Las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de biodiesel urgieron al gobierno a cumplir con la Ley 27.640, que establece el corte obligatorio de biodiesel, con el objetivo de prevenir una potencial escasez de combustible en los surtidores para noviembre. Desde septiembre, todas las plantas de biodiesel en el país han detenido su producción.
Las cámaras CEPREB, CASFER y CAPBA, representando a estas empresas, hicieron un llamado "desesperado" al Gobierno Nacional debido a la situación "insostenible" que enfrenta "una industria afectada por el constante aumento de costos, como el aceite de soja, y la ausencia de un precio oficial" que les permita operar, responsabilidad que "recae en la Secretaría de Energía de la Nación".
Los puntos específicos de su reclamo son los siguientes:
a) El retraso en la actualización del precio del biodiesel, establecido en pesos.
b) Los extensos plazos de pago del biodiesel por parte de las empresas petroleras, ambos regulados por el Ministerio de Economía.
c) La necesidad de implementar un nuevo nivel de dólar soja.
d) El repentino aumento en los costos relacionados con las coberturas de tipo de cambio, dado que aproximadamente el 90% de los costos de producción están vinculados al dólar.
Se espera que las pocas empresas que aún están en funcionamiento también se vean obligadas a detener sus actividades debido a la grave situación expuesta en la carta.
La carta incluye una declaración que enfatiza: "Sin medidas urgentes, la operación no será viable económicamente, ya que los ingresos resultantes de la conversión del precio de venta a pesos no serán suficientes ni siquiera para cubrir los costos variables de producción. Esto pone en peligro la continuidad de nuestras empresas y más de 10.000 empleos directos e indirectos relacionados con la industria. También amenaza la salud pública debido al deterioro de la calidad del aire y aleja al país de sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero establecidos en el Acuerdo de París, un compromiso internacional que supera la jerarquía de las leyes al ser un acuerdo suscrito por el Congreso. Además, la falta de previsibilidad hace que sea imposible invertir en el desarrollo de tecnologías más eficientes y avanzadas para la producción de biodiesel. Esto conlleva la omisión de aspectos socioeconómicos, generando un impacto negativo en las economías regionales donde nuestras plantas están ubicadas."
Según trascendió a través de las cámaras, el próximo paso podría ser la notificación de despidos a los empleados de las plantas que ya han detenido su producción.
Fuente: El Cronista
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