIF, Trenes Argentinos Capital Humano Ferroviario (Decahf), Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FACE) y Belgrano Cargas.
En primer lugar, deberán entregar en un plazo de 15 días planes de acciones con las medidas que consideren “indispensables y urgentes para resguardar la seguridad operativa junto con las solicitudes de readecuación presupuestaria que resulten pertinentes”.
En línea con esas propuestas tendrán que puntualizar “las adecuaciones de las condiciones laborales” que se deberán acordar con los sindicatos “para poder revertir la situación de emergencia”.
En segundo lugar, contarán con vía libre para disponer “la readecuación o rescisión de los contratos de obras y compras de cualquier tipo y la renegociación de las deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023, tanto de contrataciones vigentes como finalizadas”.
Menos servicios y frecuencias diarias
En el caso específico de la SOFSE, la operadora estatal de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de larga distancia, deberá establecer durante la emergencia un nuevo diagrama de servicios que podría contener el levantamiento de servicios regionales e interprovinciales que sean más deficitarios y una reducción en las frecuencias diarias en los trenes metropolitanos.
Por último, las cinco empresas del holding ferroviario estatal quedaron facultadas para “realizar las acciones conducentes para atraer inversiones y fomentar la participación de terceros, sean públicos o privados, tanto en la operación de los servicios, como en la gestión de la infraestructura”.
Nota Editada en LetraP
