La Secretaría de Energía realizó este martes la apertura de ofertas de proyectos de la convocatoria para Contratos de Abastecimiento de Confiabilidad de Generación Térmica (TerCONF), una compulsa para ampliar el parque térmico en el país. El gobierno esperaba propuestas por alrededor de 3.000 megawatt (MW), pero se superaron las expectativas porque se terminaron recibiendo 7.112 MW.
La primera sorpresa estuvo dada por los nombres que conformaron el Top 3 entre las empresas que más capacidad ofertaron. El ranking lo encabezó MSU Energy, la firma encabezada por Manuel Santos Uribelarrea (h), que a través de sus sociedades (la homónima y SCC Power), propuso instalar 1623 MW de potencial térmica. En total, presentó siete proyectos, aunque algunos son excluyentes entre sí, por lo que la potencia neta ofertada es menor. El mismo criterio aplica para Sullair Argentina y Juan F. Secco, que cerraron el podio. La primera presentó 17 proyectos por 1.393 MW y la segunda, 13 por 1.281 MW.
Las empresas —ambas de accionistas locales e históricamente vinculadas a negocios menores o de nicho— aprovecharon al máximo la convocatoria del Cammesa para intentar posicionarse como generadores de un mercado tradicionalmente dominado por grandes firmas como Pampa Energía, Central Puerto, AES y Enel. Sullair y Secco presentaron proyectos de potencia media o baja abastecidos con motores, que tienen más flexibilidad y modularidad. Aunque no se conocen públicamente los precios presentados por las compañías, fuentes privados consultadas por EconoJournal coincidieron en que, al cargarle a los proyectos una tasa interna de retorno (TIR) menos ambiciosas que la que eligieron los grandes generadoras, tienen grandes chances de adjudicarse una buena cantidad de proyectos.
La buena performance de MSU, Sullair y Secco terminó reduciendo las posibilidades de Central Puerto, Pampa Energía e YPF Luz, que a priori eran los grandes candidatos a imponerse en la licitación organizada por Cammesa. En el caso de la subsidiaria de YPF (cuyo socio minoritario es GE), llamó la atención la modesta participación en el concurso (sólo propuso la repotenciación de la Central Dock Sud por 75 MW), cuando se esperaba que fuese uno de los animadores de la competencia.
A su vez, Central Puerto, que a fines de 2022 adquirió la Central Costanera, por lo que se convirtió en el principal generador del AMBA, presentó seis proyectos por 1091 MW, pero la mayoría no está encuadrado dentro del renglón 1.1 de la compulsa, que es la que tiene prioridad en la adjudicación por tratarse de “nodos críticos”. Puerto —que es propiedad de Guillermo Reca, Eduardo Escasany y la familia Miguens-Bemberg, entre otros— optó por presentar buena parte de sus emprendimientos dentro del renglón 1.3 de la licitación, que permitía validar un precio incremental (un 20% más caro que el del renglón 1.1) para las empresas ganadoras, siempre y cuando quede un cupo remanente una vez asignados los proyectos de los dos renglones previos.
Incierto
Frente a ese contexto, Puerto quedó en una posición incómoda, al igual que Pampa Energía, el otro gran jugador del mercado, que a fin de conseguir una mejor remuneración encuadró la potenciación de Genelba dentro del renglón 1.2, que tampoco tiene prioridad. Las dos empresas eran número puesto para resultar adjudicatarias de la licitación a fin de reforzar la potencia térmica disponible en el AMBA. La mejora del sistema que abastece a Capital Federal y el Conurbano es un objetivo primario del concurso realizado por Cammesa. Se preveía adjudicar en ese nodo al menos 900 MW de capacidad de generación.
El problema es que la elevada competencia que generó la licitación podría dejar a los proyectos en una posición perdidosa frente a otros emprendimientos radicados en otros nodos no tan prioritarios. Habrá que ver qué hace el gobierno. En última instancia, si una vez que se abran los sobres con las ofertas económicas constata que no está en condiciones de adjudicar la cantidad de potencia buscada por el GBA, podría pedir una mejora de oferta a los jugadores que se presentaron en ese nodo. Así lo dejaron entrever dos de las fuentes consultadas por este medio.
Por el lado de MSU Energy, una confirmación fue la presentación de dos alternativas para trasladar los equipos instaladas en la central de Matheu, en el partido de Pilar, adjudicado en 2016 a la firma Araucaria Energy, que terminó disolviéndose y fue absorbida por la propia MSU a través de SCC Power Argentina. La relocalización de esas máquinas —cuya operación fue impugnada por vecinos de la zona y luego fue judicializada— es una buena noticia para el sistema.
Motores
Una de las novedades que rápidamente salta a la vista es el predominio tecnológico de los motores por sobre las turbinas. En concreto, más de la mitad (3451 MW) de la potencia total ofertada contempla la utilización de motores como soluciones de generación. El principal tecnólogo en este tipo de equipamiento es la finlandesa Wärtsilä.
La licitación se había lanzado el 27 de julio con algunas dudas en el sector respecto a si el gobierno iba a llegar a cumplir los plazos antes de las elecciones de octubre. Se implementó a través de la resolución 621 de la cartera energética para incorporar al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 3.000 MW de potencia de energía eléctrica de fuente térmica y otorgarle “más confiabilidad al sistema”. Además, hay hasta 70 MW para modernizar la oferta térmica en la provincia de Tierra del Fuego.
En las olas de calor del verano pasado quedaron en evidencia los problemas en las redes de distribución, pero también en la falta de capacidad de generación en los picos de consumo. Por tal motivo, el objetivo de la compulsa TerCONF es modernizar el parque generador y cubrir la demanda creciente de energía mediante la instalación de equipamiento nuevo o con menos de 15.000 horas de uso verificado.
Los contratos se firmarán con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa). En total, se presentaron 66 proyectos para 13 provincias de 20 empresas de generación. Representan aproximadamente compromisos de inversión por US$ 9.000 millones, aunque como muchos proyectos son excluyentes entre sí, la inversión real que surgirá de la adjudicación terminará siendo bastante inferior a esa cifra.
Fuente: EconoJournal
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