La hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná, uno de los cursos de agua más importantes de la economía regional, es protagonista de una dura batalla de futuro incierto.
La pelea estalló en enero pasado cuando Argentina comenzó a cobrar un peaje de US$1,47 en el tramo Santa Fe-Confluencia y fue escalando con el paso de los meses. A los barcos extranjeros, que van con su carga en camino hacia el Río de la Plata, se les cobra en dólares y a los argentinos, ese mismo monto pero en pesos.
En lo que hace al cobro de peaje no habría grietas aquí porque a grandes rasgos oficialismo y oposición están de acuerdo con imponerlo. También los empresarios. Pero la tensión escaló dias atrás porque Argentina mantenía retenido al remolcador paraguayo HB Grus desde el 28 de julio pasado y sólo después del pago de una multa de US$ 4.500 la justicia local lo liberó.
Poco después, la prensa brasileña informaba que los argentinos también habían retenido un convoy de embarcaciones pertenecientes a la empresa Hidrovias do Brasil, en un episodio confuso porque el gobierno argentino reconoce la tensión con Paraguay pero niega haber retenido a embarcación brasileña alguna. Finalmente se supo que serían los dueños de la embarcación paraguaya.
Sin embargo, tras un serie de consulta Clarín supo que es un asunto que preocupa a Brasil, que está en consulta permanente con los miembros del Mercosur y Bolivia para encontrar una solución en el marco de la institucionalidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
El ingreso de la Administración General de Puertos al control de la Hidrovía Paraná-Paraguay hacia 2021 y 2022 sorprendió a pocos por los sucesivos anuncios de que se iba a nacionalizar el manejo de la caja, aunque no la realización de las obras y el dragado de esta vital vía navegable, por donde se transporta el 80% de la producción exportable.
Polémica por el cobro de peaje
El cobro de peaje de las embarcaciones extranjeras y nacionales que exige la Argentina desde enero pasado para financiar esos trabajos, y que apoya el empresariado local, crispó fuertemente los ánimos de los países vecinos, que hasta piensan en llevar a un arbitraje la cuestión.
Pero especialmente es Paraguay el más enojado en medio de esta suerte de nueva batalla sobre el vital curso de agua regional. La prensa en Asunción dice que Argentina actúa como “un vulgar asaltante de caminos”.
En el Congreso del vecino país hubo declaraciones de repudio por el cobro de peaje por parte de Argentina, incluyendo a las fuerzas políticas que apoyan a Santiago Peña, quien asumirá la presidencia el martes 15 de agosto.
El presidente Alberto Fernández viajará a Asunción para la ceremonia, y sabe este diario que en su equipo trabajan para evitar que este conflicto sea un tema de esa visita.
Peña ya le había pedido por este tema al presidente Alberto Fernández cuando lo visitó tras ganar las elecciones este año. Y hace unos días, el embajador Domingo Peppo fue convocado por la Cancillería vecina. Con su colega Julio Arriola establecieron que van a seguir el conflicto en el marco de un comité mixto, pero la tensión sobre la Hidrovía creció.
Los paraguayos, que no tienen mar, son altamente dependientes de la Hidrovía y el número de sus barcazas aumentó a la par de la debacle de la marina mercante argentina.
Hoy, la mayoría de las barcazas que navegan por la Hidrovía tienen esa bandera, aunque no necesariamente sean paraguayas. Es una zona también altamente afectada por el narcotráfico y otros delitos.
Según dicen en el vecino país, el sobrecosto que supone el peaje pretendido por Argentina asciende a 55 millones de dólares y el 80% del comercio paraguayo usa esta infraestructura.
Por eso buscan internacionalizar el conflicto, porque -además- ni Brasil ni Uruguay simpatizan con el cobro de peajes. Y afirman que el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná otorga libertad de navegación e igualdad de tratamiento en todas las operaciones reguladas para los países signatarios.
Los paraguayos están exigiendo conocer cuáles son las obras que Argentina afirma están realizando y cuyo financiamiento sale de ese peaje.
¿Qué dicen en Argentina?
Por empezar, hay consenso local de que era hora de que Argentina cobrara peaje sobre el curso navegable y donde “le corresponde”.
Empresarios consultados afirman no estar escuchando quejas sobre esas obras, que básicamente son las que hace la empresa belga Jan de Nul, en lo que hace al dragado. La compañía ya lo hace desde hace años. Los problemas mayores se deben a la baja de los ríos por la menor cantidad de agua.
En el medio de la escalada con las autoridades paraguayas, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, autoridad sobre los puertos y vías navegables, dijo que “pese a las críticas de Paraguay”, el gobierno argentino iba a seguir “firme” con el cobro del nuevo peaje de la hidrovía desde Santa Fe al norte y avisó que “se seguirá inter-dictando a todas las embarcaciones que no lo abonen en tiempo y forma”.
También desestimó las críticas, explicando que “no es un arancel y no se está poniendo en juego la libre navegación de los ríos. Tampoco se está discriminando una bandera, ya que la diferencia de tarifa es entre el cabotaje nacional y el tráfico internacional. Mucho menos se están desconociendo acuerdos multilaterales de la cuenca”, aseguró.
Insistió en que esto era “sólo un cobro de un servicio, que es el de acondicionar la vía navegable”. Y sobre los cuestionamientos, sostuvo que surgían de estar “acostumbrados a no pagar durante 10 años”.
En el Gobierno niegan, además, que haya discriminación. Subrayan que el Acuerdo de Hidrovía plantea que los países signatarios otorgan recíprocamente a las embarcaciones de bandera de los demás países signatarios idéntico tratamiento al que conceden a las embarcaciones nacionales en materia de tributos, tarifas, tasas, gravámenes, derechos, trámites, practicaje, pilotaje, remolque y servicios portuarios.
Fuente: Clarín
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