Más de 10 empresas, entre nacionales e internacionales, se presentaron a la convocatoria pública para desarrollar la represa hidroeléctrica El Baqueano. Es una de las obras que La Pampa intenta frenar: nuestra provincia solicitó una medida cautelar para que no se avance con la obra sin antes hacer un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca.
Fue en septiembre pasado cuando se abrió esta modalidad consultiva previa a la licitación. El proceso de inscripciones y consultas para recibir la documentación se abrió durante 30 días corridos.
Como resultado, más de una decena de empresas “de gran trayectoria en obras”, según informó el Gobierno al diario Los Andes, accedieron a la documentación suministrada de la hidroeléctrica y quedaron registrados en la lista de interesados para la licitación.
Para tener toda la información, que incluye 3.500 páginas de cálculos y planificaciones llevadas a cabo durante más de cinco años por funcionarios de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y consultoras e instituciones educativas, debieron cumplimentar una serie de requisitos y todo el proceso se hizo vía digital.
Uno de ellos era haber ejecutado en los últimos 25 años una obra de infraestructura por un monto superior a los 100 millones de dólares, y con carácter de contratista principal en la obra. Es decir, los interesados tienen amplia trayectoria en hidroeléctricas, presas, caminos, túneles, líneas de alta tensión, defensas aluvionales, etc.
La convocatoria se informó por varias vías, garantizando la transparencia y la participación igualitaria. Primero, se publicó en el Decreto 1855 del Boletín Oficial de Mendoza. Luego se dio aviso en medios impresos nacionales y provinciales y se realizó un apartado especial en el sitio de internet de El Baqueano, donde todos pudieron acceder a un instructivo claro con cada paso a seguir para quedar en carrera.
El Baqueano se pretende construir sobre el río Diamante, que integra la cuenca del Río Desagüadero-Salado-Chadilevú-Curacó.
El Gobierno pampeano reclamó la realización de un estudio de impacto ambiental regional sobre toda la cuenca, de la que todas las provincias formen parte, con carácter vinculante en su aprobación, conforme la legislación vigente en la materia, la Constitución Nacional y tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte.
Asimismo, el Gobierno de Sergio Ziliotto insistió en la creación de un comité de cuenca, cuyo reclamo judicial ya fue iniciado por esta provincia ante la Corte, que se encuentra aún pendiente de resolución.
Fuente: Diario Textual
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