Ni bien finalizaron los anuncios presidenciales, el sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio se declaró en Estado de Asamblea. En ese contexto, anunciaron que analizan presentar ante la Justicia el reclamo de inconstitucionalidad completa del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
Su titular Carlos Acuña, informó a surtidores.com.ar que comenzaron las reuniones de la Central Obrera para definir la convocatoria a una masiva movilización en rechazo de la medida que dispone una profunda reforma laboral y una amplia desregulación de la economía, y que además impone la condición de trabajo esencial para las Estaciones de Servicio, impidiéndoles realizar huelgas y paros generales.
Por su parte, el secretario Gremial del SOESGyPE Carlos Acuña (h), exclamó que “ni siquiera la dictadura militar se animó a cercenar el derecho a huelga de los trabajadores”.
Afirmó que “como el decreto es en toda su integridad, total y absolutamente inconstitucional”, si la Corte Suprema de Justicia no frena esta “locura inaudita”, provocada por el gobierno libertario, “van a tener el paro más largo de la historia argentina”, intimidó.
El dirigente tildó al presidente y a sus ministros como “unos impresentables que no nos van a sacar así nomás lo que nos costó, años de lucha, cárcel, represión, secuestros y muerte de tantos y tantas compañeros y compañeras”. Con el mismo tono consideró que “ayer fue una clara muestra de que le mintió a toda la sociedad en campaña”.
Acuña recalcó que los trabajadores de las expendedoras de combustibles están dispuestos a defender donde sea necesario cualquier tipo de abuso y pérdida absoluta de poder adquisitivo. En ese aspecto adelantó que “iremos al paro y nos movilizaremos cuando así lo definan las bases y la dirigencia de la CGT”.
A su tiempo el apoderado legal del SOESGyPE, Enrique Rodríguez, detalló que están trabajando para tener listo a la brevedad el recurso de amparo y la demanda ante los jueces, para que se haga prevalecer la Constitución Nacional, la vigencia del Artículo 14 Bis y la integridad de la Ley de Contratos de Trabajo.
El abogado finalizó aclarando que hay que “defender los preceptos republicanos y la división de poderes, más allá de los derechos laborales, sociales y de la seguridad social atacados por el decreto”. Aseveró que la magnitud del DNU firmado por el presidente “lo torna absolutamente inconstitucional, porque las emergencias planteadas se justifican en un diagnóstico intencionalmente falaz para arrasar con los derechos sociales de todos los argentinos“.
Fuente: Surtidores
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