Tras el anuncio del aumento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cámaras empresariales mantendrán una semana de encuentros tanto con la Secretaría de Transporte como con la provincia de Buenos Aires para analizar si el Gobierno convalidará el costo real del boleto a $1500 y cómo la gestión bonaerense financiará la actualización de subsidios.
El miércoles pasado el Gobierno realizó el llamado a audiencia pública para aumentar las tarifas de transporte en el AMBA: a través de la resolución 01-2024 publicó los valores máximos para el cuadro tarifario vigente a partir del 1 de febrero.
Según la propuesta oficial, el boleto mínimo de colectivo tendrá un valor de $270 y, en los casos de las personas que accedan a la Tarifa Social (Jubilados, Pensionados, AUH, etc.), el valor será de $121,50. Por el contrario, quien no registre su tarjeta SUBE antes del próximo 1° de abril, abonará un boleto mínimo de $430.
A su vez, en el caso del sistema ferroviario se unificó el valor en todas las líneas, fijando un cuadro tarifario que, si se abona con tarjeta SUBE, será de $130 para la primera sección y de $58,50 para los que accedan a la tarifa social. Quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE, deberán abonar el doble de la tarifa determinada en cada sección, según corresponda. Los valores se ajustaran de forma bimestral según el IPC compartido por el INDEC.
Reunión clave
Sin embargo, las cámaras empresariales (AAETA-CEAP-CTPBA y CEUTUPBA) fueron citadas para mañana a las 16 por el Gobierno. “Podrán concurrir solo dos personas por cámara”, aclara el mensaje recibido por Whatsapp. Desde el sector explican que se deberá presentar el primer análisis de costos que realiza el Gobierno Nacional al definir un boleto mínimo de $270. “Queremos confirmar si les da los $800 que solicitábamos nosotros en diciembre -hoy se reconoce $500 entre tarifa y subsidio- y, de ser así, oficializarlo en el Boletín Oficial y pagarlo retroactivo al 1 de enero”, detallan. El cálculo que determina el nivel de subsidio no se toca desde septiembre.
Pero ese valor ya queda desactualizado tras la proyección que las cámaras realizan para marzo. La pretensión salarial de la Unión de Tranviarios Automotor -suba de 22% retroactivo diciembre, 27% en enero y 33% en febrero- lleva el costo real del boleto a $1500, según las cámaras. “Deberán evaluar cuánto se cubrirá con la tarifa y cuánto se necesitará de subsidio”, expresan.
La UTA se decretó en “estado de alerta” por la falta de acompañamiento a su propuesta paritaria. El Gobierno no pretende involucrarse en la negociación, considera que es un acuerdo entre el gremio y las cámaras empresariales que luego pasará por la aprobación de la gestión. El 16 de enero la Secretaría de Transporte, la UTA y el sector privado mantuvieron una audiencia virtual y concluyeron en que, de no cerrar la negociación “se puede generar la paralización de los servicios”. El gremio ya participará del paro de este miércoles, a partir de las 19. Según el acta firmada, el problema es que Nación estaría dispuesta a analizar la actualización salarial pretendida por la UTA, pero no así la PBA ni CABA, “aun cuando ésta última habría informalmente manifestado su voluntad de aportar los fondos que resulten de su competencia”. “Insistimos en la convocatoria a las autoridades de transporte a estas audiencias, o que al menos exista un acuerdo público, fehaciente y concordante entre ellas, acorde a las necesidades del sector”, reiteran las partes en el documento. La próxima audiencia será el martes a las 14.
Previamente, las cámaras empresariales se encontrarán con la Provincia de Buenos Aires. “Estimados Autoridades de Cámaras de Transporte Automotor de Pasajeros, por indicación del Ministro de Transporte Jorge D'onofrio los convocamos a la reunión que se llevará a cabo el día 23/1 a las 10:30 en el 4to piso de esta Sede”, reza la convocatoria recibida. La preocupación gira en torno a esto mismo: a la falta de definiciones por parte de Nación por la insuficiencia de fondos para compensar la suba de subsidios tras el aumento el boleto y el aumento de salarios.
Pero desde la gestión bonaerense reconocen que no tienen los recursos necesarios para afrontar dichos incrementos. “El gobierno nacional unilateralmente cortó el flujo de recursos, como el Fondo Conurbano o el Fondo Educativo. Eliminó el 24% de los recursos de financiamiento de la Provincia”, denuncian en Buenos Aires. Sí queda lo autorizado por la Ley de Coparticipación, pero el dinero eliminado compensaba aquello que PBA demanda en su histórica lucha por mayor otorgamiento de fondos en este concepto. “Hay una tensión muy fuerte con el Gobierno Nacional. Están intentando estrangular financieramente a la Provincia”, alertan en diálogo con este medio. “Si no hay ofrecimiento, quizás UTA decrete un paro”, comunican, aunque aclaran que podría frenarse, conciliación obligatoria mediante.
Fuente: Ámbito
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