La concesionaria carguera Nuevo Central Argentino (NCA) solicitó formalmente al Estado nacional una eximición del pago de aportes y contribuciones patronales de su personal por el plazo de tres meses.
La empresa fundamentó su pedido en la disminución de la carga transportada por el impacto de la sequía sobre la producción agropecuaria.
La medida paliativa fue aceptada por los sindicatos a fin de evitar que la empresa dé inicio a un procedimiento preventivo de crisis -algo que viene rumoreándose desde hace semanas- y siempre y cuando la compañía cumpla en tiempo y forma con el pago de los salarios.
No es la primera vez que una concesionaria agita esa posibilidad: en 2020, Ferrosur Roca había solicitado un procedimiento de ese tipo -que implica suspensiones y reducciones salariales- con el argumento de la pandemia.
“Si les va tan mal y tienen tantos problemas no se entiende para qué quieren seguir operando”, dijo a este medio un funcionario técnico del área ferroviaria que pidió reserva de nombre.
Llamativamente, el pedido de auxilio al Estado de NCA ocurre apenas meses luego de que el Ministerio de Transporte decidiera prorrogar por 18 meses el contrato de concesión de la empresa, que venció en diciembre pasado.
La prórroga dejó en el aire, y pendiente de un próximo gobierno, tanto la finalización del proceso de concesiones integrales heredado de la década del 90 como la implementación del acceso abierto a la red ferroviaria previsto en la Ley de Ferrocarriles Argentinos de 2015.
En contraste, aceptó sin mayor trámite la continuidad del esquema de concesiones integrales, una posibilidad que no está contemplada en la legislación actual, mediante el cual las concesionarias hacen usufructo del material tractivo y rodante estatal y retienen el control de la infraestructura y la circulación de trenes. Sin embargo, pese a que la administran, no realizan más que tareas mínimas: las inversiones de reparación y renovación corren por cuenta del Estado, aún en los ramales bajo gestión privada.
La prórroga no ha impedido que las concesionarias, además de pedir medidas de alivio económico como NCA, protesten ante el Estado para no hacerse cargo de cuestiones que consideran que exceden las obligaciones de sus contratos de concesión. Así, las tres cargueras privadas interpusieron recursos contra el protocolo para impedir la usurpación de terrenos ferroviarios, mientras que Ferrosur protestó contra las nuevas normas técnicas de mantenimiento y seguridad de vía.
Fuente: enelSubte
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