Luego de la devaluación del tipo de cambio oficial, la secretaria de Energía Flavia Royón anticipó públicamente una nueva suba de tarifas. Sin embargo, la decisión de congelar los precios de distintos bienes y servicios, incluido el transporte público, dejó en suspenso la medida. “Aún no hay definiciones”, repiten en Energía desde hace varios días. EconoJournal conversó con una fuente oficial que aseguró que la decisión de postergar el aumento se terminó tomando de hecho al no haber ajustado el precio estacional de la energía a comienzos de septiembre, que ahora quedará pendiente al menos hasta noviembre.
Los técnicos de la Secretaría de Energía habían elevado distintos escenarios al ministro de Economía, Sergio Massa. La recomendación era ajustar a los Nivel 1 que no cobran subsidio, así como también el bloque subsidiado Nivel 3 de clase media y al Nivel 2 de bajos recursos.
La propuesta era aplicar un ajuste de 22% sobre el costo estacional de la energía que en la actualidad se ubica en 22.578 pesos por megawatt por hora (MWh) en las horas pico y 22.565 pesos MWh en el valle (franja horaria de menor consumo). Eso suponía llevar el costo monómico a 27.500 pesos por MWh. “Para los N2 y N3 la suba en la factura en ningún caso iba a superar el 6%”, aseguraron a este medio. Sin embargo, el ajuste quedará para noviembre.
El desplante que Massa sufrió por parte de los gobernadores luego de haber anunciado un bono de apenas 60.000 pesos a cuenta de paritarias y en cuotas, el ministro probablemente intuyó que no era momento para avanzar ahora con un nuevo ajuste de tarifas.
La negociación con el FMI
El costo fiscal de no aumentar podría llegar a los 70.000 millones de pesos, cifra que al tipo de cambio oficial mayorista de 350 pesos supone unos 200 millones de dólares. La cifra es manejable por parte del gobierno, pero tendrá un costo en la relación con el FMI porque fue la propia Kristalina Georgieva, la que había exigido una suba de tarifas luego del giro del último desembolso.
“Para alcanzar el déficit fiscal primario acordado de 1,9% del PIB este año sigue siendo esencial apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura”, señaló Georgieva.
La meta de déficit parece imposible de alcanzar más allá de la suba o no de las tarifas y el gobierno sabe que si no entra al ballotage toda esa discusión dejará de tener importancia. Por lo tanto, ahora la prioridad está puesta en la elección y si Massa logra ser elegido presidente habrá que volver a negociar un acuerdo, ya de más largo plazo.
Fuente: EconoJournal
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